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Justicia advierte que uso de fondos de la ANSeS es ilegal
Un camarista de la Seguridad Social alertó que Cristina podría afrontar una denuncia penal por aplicar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a otros fines ajenos a jubilados
1 de febrero de 2011
El camarista Luis Herrero, de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, advirtió que la presidenta Cristina Fernández podría enfrentar una denuncia penal por aplicar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS a destinos extraños a la mejora del haber jubilatorio.
Y exigió a la Corte Suprema de Justicia que dicte una acción de clase que generalice a todos los pasivos la movilidad jubilatoria.
–
¿Los fallos de la seguridad social que se están acumulando no podrían quebrar a la ANSeS?
–
El jubilado realizó aportes para percibir un haber que le permita vivir con dignidad y de modo que su nivel de vida no se deteriore una vez que ingresa en la pasividad.
Cuando se quiere se puede. Lo que pasa es que los fondos de la seguridad social se aplican a destinos ajenos al previsional y esto va en contra del Decreto 897 sancionado en 2007 por Néstor Kirchner, que dispone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sólo puede aplicarse a la mejora de los haberes previsionales. Este decreto está vigente.
–
¿Ese incumplimiento podría tener trascendencia penal para la presidenta Cristina Fernández?
–
Sin duda debería analizarlo la justicia penal. No entiendo que ni un sólo fiscal ni el Defensor del Pueblo presenten una denuncia. No puede ser que el Fondo de Garantía de la ANSeS dé créditos para las automotrices, para la adquisición de computadoras y otros destinos ilegales.
También es injusto pagar con fondos de ANSeS prestaciones asistenciales o moratorias a personas que no han aportado. Estas deben ser pagadas por el Tesoro nacional.
–
¿Cómo se soluciona esto?, preguntó El Cronista Comercial.
–La solución es una decisión política no sólo del Poder Ejecutivo sino del Congreso. El veto presidencial al aumento del 82% ha sido un retroceso, y no le quedan a los jubilados más remedio que plantear cientos de miles de juicios, para que se les aplique el criterio que la Corte ya fijó en 2007. Acá está faltando una ley o por lo menos directivas concretas del Poder Ejecutivo a la ANSeS para que cumpla las sentencias de la Corte. O eventualmente lo que estoy reclamando, que es una una sentencia de clase de la Corte, que se refiere a un caso particular pero se aplique con efectos erga omnes a todos los que están en la misma circunstancias.
–
¿Cómo es la situación del fuero de la seguridad social?
–
Hoy 90% de los juicios están vinculados a reajustes y no a los derechos fundamentales de la seguridad social, una cuestión matemática que bien podría resolver la ANSeS. Hay 1.000 demandas por mes en casa uno de los juzgados de primera instancia de la seguridad social, 10.000 por mes se promueven entre los juzgados en general y por cada sala de la Cámara también alrededor de 1000 apelaciones. En total, hay en trámite 450.000 juicios en todo el país.
Y exigió a la Corte Suprema de Justicia que dicte una acción de clase que generalice a todos los pasivos la movilidad jubilatoria.
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¿Los fallos de la seguridad social que se están acumulando no podrían quebrar a la ANSeS?
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El jubilado realizó aportes para percibir un haber que le permita vivir con dignidad y de modo que su nivel de vida no se deteriore una vez que ingresa en la pasividad.
Cuando se quiere se puede. Lo que pasa es que los fondos de la seguridad social se aplican a destinos ajenos al previsional y esto va en contra del Decreto 897 sancionado en 2007 por Néstor Kirchner, que dispone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sólo puede aplicarse a la mejora de los haberes previsionales. Este decreto está vigente.
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¿Ese incumplimiento podría tener trascendencia penal para la presidenta Cristina Fernández?
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Sin duda debería analizarlo la justicia penal. No entiendo que ni un sólo fiscal ni el Defensor del Pueblo presenten una denuncia. No puede ser que el Fondo de Garantía de la ANSeS dé créditos para las automotrices, para la adquisición de computadoras y otros destinos ilegales.
También es injusto pagar con fondos de ANSeS prestaciones asistenciales o moratorias a personas que no han aportado. Estas deben ser pagadas por el Tesoro nacional.
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¿Cómo se soluciona esto?, preguntó El Cronista Comercial.
–La solución es una decisión política no sólo del Poder Ejecutivo sino del Congreso. El veto presidencial al aumento del 82% ha sido un retroceso, y no le quedan a los jubilados más remedio que plantear cientos de miles de juicios, para que se les aplique el criterio que la Corte ya fijó en 2007. Acá está faltando una ley o por lo menos directivas concretas del Poder Ejecutivo a la ANSeS para que cumpla las sentencias de la Corte. O eventualmente lo que estoy reclamando, que es una una sentencia de clase de la Corte, que se refiere a un caso particular pero se aplique con efectos erga omnes a todos los que están en la misma circunstancias.
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¿Cómo es la situación del fuero de la seguridad social?
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Hoy 90% de los juicios están vinculados a reajustes y no a los derechos fundamentales de la seguridad social, una cuestión matemática que bien podría resolver la ANSeS. Hay 1.000 demandas por mes en casa uno de los juzgados de primera instancia de la seguridad social, 10.000 por mes se promueven entre los juzgados en general y por cada sala de la Cámara también alrededor de 1000 apelaciones. En total, hay en trámite 450.000 juicios en todo el país.