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En Punta del Este ya aplican la ley de “expulsión preventiva”
La polémica norma permite echar del balneario a personas por tener “actitud sospechosa”, por circular por la vía pública sin DNI, certificado de trabajo o residencia
28 de diciembre de 2010
Las autoridades uruguayas volvieron a aplicar dentro de su plan de seguridad la “expulsión preventiva”. Se trata de una ley 10.071, que data del año 1941 pero que tuvo aplicación efectiva por primera vez el año pasado y que es popularmente conocida como “ley de vagancia”, ya que permite expulsar del exclusivo balneario –o en caso también de algún otro– de Punta del Este a gente que tenga actitud sospechosa y que circule por la vía pública sin documentación, certificado de trabajo o residencia.
“Se aplica asimismo a gente que ande vagando, pidiendo o molestando a otras personas con el fin de evitar posteriores situaciones desagradables”, explicó a Clarín la jueza penal del departamento de Maldonado Adriana Graziuso.
En estas semanas previas al inicio de la temporada de verano, la magistrada determinó algunas expulsiones, entre ellas la de dos adultos con sus hijos menores de edad que según fuentes judiciales reconocieron que venían a robar a la Gorlero (principal avenida de la península). Al igual que en 2009, la jueza recibió críticas que decían que la medida era discriminatoria.
“Para mí no es una ley discriminatoria”, se defendió Graziuso. “Discriminatorio es dejar a la gente robar y después reprimir”, aseguró, para enseguida añadir que “prevenir el delito es un derecho humano, sino las víctimas nunca tienen derechos humanos”.
Al ser consultada por este cronista sobre el derecho a la libre circulación por lugares públicos, la jueza dijo que “por supuesto el derecho a circular es de todos, como el de la prevención para que no se comentan delitos también” y mencionó la existencia de la ley de ocupación de espacios públicos y privados, “por lo que la gente no puede estar viviendo en plazas, en playas o en algún terreno privado”.
Según Graziuso, “la mayoría de las personas que en virtud de esta ley son detenidas, tienen antecedente penales y terminan confesando que su llegada a Punta del Este es con la intención de delinquir”.
Si bien hubo sectores que alentaron a la magistrada a seguir con estas medidas, otros la han criticado duramente por promover el “delito de portación de cara”. “Son leyes, y las leyes existen para que los jueces las hagamos cumplir, y cuando pasa esto no entiendo porque hay gente que se pone en contra”, dijo Graziuso a este diario. “Si las leyes son buenas o malas es otro problema; para mí esta es buena, porque entiendo que siempre mejor es prevenir”, concluyó.
“Se aplica asimismo a gente que ande vagando, pidiendo o molestando a otras personas con el fin de evitar posteriores situaciones desagradables”, explicó a Clarín la jueza penal del departamento de Maldonado Adriana Graziuso.
En estas semanas previas al inicio de la temporada de verano, la magistrada determinó algunas expulsiones, entre ellas la de dos adultos con sus hijos menores de edad que según fuentes judiciales reconocieron que venían a robar a la Gorlero (principal avenida de la península). Al igual que en 2009, la jueza recibió críticas que decían que la medida era discriminatoria.
“Para mí no es una ley discriminatoria”, se defendió Graziuso. “Discriminatorio es dejar a la gente robar y después reprimir”, aseguró, para enseguida añadir que “prevenir el delito es un derecho humano, sino las víctimas nunca tienen derechos humanos”.
Al ser consultada por este cronista sobre el derecho a la libre circulación por lugares públicos, la jueza dijo que “por supuesto el derecho a circular es de todos, como el de la prevención para que no se comentan delitos también” y mencionó la existencia de la ley de ocupación de espacios públicos y privados, “por lo que la gente no puede estar viviendo en plazas, en playas o en algún terreno privado”.
Según Graziuso, “la mayoría de las personas que en virtud de esta ley son detenidas, tienen antecedente penales y terminan confesando que su llegada a Punta del Este es con la intención de delinquir”.
Si bien hubo sectores que alentaron a la magistrada a seguir con estas medidas, otros la han criticado duramente por promover el “delito de portación de cara”. “Son leyes, y las leyes existen para que los jueces las hagamos cumplir, y cuando pasa esto no entiendo porque hay gente que se pone en contra”, dijo Graziuso a este diario. “Si las leyes son buenas o malas es otro problema; para mí esta es buena, porque entiendo que siempre mejor es prevenir”, concluyó.