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Escuchas: la Cámara dejó en libertad a Palacios y James
Ambos ya están en libertad. Es en el marco de la causa por una red de espionaje que operaba en la Ciudad de Buenos Aires. La causa complicó al gobierno de Macri
23 de diciembre de 2010
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal le ordenó al juez Norberto Oyarbide que disponga la inmediata liberación de Jorge Palacios y Ciro James, quien se encuentra con prisión preventiva al estar procesado como jefe de una asociación ilícita en la causa de escuchas ilegales.
Según los camaristas, el juez de grado no ha podido fundamentar “la existencia de un riesgo procesal que justifique la prolongación de la medida excepcional de restricción de la libertad de Palacios”.
Los jueces recordaron que “en este mismo proceso el Tribunal se vio obligado a anular un fallo del juez a quo, relativo justamente al encierro de Palacios, por serios defectos en su fundamentación. Ya en esa ocasión se le dijo que no era un hecho menor que el imputado se encontrase detenido desde el 17 de noviembre del 2009”.
Con respecto a la nueva resolución de Oyarbide, los camaristas señalaron que “vuelve a incurrir en todos los defectos que este Tribunal buscó prevenir”.
Los magistrados destacaron antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que “no es misión del juez instructor sancionar o imponer una pena; su tarea se vincula exclusivamente con el descubrimiento de la verdad y es allí donde debe concentrar todos sus esfuerzos”.
Por todo lo expuesto, los jueces concluyeron que “el juez deberá considerar la aplicación de las herramientas alternativas a su alcance para asegurar los fines del proceso, como puede ser cauciones, restricciones, prohibición de salida del país, etc.”.
Según los camaristas, el juez de grado no ha podido fundamentar “la existencia de un riesgo procesal que justifique la prolongación de la medida excepcional de restricción de la libertad de Palacios”.
Los jueces recordaron que “en este mismo proceso el Tribunal se vio obligado a anular un fallo del juez a quo, relativo justamente al encierro de Palacios, por serios defectos en su fundamentación. Ya en esa ocasión se le dijo que no era un hecho menor que el imputado se encontrase detenido desde el 17 de noviembre del 2009”.
Con respecto a la nueva resolución de Oyarbide, los camaristas señalaron que “vuelve a incurrir en todos los defectos que este Tribunal buscó prevenir”.
Los magistrados destacaron antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que “no es misión del juez instructor sancionar o imponer una pena; su tarea se vincula exclusivamente con el descubrimiento de la verdad y es allí donde debe concentrar todos sus esfuerzos”.
Por todo lo expuesto, los jueces concluyeron que “el juez deberá considerar la aplicación de las herramientas alternativas a su alcance para asegurar los fines del proceso, como puede ser cauciones, restricciones, prohibición de salida del país, etc.”.