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Justicia comparó intervención de Papel Prensa con el nazismo
En duros fallos, la Justicia comparó a los argumentos K con los controles del Reich alemán y levantó la intervención de la empresa de Clarín y La Nación. Dura derrota de Moreno
18 de diciembre de 2010
La Justicia confirmó, a través de una sentencia definitiva que incluyó duros términos, que debe cesar la intervención judicial en Papel Prensa.
Fue a través de fallos de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que rechazó los “recursos extraordinarios impuestos por el Estado Nacional y la fiscal general (Alejandra Gils Carbó) ante esta Cámara”.
Los mismos son de aplicación inmediata y no podrán ser recurridos. La Cámara señaló que algunos de los argumentos presentados por el Gobierno (a través de la fiscal del Estado) vendrían a “emular la estructura de controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi”. Hay muchos cuestionamientos al accionar de Gils Carbó.
La intervención judicial de Papel Prensa, que designó un coadministrador, arrancó el 8 de marzo, después de una medida cautelar del juez Eduardo Malde.
Papel Prensa –una empresa de grupo Clarín y diario La Nación, en la que el Estado es accionista minoritario– protestó esa decisión.
Hubo medidas cautelares que le dieron la razón a los accionistas privados (como una medida del 1° de septiembre) pero el Gobierno (a través de la Comisión Nacional de Valores y la fiscal del Estado) fue apelándolas y logrando ganar tiempo. Papel Prensa abastece de papel a más de 170 diarios.
La sentencia de la Cámara obliga a la levantar la intervención judicial, una de las principales medidas impulsadas por Guillermo Moreno para obtener el control de la compañía.
Para el tribunal, un conflicto dentro de una empresa en la que el Estado es accionista (minoritario), no puede ser tratado por el Estado como un caso donde se están jugado el interés general de la sociedad. En su argumentación, la Justicia demuele las propuestas del Estado (actuando en nombre del Gobierno) para pedir la intervención de la empresa.
La Cámara se pronunció sobre la situación de la Comisión Nacional de Valores, que fue la que solicitó la intervención judicial.
Allí Moreno destituyó a Eduardo Hecker para nombrar a Alejandro Vanoli y que este a su vez fuera funcional a los dictados del secretario de Comercio Interior.
El tribunal sostuvo que “la decisión ahora recurrida en nada afecta la actividad del Estado en lo que hace a la regulación del mercado vinculado con la producción y comercialización de papel para prensa escrita”.
“La postura de la fiscal general implicaría en el caso atribuir promiscuamente al accionista minoritario Estado Nacional una suerte de facultades supraestatutarias y supralegales, en contradicción con el principio mayoritario que prevalece en la organización societaria”.
“Tal concepción –continúa–, vendría a emular la estructura de controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi, bajo la idea del principio de caudillaje”, señala la Cámara.
“Es claro que un enfoque de esta índole afectaría la libertad de asociación, el principio de igualdad y el derecho de propiedad que la Constitución garantiza y que el ministerio público debe resguardar”, sentenció la Cámara.
Hay más críticas a las presentaciones de la fiscal Gils Carbó. “Sus escritos introducen aspectos ajenos a las cuestiones debatidas y, por momentos, pasajes en los que se deslizan apreciaciones propias de un discurso para la tribuna política, pero no de una presentación judicial”, establecen las resoluciones del tribunal.
Lo dispuesto por la Cámara es inapelable. La Corte Suprema de Justicia sentó doctrina al señalar que “las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a éstas a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48”.
Los fallos de la Cámara también aprueban lo actuado por la empresa entre el 4 de noviembre de 2009 (tras una reunión de directorio que fue objetada por el Estado por cuestiones formales) y el 8 de marzo de este año. También fue revocado el apartamiento del doctor Enrique Pigretti, que se desempeñaba como asesor legal.
Así, Guillermo Moreno podría haber perdido su última batalla para mantener en pie la intervención judicial en Papel Prensa.
Si bien los accionistas privados festejaron las dos resoluciones como el fin de las sospechas que habían sembrado la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Secretaría de Comercio a cargo de Moreno, que dieron lugar a la intervención, el Gobierno retrucó y anunció que “el Estado presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema”.
“La razón de la intervención ya fue desestimada por la Justicia; la única opción para que esto continúe es que la CNV vuelva a empezar toda la historia con otra resolución”, argumentó una fuente ligada a ambas sociedades.
Este revés para el Gobierno ocurre una semana después de que, a través del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el Estado promoviera una denuncia formulada por Moreno contra los cuatro gerentes representantes del capital privado de Papel Prensa por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
Fue a través de fallos de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que rechazó los “recursos extraordinarios impuestos por el Estado Nacional y la fiscal general (Alejandra Gils Carbó) ante esta Cámara”.
Los mismos son de aplicación inmediata y no podrán ser recurridos. La Cámara señaló que algunos de los argumentos presentados por el Gobierno (a través de la fiscal del Estado) vendrían a “emular la estructura de controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi”. Hay muchos cuestionamientos al accionar de Gils Carbó.
La intervención judicial de Papel Prensa, que designó un coadministrador, arrancó el 8 de marzo, después de una medida cautelar del juez Eduardo Malde.
Papel Prensa –una empresa de grupo Clarín y diario La Nación, en la que el Estado es accionista minoritario– protestó esa decisión.
Hubo medidas cautelares que le dieron la razón a los accionistas privados (como una medida del 1° de septiembre) pero el Gobierno (a través de la Comisión Nacional de Valores y la fiscal del Estado) fue apelándolas y logrando ganar tiempo. Papel Prensa abastece de papel a más de 170 diarios.
La sentencia de la Cámara obliga a la levantar la intervención judicial, una de las principales medidas impulsadas por Guillermo Moreno para obtener el control de la compañía.
Para el tribunal, un conflicto dentro de una empresa en la que el Estado es accionista (minoritario), no puede ser tratado por el Estado como un caso donde se están jugado el interés general de la sociedad. En su argumentación, la Justicia demuele las propuestas del Estado (actuando en nombre del Gobierno) para pedir la intervención de la empresa.
La Cámara se pronunció sobre la situación de la Comisión Nacional de Valores, que fue la que solicitó la intervención judicial.
Allí Moreno destituyó a Eduardo Hecker para nombrar a Alejandro Vanoli y que este a su vez fuera funcional a los dictados del secretario de Comercio Interior.
El tribunal sostuvo que “la decisión ahora recurrida en nada afecta la actividad del Estado en lo que hace a la regulación del mercado vinculado con la producción y comercialización de papel para prensa escrita”.
“La postura de la fiscal general implicaría en el caso atribuir promiscuamente al accionista minoritario Estado Nacional una suerte de facultades supraestatutarias y supralegales, en contradicción con el principio mayoritario que prevalece en la organización societaria”.
“Tal concepción –continúa–, vendría a emular la estructura de controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi, bajo la idea del principio de caudillaje”, señala la Cámara.
“Es claro que un enfoque de esta índole afectaría la libertad de asociación, el principio de igualdad y el derecho de propiedad que la Constitución garantiza y que el ministerio público debe resguardar”, sentenció la Cámara.
Hay más críticas a las presentaciones de la fiscal Gils Carbó. “Sus escritos introducen aspectos ajenos a las cuestiones debatidas y, por momentos, pasajes en los que se deslizan apreciaciones propias de un discurso para la tribuna política, pero no de una presentación judicial”, establecen las resoluciones del tribunal.
Lo dispuesto por la Cámara es inapelable. La Corte Suprema de Justicia sentó doctrina al señalar que “las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a éstas a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48”.
Los fallos de la Cámara también aprueban lo actuado por la empresa entre el 4 de noviembre de 2009 (tras una reunión de directorio que fue objetada por el Estado por cuestiones formales) y el 8 de marzo de este año. También fue revocado el apartamiento del doctor Enrique Pigretti, que se desempeñaba como asesor legal.
Así, Guillermo Moreno podría haber perdido su última batalla para mantener en pie la intervención judicial en Papel Prensa.
Si bien los accionistas privados festejaron las dos resoluciones como el fin de las sospechas que habían sembrado la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Secretaría de Comercio a cargo de Moreno, que dieron lugar a la intervención, el Gobierno retrucó y anunció que “el Estado presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema”.
“La razón de la intervención ya fue desestimada por la Justicia; la única opción para que esto continúe es que la CNV vuelva a empezar toda la historia con otra resolución”, argumentó una fuente ligada a ambas sociedades.
Este revés para el Gobierno ocurre una semana después de que, a través del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el Estado promoviera una denuncia formulada por Moreno contra los cuatro gerentes representantes del capital privado de Papel Prensa por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.