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La SIP calificó de "peligroso" al proyecto de CFK para el papel
La Sociedad Interamericana de Prensa consideró "inconstitucional" declarar de "interés público" al papel para periódicos. Preocupación en el mundo empresario
25 de agosto de 2010
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de "peligroso" que se declare de interés público la producción, distribución y comercialización de papel para periódicos, proyecto que la presidenta Cristina Fernández anunció ayer que enviará para que se discuta en el Congreso.
Mediante un comunicado titulado "SIP consternada por regulación de papel periódico en Argentina", la organización señaló que la medida es "inconstitucional” por la que se pretende “el control de los medios”.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo que “más allá de la polémica nacional, lo que nos sorprende es que el gobierno haya llegado a estas instancias haciendo expresa su intención de controlar a los medios de comunicación, a través de la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico, un insumo básico de la industria periodística que en Argentina no es escaso ni presenta un problema de abastecimiento, y que no tiene porqué tener regulaciones especiales”.
Y destacó: “Es absurdo que el gobierno vaya en contra de la propia Constitución, en cuyo artículo 32 se establece expresamente que 'el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal', lo que implica que no puede haber leyes especiales que regulen a la prensa".
Por estas razos, según Aguirre, “es peligroso que se maneje el concepto de 'interés público' porque ello puede inducir a que pueda haber leyes para expropiar y/o regularizar la actividad”.
El titular de la SIP, y subdirector del Diario Las Américas, añadió que la Justicia “es el camino apropiado para dirimir este tipo de conflictos, aunque lamentamos que se haya dado a este tema un estado de escándalo público nacional".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, subrayó que en marzo pasado la organización, a través de una resolución, ya había denunciado “ la escalada gubernamental contra la empresa Papel Prensa” y pidió a las máximas instancias del gobierno “velar por el mantenimiento de la política de libre comercialización del papel que desde hace largos años rige en la Argentina, teniendo en cuenta que dicho insumo, vital en el proceso de producción de periódicos, nunca puede ser considerado como un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo”.
Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de San Antonio, Texas, recordó que en materia de libertad de prensa en la Argentina, la SIP viene poniendo énfasis en problemas graves como las trabas en el acceso a la información oficial, la discriminación contra medios y periodistas, el uso de la publicidad oficial para castigar y premiar a los medios; la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder y el abuso y utilización sesgada de los medios públicos para promocionar el discurso oficial; hechos todos recogidos en resoluciones últimas que han sido giradas al gobierno argentino.
La mandataria anunció ayer, en cadena nacional, que el Gobierno realizará en los próximos días una "presentación en los estrados judiciales que correspondan" para denunciar delitos de lesa humanidad contra directivos de Clarín y La Nación en la compra de acciones de Papel Prensa, pero también anticipó que el Ejecutivo enviará el caso al Congreso ya que declarará la producción y comercialización de papel como "interés público".
Mediante un comunicado titulado "SIP consternada por regulación de papel periódico en Argentina", la organización señaló que la medida es "inconstitucional” por la que se pretende “el control de los medios”.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo que “más allá de la polémica nacional, lo que nos sorprende es que el gobierno haya llegado a estas instancias haciendo expresa su intención de controlar a los medios de comunicación, a través de la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico, un insumo básico de la industria periodística que en Argentina no es escaso ni presenta un problema de abastecimiento, y que no tiene porqué tener regulaciones especiales”.
Y destacó: “Es absurdo que el gobierno vaya en contra de la propia Constitución, en cuyo artículo 32 se establece expresamente que 'el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal', lo que implica que no puede haber leyes especiales que regulen a la prensa".
Por estas razos, según Aguirre, “es peligroso que se maneje el concepto de 'interés público' porque ello puede inducir a que pueda haber leyes para expropiar y/o regularizar la actividad”.
El titular de la SIP, y subdirector del Diario Las Américas, añadió que la Justicia “es el camino apropiado para dirimir este tipo de conflictos, aunque lamentamos que se haya dado a este tema un estado de escándalo público nacional".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, subrayó que en marzo pasado la organización, a través de una resolución, ya había denunciado “ la escalada gubernamental contra la empresa Papel Prensa” y pidió a las máximas instancias del gobierno “velar por el mantenimiento de la política de libre comercialización del papel que desde hace largos años rige en la Argentina, teniendo en cuenta que dicho insumo, vital en el proceso de producción de periódicos, nunca puede ser considerado como un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo”.
Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de San Antonio, Texas, recordó que en materia de libertad de prensa en la Argentina, la SIP viene poniendo énfasis en problemas graves como las trabas en el acceso a la información oficial, la discriminación contra medios y periodistas, el uso de la publicidad oficial para castigar y premiar a los medios; la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder y el abuso y utilización sesgada de los medios públicos para promocionar el discurso oficial; hechos todos recogidos en resoluciones últimas que han sido giradas al gobierno argentino.
La mandataria anunció ayer, en cadena nacional, que el Gobierno realizará en los próximos días una "presentación en los estrados judiciales que correspondan" para denunciar delitos de lesa humanidad contra directivos de Clarín y La Nación en la compra de acciones de Papel Prensa, pero también anticipó que el Ejecutivo enviará el caso al Congreso ya que declarará la producción y comercialización de papel como "interés público".