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La Defensoría del Pueblo investigará el cierre de Fibertel
Envió pedidos de informes a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión Nacional de Comunicaciones y a Cablevisión. "Es imprescindible que se garanticen los derechos de los usuarios", dijo
25 de agosto de 2010
La Defensoría del Pueblo de la Nación inició una investigación de oficio por el intento del Gobierno de cerrar Fibertel, lo que perjudicaría a más de un millón de usuarios.
El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, le envió pedidos de informes a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, a la Comisión Nacional de Comunicaciones y a Cablevisión S.A., para conocer "las circunstancias que motivaron la declaración de caducidad de la licencia de la empresa Fibertel SA", según un comunicado.
En la actuación iniciada de oficio, Sella señaló que "es imprescindible que se garanticen los derechos de los usuarios", y destacó, informa el diario Clarín, que "resulta necesario investigar si la empresa operó al margen de la normativa específica en la materia, como así también las razones por las cuales el Estado habría permitido a la empresa prestar el servicio de manera irregular durante un importante período de tiempo".
"Los únicos perjudicados –puntualiza Sella– son los usuarios, quienes de buena fe contrataron a un proveedor de Internet que entendían se encontraba autorizado a ofrecer el servicio, vulnerándose así sus derechos garantizados por el artículo 42 de la Constitución Nacional".
El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, le envió pedidos de informes a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, a la Comisión Nacional de Comunicaciones y a Cablevisión S.A., para conocer "las circunstancias que motivaron la declaración de caducidad de la licencia de la empresa Fibertel SA", según un comunicado.
En la actuación iniciada de oficio, Sella señaló que "es imprescindible que se garanticen los derechos de los usuarios", y destacó, informa el diario Clarín, que "resulta necesario investigar si la empresa operó al margen de la normativa específica en la materia, como así también las razones por las cuales el Estado habría permitido a la empresa prestar el servicio de manera irregular durante un importante período de tiempo".
"Los únicos perjudicados –puntualiza Sella– son los usuarios, quienes de buena fe contrataron a un proveedor de Internet que entendían se encontraba autorizado a ofrecer el servicio, vulnerándose así sus derechos garantizados por el artículo 42 de la Constitución Nacional".