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La industria del juicio que terminan pagando los pacientes
Las demandas y amparos contra el sistema sanitario ya le cuestan $ 4.800 millones por año a hospitales, obras sociales y prepagas. Cada paciente destina 120 pesos anuales
21 de agosto de 2010
Las demandas y amparos contra el sistema sanitario crecen al 10 por ciento anual y ya le cuestan 4.800 millones de pesos por año a hospitales, obras sociales y prepagas, por lo que cada ciudadano debe destinar, en promedio, 120 pesos anuales en impuestos y otras erogaciones para afrontar una "industria del juicio" cada vez más sofisticada.
A este gasto, que representa 10 pesos promedio por mes y por persona, se suman otros aún más cuantiosos derivados de la presión ejercida por estudios jurídicos contra los centros de atención médica y, en especial, hacia los profesionales de la salud.
Ante ese escenario de conflicto, la mayoría de los médicos opta por aplicar lo que en el sistema denominan "medicina defensiva", para tratar de sortear posibles demandas futuras, y prescriben estudios y prácticas excesivas o superfluas, que incrementan aún
más los costos en detrimento de la calidad de atención de la población en general.
El "gasto encubierto de la medicina defensiva", según evaluaciones preliminares, totalizaría unos 55 pesos por afiliado a un plan de salud, lo cual elevaría a 67 pesos por mes -unos 800 pesos anuales- el monto que los pacientes deben afrontar como
consecuencia de la "judicialización" de los actos médicos.
Así, el costo de las demandas y juicios contra el sistema de salud equivaldría al 22 por ciento –más de 24.200 millones de pesos- de la inversión total del sistema, si se incluyeran las mayores erogaciones que, se estima, genera la "medicina defensiva".
Los datos forman parte de estudios elaborados con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud que la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) realizará entre el 1º y el 3 de setiembre en Mendoza y San Juan, donde prestadores,
profesionales de la salud y jueces analizarán la problemática de los amparos y el proceso de "judicialización" de la medicina, que tienen también alta incidencia en los costos.
ACAMI nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI, Mater Dei y los Hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones.
Según un relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud realizado en el 2008 sobre unas 200 obras sociales, casi el 40 por ciento de las entidades sufría amparos o juicios por prestaciones médicas o provisión de medicamentos de parte de sus
afiliados.
Sin embargo, nuevas proyecciones en proceso, revelarían que en la actualidad casi todos los financiadores del sistema de salud enfrentan algún tipo de amparo o demanda, además de las denuncias por "mala praxis" que afectan a uno de cada cuatro/cinco médicos en la Argentina.
Los pacientes cuentan, en general, con el beneficio de litigarsin gastos, por lo que muchos estudios jurídicos los inducen a presentar demandas, la mayoría de las cuales finalmente no prosperan, pero igual generan un costo muy alto al sistema sanitario.
Sobre la base de datos del 2009, los estudios preparados para el Congreso de ACAMI advierten que del gasto total en salud, que este año se ubicará entre los 100.000 y los 120.000 millones de pesos, el costo de la "judicialización" de la práctica médica
representa el 4 %, es decir entre 4.000 y 4.800 millones de pesos anuales.
Esto incluye la contratación de cuantiosos seguros por parte de establecimientos asistenciales, médicos y enfermeras, que buscan atenuar las consecuencias de una demanda futura.
El titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo, admitió que existe "gran preocupación" y explicó que, "según distintas estimaciones, el costo de la medicina defensiva representa hasta el 20 por ciento de los gastos totales del sistema, que debe realizar estudios cada vez más sofisticados y onerosos, muchas veces innecesarios,
para evitar eventuales juicios".
En el marco del XIII Congreso Argentino de Salud, una de las mesas de debate y análisis estará destinada a abordar los amparos y medidas judiciales, y se realizará el 2 de septiembre próximo.
Allí se presentarán un resumen y las conclusiones del coloquio realizado el día anterior, organizado por la Asociación Argentina de Magistrados, la Academia Judicial Internacional, y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
provincias argentinas.
Los temas centrales serán "El fraude judicial y el juez como víctima", y la idoneidad y validación de los peritos.
De acuerdo con un relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud sobre las obras sociales, el 30% de los amparos que se presentan corresponden a reclamos por la provisión de medicamentos; el 13% son reclamos por prestaciones, el 12% por
provisión de prótesis, el 11% se producen por cirugías y el 34 % restante incluye se divide en quejas contra las prestaciones y otros supuestos incumplimientos.
Ademas, el 63 por ciento de los amparos presentados logró una medida cautelar, con el objetivo de agilizar el reclamo y obligar al cumplimiento por parte de la obra social, mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El secretario de ACAMI y director del CEMIC, Hugo Magonza, advirtió que "en muchos casos la resolución judicial finalmente avala la posición de la Cobertura Médica, pero en ese momento la prestación ya se ha brindado y la posibilidad de recuperar los
montos indebidamente aportados es nula".
A este gasto, que representa 10 pesos promedio por mes y por persona, se suman otros aún más cuantiosos derivados de la presión ejercida por estudios jurídicos contra los centros de atención médica y, en especial, hacia los profesionales de la salud.
Ante ese escenario de conflicto, la mayoría de los médicos opta por aplicar lo que en el sistema denominan "medicina defensiva", para tratar de sortear posibles demandas futuras, y prescriben estudios y prácticas excesivas o superfluas, que incrementan aún
más los costos en detrimento de la calidad de atención de la población en general.
El "gasto encubierto de la medicina defensiva", según evaluaciones preliminares, totalizaría unos 55 pesos por afiliado a un plan de salud, lo cual elevaría a 67 pesos por mes -unos 800 pesos anuales- el monto que los pacientes deben afrontar como
consecuencia de la "judicialización" de los actos médicos.
Así, el costo de las demandas y juicios contra el sistema de salud equivaldría al 22 por ciento –más de 24.200 millones de pesos- de la inversión total del sistema, si se incluyeran las mayores erogaciones que, se estima, genera la "medicina defensiva".
Los datos forman parte de estudios elaborados con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud que la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) realizará entre el 1º y el 3 de setiembre en Mendoza y San Juan, donde prestadores,
profesionales de la salud y jueces analizarán la problemática de los amparos y el proceso de "judicialización" de la medicina, que tienen también alta incidencia en los costos.
ACAMI nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI, Mater Dei y los Hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones.
Según un relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud realizado en el 2008 sobre unas 200 obras sociales, casi el 40 por ciento de las entidades sufría amparos o juicios por prestaciones médicas o provisión de medicamentos de parte de sus
afiliados.
Sin embargo, nuevas proyecciones en proceso, revelarían que en la actualidad casi todos los financiadores del sistema de salud enfrentan algún tipo de amparo o demanda, además de las denuncias por "mala praxis" que afectan a uno de cada cuatro/cinco médicos en la Argentina.
Los pacientes cuentan, en general, con el beneficio de litigarsin gastos, por lo que muchos estudios jurídicos los inducen a presentar demandas, la mayoría de las cuales finalmente no prosperan, pero igual generan un costo muy alto al sistema sanitario.
Sobre la base de datos del 2009, los estudios preparados para el Congreso de ACAMI advierten que del gasto total en salud, que este año se ubicará entre los 100.000 y los 120.000 millones de pesos, el costo de la "judicialización" de la práctica médica
representa el 4 %, es decir entre 4.000 y 4.800 millones de pesos anuales.
Esto incluye la contratación de cuantiosos seguros por parte de establecimientos asistenciales, médicos y enfermeras, que buscan atenuar las consecuencias de una demanda futura.
El titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo, admitió que existe "gran preocupación" y explicó que, "según distintas estimaciones, el costo de la medicina defensiva representa hasta el 20 por ciento de los gastos totales del sistema, que debe realizar estudios cada vez más sofisticados y onerosos, muchas veces innecesarios,
para evitar eventuales juicios".
En el marco del XIII Congreso Argentino de Salud, una de las mesas de debate y análisis estará destinada a abordar los amparos y medidas judiciales, y se realizará el 2 de septiembre próximo.
Allí se presentarán un resumen y las conclusiones del coloquio realizado el día anterior, organizado por la Asociación Argentina de Magistrados, la Academia Judicial Internacional, y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
provincias argentinas.
Los temas centrales serán "El fraude judicial y el juez como víctima", y la idoneidad y validación de los peritos.
De acuerdo con un relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud sobre las obras sociales, el 30% de los amparos que se presentan corresponden a reclamos por la provisión de medicamentos; el 13% son reclamos por prestaciones, el 12% por
provisión de prótesis, el 11% se producen por cirugías y el 34 % restante incluye se divide en quejas contra las prestaciones y otros supuestos incumplimientos.
Ademas, el 63 por ciento de los amparos presentados logró una medida cautelar, con el objetivo de agilizar el reclamo y obligar al cumplimiento por parte de la obra social, mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El secretario de ACAMI y director del CEMIC, Hugo Magonza, advirtió que "en muchos casos la resolución judicial finalmente avala la posición de la Cobertura Médica, pero en ese momento la prestación ya se ha brindado y la posibilidad de recuperar los
montos indebidamente aportados es nula".