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La oposición avanza con la aprobación del 82 % móvil
En la madrugada espera dar media sanción a la iniciativa que es rechazada por la Casa Rosada. Según la norma en debate, el haber mínimo pasaría de $ 1.046 a $ 1.427
18 de agosto de 2010
La oposición se encamina a aprobar el 82 % móvil.
La mayoría de los discursos opositores estuvo destinada a refutar el argumento kirchnerista de que "no hay plata" para el aumento a los jubilados, y muchos apuntaron a la presidente Cristina Kirchner, quien había advertido que si la ley se aprueba "en tres meses vamos al default".
Según la norma en debate, el haber mínimo pasaría de $ 1.046 a $ 1.427 y quedaría fijado en el 82% del salario mínimo de los trabajadores en actividad.
También se modificaría el índice de actualización semestral y se incrementarían las jubilaciones que habían quedado congelados entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro.
"Es intolerablemente injusto y reaccionario que los jubilados financien a los niños y no, por ejemplo, la renta financiera", afirmó Elisa Carrió.
"De nada vale que me digan que vamos a ir al default –agregó- porque sabemos que es mentira, hay que hacerse cargo y esta es una manera responsable de hacerse cargo, esto va a salir la mitad si lo arreglamos ahora y va a salir el doble si lo dejamos para más adelante".
"Lo que es intolerablemente injusto y reaccionario –dijo Carrió- es que los jubilados financien a los niños y no la renta financiera. Esto es intolerablemente injusto y reaccionario. Es imposible de ser tolerado en una sociedad y en un estado que tiene otras fuentes de financiamiento. La sociedad debe garantizar una jubilación digna".
El radical Gustavo Serebrinski, a su turno, señaló que "la Seguridad Social debe ser tomada como un tema de Estado, no como un tema a la ligera" y que "estamos dispuestos a debatir de dónde vamos a sacar los recursos del presupuesto que viene, si no lo dibujan para financiar la seguridad social como un tema prioritario en la República Argentina".
"Cuando miramos los números oficiales –afirmó-, los de la AFIP, algunos que se pueden mirar, que no son los mismos que los del INDEC, vemos claramente que lo presupuestado para el gasto de seguridad social y la ANSES para este año son 123.421 millones. En lo que va del primer semestre se han recaudado 75.632 millones, y el proyectado estimado para fin de año son 151.264 millones, números de la AFIP. La diferencia nada más que en ese ítem de lo que se estipuló en el presupuesto son 27.842 millones", indicò.
La titular del bloque del Socialismo, Mónica Fein, añadió que "el 82 % móvil es un acto de justicia social", y añadió que "más que un debate sobre economía o sobre recursos financieros del Estado, este tema debe analizarse desde la óptica de la justicia social. Quienes quieren llevarnos a una discusión económica sobre este tema no están buscando otorgar mejores haberes a los jubilados, sino que intentan evitar dar explicaciones sobre el destino que se da a los recursos previsionales, a quién se prestan los excedentes del sistema".
Una de las pocas voces favorables al oficialismo fue la del kirchnerista Gustavo Marconatto, titular de comisión de Presupuesto, quien dijo que "somos los únicos que hemos recuperado el haber de los jubilados" en los últimos años y recordó que desde 2003 el haber de la clase pasiva "se aumentó en más del 500 por ciento".
Marconatto aseguró que el "despacho de mayoría carece de legalidad porque se contrapone a la ley de administración financiera, que dice que todo proyecto debe contar con el financiamiento correspondiente".
El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) reiteró que los recursos "alcanzan y sobran" para implementar un aumento del 82 por ciento móvil a las jubilaciones, mediante el uso de los fondos de la Anses, del superávit fiscal y con la reformulación de los aportes patronales para las grandes empresas. Basó su argumentación en datos de la AFIP, según los cuales el cuatro por ciento de las empresas concentra el 72 por ciento de la masa salarial argentina, lo que representaría en aportes patronales, ese monto de 20 mil millones de pesos.
La discusión por cómo se financiará el aumento se dará en el recinto. Hay un principio de acuerdo entre la UCR, la CC, el PRO y el peronismo disidente para incluir un artículo al respecto, aunque la centroizquierda no avala esa idea y seguirá pidiendo el aumento de las contribuciones patronales. Llegado el caso, podrían abstenerse en particular para que la ley sea sancionada en Diputados esta madrugada.
La mayoría de los discursos opositores estuvo destinada a refutar el argumento kirchnerista de que "no hay plata" para el aumento a los jubilados, y muchos apuntaron a la presidente Cristina Kirchner, quien había advertido que si la ley se aprueba "en tres meses vamos al default".
Según la norma en debate, el haber mínimo pasaría de $ 1.046 a $ 1.427 y quedaría fijado en el 82% del salario mínimo de los trabajadores en actividad.
También se modificaría el índice de actualización semestral y se incrementarían las jubilaciones que habían quedado congelados entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro.
"Es intolerablemente injusto y reaccionario que los jubilados financien a los niños y no, por ejemplo, la renta financiera", afirmó Elisa Carrió.
"De nada vale que me digan que vamos a ir al default –agregó- porque sabemos que es mentira, hay que hacerse cargo y esta es una manera responsable de hacerse cargo, esto va a salir la mitad si lo arreglamos ahora y va a salir el doble si lo dejamos para más adelante".
"Lo que es intolerablemente injusto y reaccionario –dijo Carrió- es que los jubilados financien a los niños y no la renta financiera. Esto es intolerablemente injusto y reaccionario. Es imposible de ser tolerado en una sociedad y en un estado que tiene otras fuentes de financiamiento. La sociedad debe garantizar una jubilación digna".
El radical Gustavo Serebrinski, a su turno, señaló que "la Seguridad Social debe ser tomada como un tema de Estado, no como un tema a la ligera" y que "estamos dispuestos a debatir de dónde vamos a sacar los recursos del presupuesto que viene, si no lo dibujan para financiar la seguridad social como un tema prioritario en la República Argentina".
"Cuando miramos los números oficiales –afirmó-, los de la AFIP, algunos que se pueden mirar, que no son los mismos que los del INDEC, vemos claramente que lo presupuestado para el gasto de seguridad social y la ANSES para este año son 123.421 millones. En lo que va del primer semestre se han recaudado 75.632 millones, y el proyectado estimado para fin de año son 151.264 millones, números de la AFIP. La diferencia nada más que en ese ítem de lo que se estipuló en el presupuesto son 27.842 millones", indicò.
La titular del bloque del Socialismo, Mónica Fein, añadió que "el 82 % móvil es un acto de justicia social", y añadió que "más que un debate sobre economía o sobre recursos financieros del Estado, este tema debe analizarse desde la óptica de la justicia social. Quienes quieren llevarnos a una discusión económica sobre este tema no están buscando otorgar mejores haberes a los jubilados, sino que intentan evitar dar explicaciones sobre el destino que se da a los recursos previsionales, a quién se prestan los excedentes del sistema".
Una de las pocas voces favorables al oficialismo fue la del kirchnerista Gustavo Marconatto, titular de comisión de Presupuesto, quien dijo que "somos los únicos que hemos recuperado el haber de los jubilados" en los últimos años y recordó que desde 2003 el haber de la clase pasiva "se aumentó en más del 500 por ciento".
Marconatto aseguró que el "despacho de mayoría carece de legalidad porque se contrapone a la ley de administración financiera, que dice que todo proyecto debe contar con el financiamiento correspondiente".
El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) reiteró que los recursos "alcanzan y sobran" para implementar un aumento del 82 por ciento móvil a las jubilaciones, mediante el uso de los fondos de la Anses, del superávit fiscal y con la reformulación de los aportes patronales para las grandes empresas. Basó su argumentación en datos de la AFIP, según los cuales el cuatro por ciento de las empresas concentra el 72 por ciento de la masa salarial argentina, lo que representaría en aportes patronales, ese monto de 20 mil millones de pesos.
La discusión por cómo se financiará el aumento se dará en el recinto. Hay un principio de acuerdo entre la UCR, la CC, el PRO y el peronismo disidente para incluir un artículo al respecto, aunque la centroizquierda no avala esa idea y seguirá pidiendo el aumento de las contribuciones patronales. Llegado el caso, podrían abstenerse en particular para que la ley sea sancionada en Diputados esta madrugada.