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Nuevo fallo a favor de la Argentina por pesificar tarifas
Un Comité del Ciadi anuló el laudo por el cual se había condenado a la Argentina a pagar más de u$s 106 millones a Enron Creditors Recovery y Ponderosa Assets
1 de agosto de 2010
La Argentina tuvo otro fallo a favor en el tribunal Ciadi de resolución de controversias del Banco Mundial.
La decisión fue comunicada a última hora del viernes 30 de julio, cuando un Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), conformado por Gavan Griffith -de Australia-, el Juez Patrick Robinson –de Jamaica- y el Juez Per Tresselt de Noruega, notificaron a la Procuración del Tesoro de la Nación su decisión de anular definitivamente la demanda entablada por ambas empresas.
Es la segunda anulación completa y definitiva de una sentencia desfavorable que recibe la Argentina en menos de un mes de parte de un Comité de anulación del CIADI.
La primera se produjo en el caso de la demanda entablada por la empresa Sempra Energy y en la cual se había condenado a nuestro país a pagar 128 millones de dólares más intereses.
En esta oportunidad, las demandantes, dos empresas norteamericanas accionistas de Transportadora de Gas del Sur (TGS), habían demandado a la Argentina ante un tribunal arbitral del CIADI debido a la negativa del gobierno argentino a permitir el ajuste de tarifas del transporte de gas en dólares, así como por la posterior pesificación de dichas tarifas por la Ley de Emergencia, sancionada en el 2002, por considerar que ello constituía una violación del Tratado Bilateral de Inversiones celebrado entre la Argentina y los Estados Unidos.
La Argentina, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación invocó como defensa la existencia de un estado de necesidad -excepción contemplada por el Tratado Bilateral de Inversión (TBI)- que había llevado a la sanción de la Ley de Emergencia y al abandono del régimen de convertibilidad para hacer frente a la crisis política, económica y social más grave de la historia argentina.
Sin embargo, el tribunal arbitral emitió un laudo, el 22 de mayo de 2007 condenando a la República Argentina a pagar a las demandantes la suma de 106,2 millones de dólares en concepto de indemnización por haber violado su obligación de acordar un trato justo y equitativo a las empresas inversoras, así como la obligación de cumplir con los compromisos contraídos con respecto a la inversión.
Además de rechazar la defensa de estado de necesidad prevista en el derecho internacional consuetudinario, así como la aplicación de una cláusula especial del Tratado Bilateral de Inversiones que rige en situaciones de necesidad (artículo XI).
Ante ello, la Procuración del Tesoro de la Nación de Argentina solicitó a un Comité de Anulación del mismo CIADI la reversión del laudo.
Según el Comité, el tribunal arbitral que condenó a la Argentina se extralimitó manifiestamente en sus facultades, lo que constituye causal de anulación, al no haber aplicado el derecho que tenía que aplicar para resolver la controversia, es decir las normas del derecho internacional que rigen el estado de necesidad, "sino que, en lugar de ello, se valió de la opinión de un perito sobre una cuestión económica".
Se agregó además que el tribunal omitió expresar los motivos de su decisión, lo que constituye otra causal de anulación. En palabras del Comité, la decisión del tribunal en cuanto a que no se habían cumplido los requisitos para la aplicación del estado de necesidad "está contaminada con un error anulable".
Por consiguiente se anuló también la condena a pagar los 106,2 millones de dólares reclamados inicialmente.
La defensa de los derechos argentinos fue llevada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el organismo rector del Cuerpo de Abogados del Estado y que tiene a su cargo el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo de la Nación y la representación del Estado Argentino en los juicios iniciados por y contra la Argentina dentro y fuera del país.
En la misma fecha, se recibió la decisión sobre responsabilidad de un Tribunal Arbitral por los casos Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe, donde las compañías Suez Sociedad General de Aguas de Barcelona e Interagua Servicios Integrales del Agua también demandaron a la Argentina ante el CIADI. El Tribunal está integrado por un presidente norteamericano, un árbitro suizo y otro árbitro venezolano.
En ambos casos se trataron de Concesiones que se iniciaron a mediados de los 90, para la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de Santa Fe, respectivamente. Dichas concesiones se otorgaron dentro del proceso de privatización de empresas de servicios públicos que aconteciera en tal período en el país.
En el caso de Aguas Argentinas, se la conoció como la concesión de aguas más grande del mundo.
Las compañías antes referidas demandaron a Argentina fundamentalmente por las medidas adoptadas por el país en el año 2002 en el contexto de la crisis macroeconómica que se viviera en esos años.
En esas concesiones, se iniciaron arduos procesos de renegociación que no tuvieron resultados satisfactorios, pues ambas concesiones fueron finalmente rescindidas.
En la Decisión del Tribunal se consideró que no se prestó a las inversiones un trato justo y equitativo, y en su lugar se rechazó el planteo de las demandantes según el cual se hubieran expropiado directa o indirectamente sus inversiones; o que se hubiera negado protección y seguridad plenas.
Finalmente, el Tribunal no se expidió en cuanto al monto de los daños y perjuicios, planteando el diferimiento de tal decisión.
Sin embargo, ambos casos tienen basamento jurídico en un Tratado Bilateral de Inversiones con idénticas cláusulas al que se ha tenido en cuenta en los casos de Sempra Energy y de Enron, para anular las decisiones tomadas contra nuestro país, precisamente porque existen cláusulas en esos tratados internacionales que amparan el estado de necesidad al que la Argentina se vio sometido en los años de mayor crisis.
La decisión fue comunicada a última hora del viernes 30 de julio, cuando un Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), conformado por Gavan Griffith -de Australia-, el Juez Patrick Robinson –de Jamaica- y el Juez Per Tresselt de Noruega, notificaron a la Procuración del Tesoro de la Nación su decisión de anular definitivamente la demanda entablada por ambas empresas.
Es la segunda anulación completa y definitiva de una sentencia desfavorable que recibe la Argentina en menos de un mes de parte de un Comité de anulación del CIADI.
La primera se produjo en el caso de la demanda entablada por la empresa Sempra Energy y en la cual se había condenado a nuestro país a pagar 128 millones de dólares más intereses.
En esta oportunidad, las demandantes, dos empresas norteamericanas accionistas de Transportadora de Gas del Sur (TGS), habían demandado a la Argentina ante un tribunal arbitral del CIADI debido a la negativa del gobierno argentino a permitir el ajuste de tarifas del transporte de gas en dólares, así como por la posterior pesificación de dichas tarifas por la Ley de Emergencia, sancionada en el 2002, por considerar que ello constituía una violación del Tratado Bilateral de Inversiones celebrado entre la Argentina y los Estados Unidos.
La Argentina, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación invocó como defensa la existencia de un estado de necesidad -excepción contemplada por el Tratado Bilateral de Inversión (TBI)- que había llevado a la sanción de la Ley de Emergencia y al abandono del régimen de convertibilidad para hacer frente a la crisis política, económica y social más grave de la historia argentina.
Sin embargo, el tribunal arbitral emitió un laudo, el 22 de mayo de 2007 condenando a la República Argentina a pagar a las demandantes la suma de 106,2 millones de dólares en concepto de indemnización por haber violado su obligación de acordar un trato justo y equitativo a las empresas inversoras, así como la obligación de cumplir con los compromisos contraídos con respecto a la inversión.
Además de rechazar la defensa de estado de necesidad prevista en el derecho internacional consuetudinario, así como la aplicación de una cláusula especial del Tratado Bilateral de Inversiones que rige en situaciones de necesidad (artículo XI).
Ante ello, la Procuración del Tesoro de la Nación de Argentina solicitó a un Comité de Anulación del mismo CIADI la reversión del laudo.
Según el Comité, el tribunal arbitral que condenó a la Argentina se extralimitó manifiestamente en sus facultades, lo que constituye causal de anulación, al no haber aplicado el derecho que tenía que aplicar para resolver la controversia, es decir las normas del derecho internacional que rigen el estado de necesidad, "sino que, en lugar de ello, se valió de la opinión de un perito sobre una cuestión económica".
Se agregó además que el tribunal omitió expresar los motivos de su decisión, lo que constituye otra causal de anulación. En palabras del Comité, la decisión del tribunal en cuanto a que no se habían cumplido los requisitos para la aplicación del estado de necesidad "está contaminada con un error anulable".
Por consiguiente se anuló también la condena a pagar los 106,2 millones de dólares reclamados inicialmente.
La defensa de los derechos argentinos fue llevada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el organismo rector del Cuerpo de Abogados del Estado y que tiene a su cargo el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo de la Nación y la representación del Estado Argentino en los juicios iniciados por y contra la Argentina dentro y fuera del país.
En la misma fecha, se recibió la decisión sobre responsabilidad de un Tribunal Arbitral por los casos Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe, donde las compañías Suez Sociedad General de Aguas de Barcelona e Interagua Servicios Integrales del Agua también demandaron a la Argentina ante el CIADI. El Tribunal está integrado por un presidente norteamericano, un árbitro suizo y otro árbitro venezolano.
En ambos casos se trataron de Concesiones que se iniciaron a mediados de los 90, para la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de Santa Fe, respectivamente. Dichas concesiones se otorgaron dentro del proceso de privatización de empresas de servicios públicos que aconteciera en tal período en el país.
En el caso de Aguas Argentinas, se la conoció como la concesión de aguas más grande del mundo.
Las compañías antes referidas demandaron a Argentina fundamentalmente por las medidas adoptadas por el país en el año 2002 en el contexto de la crisis macroeconómica que se viviera en esos años.
En esas concesiones, se iniciaron arduos procesos de renegociación que no tuvieron resultados satisfactorios, pues ambas concesiones fueron finalmente rescindidas.
En la Decisión del Tribunal se consideró que no se prestó a las inversiones un trato justo y equitativo, y en su lugar se rechazó el planteo de las demandantes según el cual se hubieran expropiado directa o indirectamente sus inversiones; o que se hubiera negado protección y seguridad plenas.
Finalmente, el Tribunal no se expidió en cuanto al monto de los daños y perjuicios, planteando el diferimiento de tal decisión.
Sin embargo, ambos casos tienen basamento jurídico en un Tratado Bilateral de Inversiones con idénticas cláusulas al que se ha tenido en cuenta en los casos de Sempra Energy y de Enron, para anular las decisiones tomadas contra nuestro país, precisamente porque existen cláusulas en esos tratados internacionales que amparan el estado de necesidad al que la Argentina se vio sometido en los años de mayor crisis.