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Sobreprecios: sobreseyeron a los K y De Vido en la causa
El juez Bonadío la archivó porque era "poco seria". Se los acusaba de irregularidades en la compra de 800.000 litros de gasoil para el Ministerio de Planificación
21 de julio de 2010
La primera mandataria Cristina Fernández, el ex presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, pueden decir que ahora cuentan con una causa menos en su prontuario. El juez federal Claudio Bonadío, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 11, dispuso archivar una causa que involucraba a los tres.
Se trata de una denuncia por presuntas irregularidades en la compra de 800.000 litros de gasoil para el Ministerio de Planificación. Los funcionarios fueron acusados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, vaciamiento de empresas y los que pudieran determinarse en la investigación".
El denunciante, el empresario Juan Ricardo Mussa, argumentó que el presupuesto asignado a la licitación a fines de 2009, de 2.932.464 pesos, equivalía a unos $3,67 por litro de gasoil, muy superior al valor de mercado de $2,50 por litro. Calculó que, por esa cantidad de gasoil, se podría haber conseguido una cotización de $2,28 el litro, lo que hubiera reducido el presupuesto a $1.824.000.
Sin embargo, según el fallo del juez, ninguna de las ofertas presentadas en la licitación fue inferior a los 2.300.000 pesos. “De la prueba reunida en la investigación, esto es la información brindada por cada una de las petroleras en esta causa, y el consiguiente cotejo del expediente licitatorio no se advierte la comisión de ilícito alguno”, señaló Bonadío.
Además, el juez calificó de "poco seria e irresponsable" la actitud del denunciante, porque "dice haber comprado el pliego de la licitación el día 2 de noviembre de 2009" cuando la apertura de ofertas se llevó a cabo el 16 de ese mes, según el Centro de Información Judicial.
"Y con sólo llamados telefónicos incomprobables a distintas petroleras, efectúa un ilógico razonamiento del costo que debió tener la adquisición del combustible, denunciando así una serie de ilícitos y logrando poner en marcha todo el aparato judicial”, concluyó Bonadío.