Néstor y Cristina Kirchner cada vez más complicados ante la Justicia.

El juez federal Norberto Oyarbide citó a declarar como sospechoso al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner en 2007.

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña le había apuntado a Capaccioli en una entrevista con Asteriscos Tv. Ver video.

Lo hizo en la causa en la que investiga a empresas farmacéuticas y obras sociales por estafas con medicamentos.

Al tomar la decisión, el juez sostuvo que se utilizó la recolección del dinero destinado a promover a los candidatos del Frente para la Victoria como pantalla para el lavado de dinero proveniente de esos negocios sucios hechos entre el Estado y varias obras sociales sindicales.

Oyarbide quiere indagar a Capaccioli respecto de los mecanismos de control que realizaba la dependencia a su cargo sobre las obra sociales que compraban medicamentos adulterados o falsos y sobre los cheques aportados a la campaña electoral por empresarios de la industria farmacéutica que hoy están presos o fueron asesinados. Es el caso de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.

Uno de esos empresarios es Gabriel Brito, que está preso y fue procesado por extorsión por pertenecer a una asociación ilícita y como partícipe en el delito de lavado de dinero. Sostiene Oyarbide que participó en el blanqueo de fondos ilícitos de Néstor Lorenzo, dueño del laboratorio San Javier y acusado de ser el jefe de la asociación ilícita que comercializaba medicamentos falsos o que debían distribuirse gratis y colaboraba en la confección de certificados falsos para cobrar reintegros de la Superintendencia de Salud.

Es al fundamentar esta acusación cuando el juez reconoce que el dinero obtenido ilegalmente mediante estas maniobras terminó en la campaña electoral como una forma de blanquearlo.

Oyarbide aún no fijó fecha para indagar a Capaccioli, porque espera que la Cámara Federal le devuelva el expediente, pues está estudiando apelaciones del procesamiento de otros involucrados en las maniobras ilegales.

Pero Oyarbide decidió avanzar empujado por una resolución de la propia cámara, que al rechazar una vez más la excarcelación del líder bancario Juan José Zanola lo había reprendido: dijo que "prácticamente no se han ordenado ninguna de las medidas sugeridas" por el tribunal en sus anteriores intervenciones, por lo que le recomendó que "en forma urgente lleve a cabo la totalidad de las diligencias indicadas para que el caso llegue a juicio".
Informe comprometedor

Pero, además, el magistrado recibió un informe de la Policía Federal sobre expedientes de pago de reintegros a las obras sociales por parte de la Administración de Prestaciones Especiales (APE), donde se comprobaron anomalías con facturas supuestamente falsas. Hasta hubo casos en los que las obras sociales recibieron reintegros antes de comprar medicamentos de alto costo para tratamientos complejos.

La Cámara rechazó ayer la excarcelación del empresario Brito, así como denegó la exención de prisión del comerciante de medicamentos Marcelo Abasto, actualmente prófugo en Brasil, donde se dedica a vender remedios.

La citación de Capaccioli se conoció mientras el ex funcionario -de origen gremial- se encuentra de vacaciones en Sudáfrica, siguiendo al seleccionado argentino en el Mundial de fútbol.

El fiscal federal Luis Comparatore había pedido en los últimos cuatro meses en dos ocasiones indagar a Capaccioli. Lo justificaba al sostener que el inusual despliegue delictivo de la mafia de los medicamentos sólo podía concebirse con la anuencia del funcionario del Estado que debía controlar el pago de los reintegros a las obras sociales por los remedios de alto costo y la medicación que proveían a los afiliados.

Hace menos de una semana el fiscal insistió en su reclamo y sumó a la lista de sospechosos que en su opinión debían ser indagados a otros recaudadores de fondos proselitistas: el actual director de la Lotería Nacional, Hernán Diez, y Sebastián Gramajo, un ex legislador kirchnerista y actual gerente del Consejo Consultivo de Jubilados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Hace tres meses la Cámara Federal porteña también le ordenó a Oyarbide que indagara a Capaccioli y que investigara a Enrique Dratman, esposo de la diputada kirchnerista Diana Conti y socio de Néstor Vázquez en la droguería Cofeme. Vázquez fue gerente general de la Superintendencia de Salud en la época en que Capaccioli era el jefe en esa dependencia.

La razón que puso a todos bajo investigación judicial -excepto a Vázquez- son las conversaciones que mantuvieron con Néstor Lorenzo a través de su teléfono celular, que estaba siendo escuchado por la Justicia.

Capaccioli, que había llegado al Gobierno de la mano del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, renunció a la Superintendencia de Servicios de Salud el 12 de noviembre de 2008 por discrepancias con la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, una de las impulsoras de esta investigación.