El titular de la DAIA , Jorge Kirzenbaum, expresó este viernes su satisfacción por la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral de ordenar la detención de ocho ex altos funcionarios iraníes y un miembro del partido libanés pro iraní Hezbollah por considerarlos sospechosos de haber participado del ataque a la AMIA, en el que muerieron 85 personas. Y destacó que con la medida se deja claro que Irán cometió un acto de "terrorismo de Estado" contra la Argentina.

"Fue un paso muy importante que dio la Justicia al resolver dictar las órdenes de captura contra los imputados", dijo el dirigente de la comunidad judía en Argentina, según informa la agencia Télam.

Además, Kirzenbaum destacó como un "hito" que se haya declarado el atentado en la AMIA como "delito imprescriptible" por ser de "lesa humanidad", equiparándolo al genocidio. "Con este paso se ha hecho un avance importante sobre la búsqueda de la verdad, en una posición que la DAIA venía sosteniendo desde hace doce años, cuando ocurrió el atentado", dijo Kirzenbaum.

Las detenciones habían sido pedidas dos semanas atrás por el fiscal Alberto Nisman, aunque el juez sorprendió al incluir al ex embajador iraní en la Argentina Hadi Soleimanpour.

Los otros siete buscados son el ex presidente Alí Rafsanjani, el ex canciller Alí Akbar Velayati, el ex ministro de Seguridad Alí Fallahijan, el ex consejero cultural de la Embajada iraní Mohsen Rabbani, el ex tercer secretario de la Embajada Ahmad Ashgari, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, y el ex jefe de las fuerzas QUDS Ahmad Vahidi. También se ordenó la detención de Imad Moughnieh, ex jefe exterior de la organización libanesa Hezbollah.

Tal como dijo el fiscal, el juez cree que el atentado fue decidido en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad realizada el 14 de agosto de 1993 en la ciudad de Mashad. Allí estuvieron las principales autoridades del país e incluso Rabbani y Ashgari.

Al igual que a los fiscales, al juez le llamó la atención la ausencia de los principales funcionarios de la Embajada iraní en las semanas previas al ataque, cuando, paralelamente se registraba un importante incremento de visitas al país de otros iraníes con pasaporte diplomático.

Para los fiscales, el móvil del atentado fue la suspensión en 1991 por parte del ex presidente Carlos Menem de unos convenios de cooperación nuclear.