Las revelaciones en torno a la causa de los medicamentos truchos siguen despertando dudas y sospechas sobre empresarios y funcionarios kirchneristas.

El último detenido por la mafia de los medicamentos que tiene el juez Oyarbide, Gabriel Brito, concluyó su declaración indagatoria de tres días, en la que siguió denunciando irregularidades en el cobro de los reintegros que hacían las obras sociales por medicamentos de alto costo.

Brito afirmó que vio en las oficinas de la droguería San Javier carpetas preparadas para cobrar reintegros del Estado por la provisión de tratamientos costosos, según suo el diario La Nación. Dijo,a demás, que esto implica una irregularidad porque esos expedientes deben estar en la obra social que los prepara para presentar ante la Superintendencia de Salud y percibir el dinero que proviene de la Administración de Planes Especiales (APE).

Además, insistió en que denunció estas irregularidades ante el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quien dijo que le envió un correo electrónico. Fernández afirmó ayer que dio cuenta de ello a la Justicia. Brito dijo que también denunció el asunto ante Javier Fernández, referente del kirchnerismo en la Auditoría General de la Nación.