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Declaran inconstitucional indulto a Martínez de Hoz
La decisión fue dictada en el marco de la causa que se investiga el secuestro del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel, durante la última dictadura militar
27 de abril de 2010
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los indultos que había firmado el ex presidente Carlos Saúl Menem a favor de José Alfredo Martínez de Hoz, en la causa por el secuestro de un empresario y su hijo.
Federico Gutheim, dueño de la empresa Sadeco, y su hijo Miguel Ernesto fueron secuestrados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo el 5 de noviembre de 1976.
El decreto de la detención fue firmado por el entonces presidente de facto, Jorge Rafael Videla, y sus ministros del Interior, Albano Harguindeguy, y de Economía, Martínez de Hoz, y justificaba ese accionar en la necesidad de "consolidar la paz interior".
La realidad era otra: Martínez de Hoz se encontraba entonces negociando créditos con el gobierno de Hong Kong, pero había discrepancias sobre el acuerdo entre empresarios de ambas naciones.
Una de esas empresas era la importadora textil Sadeco, y el gobierno argentino pretendía que cumpliera unos contratos en la isla asiática. El secuestro de Gutheim y su hijo buscaba "convencer" al empresario de que se honrara el acuerdo.
Federico y Miguel Gutheim pasaron cinco meses detenidos, entre la alcaidía del Departamento de Policía y la cárcel de Caseros.
Mientras funcionarios de la dictadura intentaban persuadirlos, el juzgado federal número 2 rechazó dos hábeas corpus que se presentaron en su favor. Finalmente, el 6 de abril de 1977 fueron liberados gracias a otro decreto.
En 1988, tras el regreso de la democracia, la Cámara Federal porteña confirmó la prisión preventiva de Videla y Harguindeguy, y ordenó la detención de Martínez de Hoz. Calificó el crimen como "secuestro extorsivo reiterado, por considerar las detenciones como "ilegales y carentes de razonabilidad".
Sin embargo, los tres fueron indultados poco después por el ex presidente Carlos Menem, quien perdonó varios de los crímenes cometidos durante la última dictadura. Federico Gutheim murió en 1995; su fábrica pasó a manos de su hijo, hoy representante de textiles brasileñas en Argentina, quien nunca quiso volver a hablar del secuestro.
El 20 de junio de 2006, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de los decretos de indultos 1002/89 y 2745/90 que favorecían a Harguindeguy y Martínez de Hoz. Por su parte, secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió que se rechace el decreto 2741/90, que indultó a Videla.
El juez de la causa declaró primero la inconstitucionalidad del decreto 2741/90, que favorecía a Videla, y la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo. La defensa del ex dictador presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que fue luego rechazado. Videla está hoy detenido en prisión domiciliaria, a la espera de varios juicios por delitos de lesa humanidad.
Lo mismo ocurrió con los decretos 1002/89 y 2745/90, que exculpaban a Martínez de Hoz y fueron declarados inconstitucionales por la justicia en primera y segunda instancia. El ex ministro de Economía presentó un recurso extraordinario contra ambos fallos, y la Corte Suprema los rechazó, utilizando los mismos argumentos que en el caso Videla.
El máximo tribunal consideró que “surgía de modo inequívoco la falta absoluta de razonabilidad de las detenciones de los Gutheim”, ya que “con respecto al padre no ha podido invocarse más que su carácter de responsable de la firma SADECO S.A. y el incumplimiento de contratos celebrados con los comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong y la repercusión desfavorable” respecto del comercio exterior argentino, según el Centro de Información Judicial.
La Corte Suprema argumentó también que la detención del hijo de Gutheim también fue irracional, dado que "no perteneció jamás a razón social o empresa alguna que haya participado en actividades de exportación".
La causa está a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, quien ahora debe decidir hará ante la situación de Martínez de Hoz. El ex ministro de Economía permanece en libertad, y podría quedar detenido tras este fallo.
Federico Gutheim, dueño de la empresa Sadeco, y su hijo Miguel Ernesto fueron secuestrados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo el 5 de noviembre de 1976.
El decreto de la detención fue firmado por el entonces presidente de facto, Jorge Rafael Videla, y sus ministros del Interior, Albano Harguindeguy, y de Economía, Martínez de Hoz, y justificaba ese accionar en la necesidad de "consolidar la paz interior".
La realidad era otra: Martínez de Hoz se encontraba entonces negociando créditos con el gobierno de Hong Kong, pero había discrepancias sobre el acuerdo entre empresarios de ambas naciones.
Una de esas empresas era la importadora textil Sadeco, y el gobierno argentino pretendía que cumpliera unos contratos en la isla asiática. El secuestro de Gutheim y su hijo buscaba "convencer" al empresario de que se honrara el acuerdo.
Federico y Miguel Gutheim pasaron cinco meses detenidos, entre la alcaidía del Departamento de Policía y la cárcel de Caseros.
Mientras funcionarios de la dictadura intentaban persuadirlos, el juzgado federal número 2 rechazó dos hábeas corpus que se presentaron en su favor. Finalmente, el 6 de abril de 1977 fueron liberados gracias a otro decreto.
En 1988, tras el regreso de la democracia, la Cámara Federal porteña confirmó la prisión preventiva de Videla y Harguindeguy, y ordenó la detención de Martínez de Hoz. Calificó el crimen como "secuestro extorsivo reiterado, por considerar las detenciones como "ilegales y carentes de razonabilidad".
Sin embargo, los tres fueron indultados poco después por el ex presidente Carlos Menem, quien perdonó varios de los crímenes cometidos durante la última dictadura. Federico Gutheim murió en 1995; su fábrica pasó a manos de su hijo, hoy representante de textiles brasileñas en Argentina, quien nunca quiso volver a hablar del secuestro.
El 20 de junio de 2006, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de los decretos de indultos 1002/89 y 2745/90 que favorecían a Harguindeguy y Martínez de Hoz. Por su parte, secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió que se rechace el decreto 2741/90, que indultó a Videla.
El juez de la causa declaró primero la inconstitucionalidad del decreto 2741/90, que favorecía a Videla, y la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo. La defensa del ex dictador presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que fue luego rechazado. Videla está hoy detenido en prisión domiciliaria, a la espera de varios juicios por delitos de lesa humanidad.
Lo mismo ocurrió con los decretos 1002/89 y 2745/90, que exculpaban a Martínez de Hoz y fueron declarados inconstitucionales por la justicia en primera y segunda instancia. El ex ministro de Economía presentó un recurso extraordinario contra ambos fallos, y la Corte Suprema los rechazó, utilizando los mismos argumentos que en el caso Videla.
El máximo tribunal consideró que “surgía de modo inequívoco la falta absoluta de razonabilidad de las detenciones de los Gutheim”, ya que “con respecto al padre no ha podido invocarse más que su carácter de responsable de la firma SADECO S.A. y el incumplimiento de contratos celebrados con los comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong y la repercusión desfavorable” respecto del comercio exterior argentino, según el Centro de Información Judicial.
La Corte Suprema argumentó también que la detención del hijo de Gutheim también fue irracional, dado que "no perteneció jamás a razón social o empresa alguna que haya participado en actividades de exportación".
La causa está a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, quien ahora debe decidir hará ante la situación de Martínez de Hoz. El ex ministro de Economía permanece en libertad, y podría quedar detenido tras este fallo.