El secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde descalificó los argumentos esgrimidos por los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble en una solicitada, donde acusaban al Gobierno nacional de someterlos a una "persecución", luego que la Justicia ordenó la comparación de sus muestras de ADN con toda la base de Banco Genético.

Como titular de la Conadi, Duhalde firmó un duro comunicado que pretende rebatir algunos de los cuestionamientos de Felipe y Marcela contra el proceso judicial, informó el diario Ambito Financiero.com.

El texto comienza así: "Frente a las consideraciones efectuadas el 22 del corriente mes mediante una solicitada publicada por Marcela y Felipe Noble Herrera cuestionando, entre otras cosas, la seguridad e imparcialidad de los exámenes que de acuerdo con la ley deben realizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos, como Presidente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) deseo señalar que:

"El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en virtud de la Ley 23.511 sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 13 de mayo de 1987 con la finalidad de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en materia de investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los derechos humanos".

Además, el escrito agrega que "en virtud de los principios de legalidad e igualdad ante la ley y de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación y la Ley del BNDG en todos los casos en los que se investigan delitos de lesa humanidad relacionados con la desaparición de niños y niñas como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado debe intervenir el Banco Nacional como perito oficial".

En respuesta a los cuestionamientos de los hijos adoptivos sobre la falta de "garantías" en el estudio, el secretario aclaró que el Código "habilita la intervención de peritos de parte para controlar las medidas y evitar toda hipotética manipulación".

"El BNDG es una institución prestigiosa a nivel mundial cuyas pericias científicas ha permitido resolver delitos, filiaciones y restituir la identidad e historia individual a numerosas personas y familias", replicó Duhalde. Felipe y Marcela había solicitado en todo momento cotejar las muestras de ADN con solo dos familias en el Cuerpo de Peritos Forenses, que depende de la Corte Suprema.

Para negar la influencia del Poder Ejecutivo en el BNDG, el funcionario explicó que "hasta tanto se complete el proceso de implementación de la Ley 26.548 aprobada por el Congreso a finales de 2009, el BNDG continúa desarrollando sus actividades en la órbita metropolitana, es decir en el Hospital Carlos A. Durand dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del ingeniero Mauricio Macri".

Sobre la metodología de la comparación, también cuestionada en la solicitada de los Noble, Derechos Humanos asegura que "la nueva regulación para el BNDG jerarquiza su actuación, incorpora modernos criterios científicos, suma garantías y requisitos para acceder a sus cargos y agrega mecanismos de control internos y externos". Y agrega que el artículo 8 de la norma prevé "específicamente" la posibilidad de "fiscalizar" sus actividades a partir de la intervención de peritos de parte, como reclaman Felipe y Marcela.

En el final, Duhalde destaca los avances en el enjuiciamiento de personas responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, en la recuperación de la identidad de chicos apropiados y en la adopción de nuevas leyes. Antes de firmar el comunicado, concluye que "lo antes expuesto señala la arbitraria descalificación pretendida por los firmantes de la mencionada solicitada".