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La Haya anunciará el martes el fallo por la papelera Botnia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciará el martes el fallo sobre la construcción en Uruguay de la pastera en un río fronterizo con Argentina. Polémica
16 de abril de 2010
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer el martes su fallo sobre la construcción en Uruguay de una pastera en un río fronterizo con Argentina, un diferendo medioambiental que ha contaminado las relaciones entre los dos países rioplatenses en el último lustro.

La máxima instancia judicial de la ONU, radicada en La Haya, convocó a las partes a las 15:00 hora local (10 de la mañana, hora argentina) para una sesión pública en la que está llamada a dictaminar si Uruguay violó, como lo afirma Buenos Aires, el tratado bilateral sobre el uso compartido del río Uruguay al instalar la f brica de celulosa de la finlandesa Botnia, sin consulta previa con su vecino.

Buenos Aires, que presentó su demanda en mayo de 2006, estima que la pastera está provocando daños medioambientales irreversibles al río y pone en peligro la salud de los habitantes de las localidades fronterizas de Gualeguaychú y el balneario de Ñandubaysal, movilizados contra la fábrica.

Uruguay defiende la inocuidad de la actividad industrial, pero la Argentina reclama al tribunal que ordene "el desmantelamiento" de esta fábrica que emplea a unas 200 personas y dispone de una capacidad anual de más de un millón de toneladas de pasta de celulosa, extraída de los bosques de eucaliptus.

Cautos, los presidentes uruguayo, José Mujica, y argentina, Cristina Kirchner, coincidieron en "esperar y respetar el resultado del fallo", al reunirse a principios de mes en Buenos Aires, según el canciller argentino, Jorge Taiana.

La consejera legal de la cancillería argentina, Susana Ruiz Cerutti, que representa a su país en esta causa, afirmó abiertamente tener "mucha confianza" en que la CIJ falle en su favor, pese a admitir la posibilidad de que el dictamen sea una resolución "intermedia".

Ruiz Cerutti no descarta por ejemplo que la corte no obligue a Uruguay a demoler la f brica -propiedad desde diciembre pasado de la finlandesa UPM-, pero le fuerce a modificar su tecnología de funcionamiento.

La CIJ dar "una de cal y una de arena", auguró en ocasiones pasadas el presidente Mujica.

También los habitantes de Gualeguaychú seguir n expectantes el fallo, d ndose cita en el puente fronterizo que une su ciudad con la uruguaya Fray Bentos, bloqueado por los ambientalistas del lado argentino desde noviembre de 2006.

El bloqueo de este puente, uno de los tres que conecta ambos países, ha causado perjuicios a los intercambios económicos que se daban entre las poblaciones ribereñas, así como al turismo uruguayo, muy dependiente de los veraneantes argentinos.

La demanda interpuesta por Argentina ante la CIJ reprochaba a Uruguay haber autorizado "unilateralmente" la construcción de dos fábricas de celulosa a orillas del río de soberanía compartida, violando el estatuto bilateral de 1975.

Una de las dos plantas nunca vio la luz: su propietario, el español Ence, cambió de planes, vendiendo su proyecto al consorcio sueco-finland‚s Stora-Enso y al chileno Arauco, que planean construir una f brica más al sur, en Punta Pereira (Colonia).

Paralelamente a su demanda de fondo, Argentina solicitó al tribunal ordenar por medio de medidas cautelares la suspensión de las obras, algo que éste rechazó en julio de 2006.

Cuatro meses más tarde, Uruguay contraatacó y recurrió a La Haya para que obligara a su vecino a poner fin al bloqueo del puente, pero tambi‚n esa vez el dictamen fue negativo.

A mediados de 2009, la delegación argentina encabezada por Ruiz Cerutti, y la uruguaya, liderada por el embajador en Estados Unidos, Carlos Gianelli, desplegaron a lo largo de doce audiencias todo su arsenal argumentativo para convencer a los magistrados de La Haya. A su término, el caso quedó visto para sentencia.

El diferendo por la pastera, adem s de envenenar las relaciones al más alto nivel entre ambos países, adquirió una dimensión internacional cuando el rey Juan Carlos de España aceptó a fines de 2006 facilitar una salida al conflicto, aunque esas gestiones se abandonaron al año siguiente.