Más dolores de cabeza por el canje de deuda, que ya se había postergado al menos hasta la semana próxima.

La justicia neoyorquina sorprendió al Gobierno con una nueva e inesperada orden de Thomas Griesa, el juez que nuclea todas las causas del país contra el default, quien por estas horas evalúa si frena judicialmente o no la realización del canje de la deuda en los Estados Unidos.

A raíz de una presentación de pequeños bonistas que litigan allí a través de una acción colectiva, en menos de 24 horas el magistrado intimó a la Argentina a presentarse a declarar a una audiencia prevista para hoy a las 17. 30 hora argentina. En concreto, el juez le demandó al país que le dé argumentos de "porqué no debería la Corte emitir una orden de bloqueo y prohibición" para que la Argentina "consume la oferta del canje de deuda", o tome cualquier iniciativa que afecte a los demandantes de la acción de clase en cuestión.

Fuentes de Economía indicaron a Clarín que el equipo de abogados asistirá a la audiencia, y que expondrán las "razones por las cuales el canje debería seguir adelante". Según su interpretación de la orden judicial, no ven a priori un cambio de actitud en Griesa, quien hasta ahora se mostró favorable a que la Argentina presente su propuesta para salir del default.

Los bonistas demandantes lograron una sentencia colectiva por la que dicen representar a tenedores por 2.200 millones de dólares. No son los denominados fondos buitre -que mantienen en paralelo sentencias individuales por cerca de 3.100 millones de dólares-, sino pequeños y medianos inversores de los Estados Unidos, la Argentina y algunos pocos italianos. Ante la inminencia del canje, tratan de presionar ante Griesa denunciando que no fueron invitados a negociar la oferta que la Argentina está por lanzar.

Agregaron como nuevas pruebas el levantamiento de la Ley Cerrojo y su tratamiento en el Congreso, que no toma en cuenta las causas judiciales en los Estados Unidos, y denuncian mala fe en las negociaciones de deuda.

Al respecto, buscaron recolectar evidencias de que el Ejecutivo comenzó a negociar esta oferta con los grandes fondos desde diciembre de 2007, cuando no estaba habilitado por la misma Ley cerrojo que luego fue modificada, en noviembre de 2009.

A la vez, este grupo pide frenar el canje debido a que mantiene una causa abierta en los EE. UU. donde mantiene embargados bonos viejos en default que descansan en una cuenta en Nueva York, desde el megacanje de Domingo Cavallo.

El razonamiento de los bonistas es que si se realiza el canje esos bonos depositados allí perderán valor. Por eso, piden ser escuchados con sus propuestas.

Habrá que ver si Griesa les da lugar. Por lo pronto, en el fallo emitido la semana pasada, donde confirmó el embargo sobre 100 millones de reservas en EE. UU, consideró que el país actuaba de mala fe y que discriminaba a los acreedores que litigaban en los Estados Unidos.

Su fallo se emitió luego de que la Argentina realizó el primer pago de deuda con reservas del Banco Central.

Cuando la presidenta Cristina Kirchner había anunciado en la cumbre de la ONU en el 2008 que la Argentina tenía voluntad de reabrir el canje de la deuda del 2005, deslizó que habían sido los mismos acreedores los que le acercaron una oferta que era beneficiosa para el país.

Pese a que aún no se conoce la propuesta definitiva, la premisa es que se garantizará que la misma resulte peor que la del 2005, desde la perspectiva de los bonistas.

Hasta ayer las consultoras evaluaban que la misma resultará en una quita de 50%, y que sin las zanahorias de los cupones al PBI la misma igual gozaría de un piso de aceptación alto.