La AFIP impulsará un proyecto de ley para que se prohíba el pago en efectivo en todas las operaciones inmobiliarias.

La iniciativa forma parte de la ofensiva encarada por el organismo de recaudación para reforzar los controles sobre la actividad inmobiliaria.

"Esta va a ser una de nuestras prioridades en 2007, porque este sector suele ser caldo de cultivo para el lavado de dinero", señaló el titular de la AFIP, Alberto Abad, en diálogo con Clarín.

"Queremos que este mercado opere de manera más transparente y que se declaren los valores reales que se negocian", agregó el funcionario.

La ley que está en vigencia exime a estas operaciones de la obligación de cancelar con instrumentos financieros toda obligación superior a 1.000 pesos. A partir de esa cifra, deben utilizarse, por ejemplo, cheques, tarjetas de débito o crédito, o transferencias bancarias. Menos para comprar un inmueble.

Abad quiere aprovechar el boom inmobiliario que se desató a partir del fin de la convertibilidad y que continúa a todo vapor. "¿Cuándo quieren que controle? ¿Cuándo el mercado está en recesión y no hay operaciones?", replica cuando se lo consulta sobre los riesgos de que los excesivos controles desinflen la burbuja de inversión.

Según el jefe de la AFIP, el panorama pinta doblemente atractivo.

Además de combatir el lavado de dinero, considera que la ocasión le permitiría mejorar la recaudación de varios impuestos: Bienes Personales, Ganancias y el devaluado Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, más conocido por su sigla ITI.

Es porque esto hará más difícil escriturar las propiedades por un valor inferior al negociado.

Es una costumbre que, según las cifras de Abad, queda reflejada en los siguientes datos: en 2005 hubo unas 75.000 operaciones inmobiliarias en todo el país por un valor promedio de 80.000 pesos. Un precio muy bajo que contrasta con sólo mirar las ofertas que se publican en los diarios, dice.

"Cuando la operación quede registrada en el banco no se podrá escriturar por menos. Y tampoco se podrá obviar tan fácilmente en la declaración jurada de Ganancias y de Bienes Personales", explica Abad.

En cuanto al tercer impuesto en discordia, el ITI, está vigente un nuevo mecanismo de control desde el miércoles pasado. Ahora, el vendedor está obligado a tramitar un certificado especial ante la AFIP para quedar eximido de pagarlo.

Allí declara que usará el dinero obtenido para comprar otro inmueble donde habitar. En caso de no contar con ese papel, se considerará que la operación se hace como una simple inversión. Y el escribano le hará una retención equivalente al 1,5 por ciento del valor de venta de la propiedad.

Este nuevo procedimiento alcanza a todas las operaciones pactadas por valores superiores a 80.000 pesos (unos 25.800 dólares) y se tramita por Internet (ver Los pasos que hay que dar).

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires consideró que este nuevo instrumento resultaría "engorroso", por falta de costumbre de los usuarios. Y pidió formalmente a la AFIP que postergara su entrada en vigencia. Pero no tuvo éxito.