Primero se habló de un pedido de detenciones, pero luego se aclaró que por ahora sólo se trata de un trámite burocrático.

El titular del Juzgado Federal de San Rafael, Héctor Acosta, solicitó individualizar los domicilios particulares de María Estela Martínez de Perón y algunos ex ministros de su gestión presidencial, en el marco de la investigación que sigue por la
desaparición forzosa de personas durante la última dictadura militar.

Entre los domicilios solicitados por el juez a la Policía Federal se destacan los del actual legislador nacional y ex ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf; Angel Federico Robledo, ex ministro del Interior (fallecido); Manuel Arauz Castex, ex
canciller; Tomás Vottero, ex ministro de Defensa, Carlos Emery, ex ministro de Bienestar Social; y Antonio Cafiero, ministro de Economía en los años 1975 y 1976, en remplazo de Celestino Rodríguez.

"El juez federal sólo nos pidió individualizar los domicilios particulares de estas personas, pero en ningún momento libró orden de detención", aclaró esta mañana a Télam el subcomisario de la Policía Federal de San Rafael, Gustavo Goldar.
El pedido judicial surgió luego de la detención, el 18 de octubre pasado, de Pierino David Masachessi, ex comisario y Jefe
de la División Infantería en San Rafael en la década del '70, quien intervino en la desaparición de Héctor Fagetti, ocurrida en
1976 durante el período constitucional días antes que asumiera el gobierno de facto.

"Fagetti fue detenido el 25 de febrero de 1976 y supuestamente puesto en libertad, ya que su cuerpo nunca apareció con vida, el 10 de marzo de ese mismo año, o sea escasos días antes de que ocurriera el golpe", informó en su momento el propio Acosta, quien hoy no dio mayores detalles de posibles nuevas detenciones por "estricto secreto sumarial".

Sin embargo, el juez investiga la responsabilidad directa que tuvieron los integrantes del gobierno nacional en el dictado de los decretos 2.770, 71 y 72 de 1975.

A través de ellos se constituyó un Consejo de Seguridad Interna y se facultó a los gobiernos provinciales a suscribir convenios que colocaban "bajo su control operacional" al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales que les fuesen requeridos por el citado Consejo "para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión".

Según cree el juez sanrafaelino, en el gobierno constitucional se aplicaba "la misma metodología de otras detenciones, lo que habla de un posible conocimiento del Poder Político de entonces, al mando de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón", dijo a Télam el juez.

Hasta el momento, Acosta dictó prisión preventiva en la causa que investiga por "privación ilegítima de la libertad agravada" al teniente coronel retirado Aníbal Alberto Guevara Molina; el comisario general retirado Raúl Alberto Ruiz Soppe; el comisario retirado Daniel Enrique López Bernales; y el ex comisario José Martín Mússere.

Todos están acusados de las desapariciones de Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandoval, Francisco Tripiana, y José Nicanor Eduardo Ortemberg, quienes figuran como liberados en los registros militares pero nunca más se supo de ellos.

Asimismo, procesó al ex teniente coronel Jorge Linares por torturas contra Oscar Scanio, aunque fue excarcelado.