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La Justicia no habilitaría al gobierno el uso de las reservas
La Cámara mantendrá las medidas cautelares; una causa pasará a la Corte y definirá el Congreso. El parlamento comenzará la semana que viene a debatirlo
23 de febrero de 2010
La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo no accedería a liberar el uso de las reservas del Banco Central (BCRA), como pretende el Gobierno: los camaristas concederán el recurso extraordinario y elevarán el caso a la Corte Suprema, pero mantendrán la medida cautelar que impide al Poder Ejecutivo disponer del polémico Fondo del Bicentenario.
El máximo tribunal, por su parte, no apurará una definición judicial, fundamentalmente para permitir que el Congreso de la Nación, durante las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo, tenga la posibilidad de zanjar el debate.
Los camaristas que tienen el caso, Sergio Fernández, Luis Márquez y Jorge Morán, están en la mira del Gobierno y, ante un inminente desenlace, el radicalismo recusó ayer a los dos primeros, por su proximidad con el oficialismo.
Si la Cámara resolviese en aquel sentido, como se prevé que lo haría esta semana, el conflicto que en diciembre desató el decreto 2010/09 de la presidenta Cristina Kirchner, que evitó la intervención del Congreso, volvería a encontrar su cauce político natural.
Aunque el desenlace para el Gobierno será incierto, ante la pérdida de poder del oficialismo en ambas cámaras del Congreso.
De cualquier modo, ése sería el correcto desenlace institucional para una confrontación que estuvo teñida por una maniobra oficial que amenazó con apropiarse de US$ 6500 millones de las reservas del BCRA para darles un uso político.
El Congreso, a partir de la semana próxima, podría ejercer su función de control político y discutir sobre el DNU o bien acordar sobre la base de un proyecto de ley.
Cuando una de las partes en un juicio es el Gobierno, nunca está dicha la última palabra hasta que se dicte la sentencia. Pero varias razones priman para favorecer este resultado.
El máximo tribunal, por su parte, no apurará una definición judicial, fundamentalmente para permitir que el Congreso de la Nación, durante las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo, tenga la posibilidad de zanjar el debate.
Los camaristas que tienen el caso, Sergio Fernández, Luis Márquez y Jorge Morán, están en la mira del Gobierno y, ante un inminente desenlace, el radicalismo recusó ayer a los dos primeros, por su proximidad con el oficialismo.
Si la Cámara resolviese en aquel sentido, como se prevé que lo haría esta semana, el conflicto que en diciembre desató el decreto 2010/09 de la presidenta Cristina Kirchner, que evitó la intervención del Congreso, volvería a encontrar su cauce político natural.
Aunque el desenlace para el Gobierno será incierto, ante la pérdida de poder del oficialismo en ambas cámaras del Congreso.
De cualquier modo, ése sería el correcto desenlace institucional para una confrontación que estuvo teñida por una maniobra oficial que amenazó con apropiarse de US$ 6500 millones de las reservas del BCRA para darles un uso político.
El Congreso, a partir de la semana próxima, podría ejercer su función de control político y discutir sobre el DNU o bien acordar sobre la base de un proyecto de ley.
Cuando una de las partes en un juicio es el Gobierno, nunca está dicha la última palabra hasta que se dicte la sentencia. Pero varias razones priman para favorecer este resultado.