La Coalición Cívica denunció a Néstor y Cristina Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito a partir de la compra de dos millones de dólares en octubre de 2008.

La presentación de la CC recayó en el juzgado de Claudio Bonadío e intervendrá el fiscal Gerardo Di Masi.

En la denuncia se acusa tanto a la Presidenta como a su marido de haber cometido el delito previsto en el artículo 268 del Código Penal. En su inciso primero, el artículo contempla sanciones para el funcionario público "que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo". Prevé penas de entre uno y seis años de prisión.

El objetivo de fondo de la denuncia de la Coalición Cívica es que sirva para que la Justicia vuelva a investigar el crecimiento de la fortuna personal de los Kirchner.

Es que la compra de dólares del matrimonio que ayer el Gobierno terminó por reconocer se dio justamente en el año en el que el crecimiento patrimonial de la pareja fue de más de 28 millones de pesos, lo que derivó en una causa judicial que cerró a fin del año pasado el juez federal Norberto Oyarbide.

Tanto los nuevos hechos (la compra de dólares) como la supuesta existencia de un nuevo delito son los elementos que técnicamente se requieren para que la Justicia evalúe la posibilidad de abrir un nuevo expediente. En ellos se basó la fuerza que lidera Elisa Carrió para pedir que así sea.

Ocurre que en la causa que cerró Oyarbide se investigaba a los Kirchner por el mismo artículo del Código Penal (268), pero por el inciso 2, que prevé sanciones para el funcionario "que no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo público".