La designación del coordinador general del COMFER, Luis Lazzaro, como coordinador general de la nueva Autoridad Federal -que reemplaza al COMFER- corre riesgos de no concretarse, por un posible tráfico de influencias con su pareja, Susana Pachecoy, que se convirtió en una de las abogadas que más expedientes gestiona en el organismo.

Lazzaro asumió en el COMFER en junio de 2008. Al mes siguiente, Pachecoy consiguió que una asociación mutual cambiara de apoderados y la designara a ella como representante ante el COMFER para gestionar la entrega de licencias de radios en Santa Fe. Esta metodología se habría reiterado en Pachecoy, que desde junio de 2008 gestionó 852 trámites --según el registro que el COMFER tiene en Internet-- y se convirtió en una de las principales apoderadas de quienes realizan trámites ahí.

El caso de la mutual fue denunciado por Alejandro Pereyra, quien le explicó a Clarín que él y María Ferreyra eran los "apoderados representantes" de la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe, desde fines del año 2006, cuando pidieron 24 licencias de radios.

Según Pereyra --y consta en el expediente 2612/06--, "luego de cumplir una serie de requisitos el COMFER empezó a otorgar varias de esas licencias, hasta que el 23 de julio de 2008", al mes de haber asumido Lazzaro, "se presentó Pachecoy como nueva apoderada de esta asociación mutual, sin que nadie nos informara que habíamos dejado de ser sus apoderados". Pereyra presentó un escrito donde acusó a la pareja de Lazzaro de una "posible comisión de falta grave en violación del Código de Etica" profesional, pues la acusaba de haberse quedado con su cliente.

La mutual quizá comprendió que luego de casi dos años de trámites en el COMFER, nadie mejor que la pareja del coordinador general para agilizarlos, en un organismo donde hay trámites que pueden durar hasta 10 años.

Todos los expedientes del COMFER pasaban por el sector de Lazzaro, quien era el segundo funcionario en importancia , luego de Gabriel Mariotto.

Para Manuel Garrido, director del CIPPEC --y ex fiscal administrativo--, "se debe analizar si hay conflicto de interés o tráfico de influencias, en función del artículo 256 Bis del Código Penal y la Ley de Etica Pública". Para determinarlo, deberían "intervenir la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas".

Lazzaro respondió a la primera información publicada sobre este tema el sábado por Clarín con una carta abierta que envió a un foro oficialista (ver "El enojo de los funcionarios"), en la que dijo que Pachecoy, "mi mujer desde 2001", ya era "especialista en radiodifusión y tramitaba decenas de expedientes en el COMFER en 2001". Sin embargo, en ese año Pachecoy realizó sólo tres trámites en ese organismo, según el registro que el COMFER puso en Internet. Ese ritmo se mantuvo, y hasta junio de 2006 había hecho 34 trámites allí.

Lazzaro afirmó en su carta que hizo circular entre sectores oficialistas, que "mi llegada al organismo fue, en todo caso y a los efectos de su labor (la de Pachecoy), más una complicación que un beneficio: suponía una alta exigencia de cumplimiento profesional".

Pero Pachecoy no tuvo muchas "complicaciones". Un caso fue el de Pereyra, que denunció que les quitaron la representación de una mutual, al mes de haber asumido Lazzaro. Además, Pachecoy tramitó algunas de las recientes adjudicaciones de radios FM en Chaco --de donde es originaria--, que fueron favorecidas con una duración de las licencias mayor a la establecida por la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.