El Gobierno nacional denunció hoy ante la Justicia Federal al diputado del PRO Federico Pinedo, y a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José
Sarmiento por presunta "estafa procesal", a raíz de que el legislado fue el primero en pedir que se frenara el uso de reservas del Banco Central, y la magistrada hizo lugar.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien explicó que se acusa a Pinedo por "frenar y poner una coloración que no tiene que tener" a la creación del denominado Fondo del Bicentenario.

"Lo preocupante es saber cuál es el objetivo final" de este tipo de presentaciones que realizó Pinedo y a los que hizo lugar la jueza, a quien tildó como "partícipe necesaria" de la estafa procesal.

Esa denuncia recayó en el juzgado federal Nº 10, y mañana el fiscal federal, quien ya recibió la presentación, tiene previsto dictaminar si corresponde o no impulsar la investigación.

En cambio, el fiscal Marijuan sí impulsó hoy la investigación en la causa en que el gerente del Banco Central, a cargo del área de asuntos jurídicos de la entidad, Marcos Moises, denunció a Redrado por presunto "abuso de poder".

Marijuan solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa, una serie de medidas de prueba para determinar la veracidad de la acusación de Moises, quien aseguró que tras la remoción de Redrado fue ascendido, y cuando el funcionario retornó
a la entidad bancaria lo sacó de su cargo por decreto.

Por ello, el fiscal Marijuan solicitó al juez que pida los decretos firmados por Redrado luego de ser restituido en su cargo por decisión de la jueza Sarmiento, ante la sospecha que lo denunciado por Moises se habría repetido para con otros miembros
del Central.

A su vez, pidió a Canicoba Corral que solicite los legajos de personal de la entidad.

El jefe de Gabinete cuestionó hoy que "todo lo que pide Pinedo la jueza se lo concede", en la segunda presentación que realizó el diputado "pide, a partir de haber transformado en ordinario, recusar sin causa a uno de los camaristas".

"Vemos un amparo que pretende frenar una medida" y que después "transforma en ordinario un amparo", lo que es "incompatible, algo que la ley no lo permite", puntualizó el ministro.

Asimismo, remarcó que "recusar sin causa al juez no lo hubiera podido hacer si la jueza no hubiera concedido cada una de estas acciones", por lo que "la propia denuncia (que presenta el gobierno) dice que la jueza es un partícipe necesario".

"Es imposible que exista un amparo ligado a una causa ordinaria", se quejó Fernández, y agregó que "ahí uno empieza a darse cuenta del objetivo que se perseguía" y que se trata de "un ardid que nos preocupa y mucho".

En cuanto a los mensajes que este tipo de situaciones lleva a los mercados, indicó que "pagar vamos a pagar" y que "nadie puede dudar" de ello.

"El Gobierno las deudas 2010 las paga", aseguró Fernández, y remarcó la "necesidad de enviar mensajes concretos al mercado".

"Tenemos muy en claro cuál es la visión del Gobierno: garantizar que no nos pase lo que nos pasó en 2009 en los mercados", agregó el jefe de ministros.

Y concluyó que con el pago de deuda con reservas se logra "previsibilidad, baja de interés para el Estado y los privados y un ahorro de 840 a 900 millones de dólares para el país".