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Presentan propuesta contra la inseguridad en el Congreso
Políticos, académicos y referentes sociales proponen estrategias que rechazan la mano dura, en lo que parece una crítica a Scioli. Los firmantes van desde la CGT a las Abuelas de Plaza de Mayo
29 de diciembre de 2009
El “Acuerdo para la Seguridad Democrática” será presentado hoy en el Congreso en una iniciativa multisectorial que, sin nombrarla, critica la gestión del gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. Plantea fijar principios básicos para la construcción de una política de Estado que brinde una respuesta al problema con una mirada “democrática y profesional”.
“Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia”, sostiene el documento firmado por un amplio espectro político que va desde el presidente de bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, pasando por los radicales Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín, los independientes Claudio Lozano y Martín Sabbatella y el peronista disidente Felipe Solá. También la apoyan el gobernador chaqueño Jorge Capitanich; el líder de la CTA, Hugo Yasky, y el titular de la CGT, Hugo Moyano. También lo firman el CELS, la Comisión por la Memoria y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.
“La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura. Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados”, afirma el escrito, que también acompañan referentes religiosos, culturales, sociales, organizaciones de familiares de víctimas, académicos y expertos como los ex funcionarios Carlos Arslanian y Marcelo Saín.
El documento esta separado en 10 puntos, en uno de ellos se hace referencia a que la sanción y prevención del delito requiere de “un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de ‘estados mayores policiales’ autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática”. Scioli designó al frente de la Policía a un hombre de la fuerza, borrando de un plumazo la reforma policial llevada adelante por Arslanian. En el documento se habla de procesos “interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso”.
“Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir a los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la inseguridad”, sostienen los firmantes del documento que se difundirá este martes, según adelantó el diario Crítica de la Argentina.
“Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia”, sostiene el documento firmado por un amplio espectro político que va desde el presidente de bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, pasando por los radicales Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín, los independientes Claudio Lozano y Martín Sabbatella y el peronista disidente Felipe Solá. También la apoyan el gobernador chaqueño Jorge Capitanich; el líder de la CTA, Hugo Yasky, y el titular de la CGT, Hugo Moyano. También lo firman el CELS, la Comisión por la Memoria y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.
“La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura. Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados”, afirma el escrito, que también acompañan referentes religiosos, culturales, sociales, organizaciones de familiares de víctimas, académicos y expertos como los ex funcionarios Carlos Arslanian y Marcelo Saín.
El documento esta separado en 10 puntos, en uno de ellos se hace referencia a que la sanción y prevención del delito requiere de “un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de ‘estados mayores policiales’ autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática”. Scioli designó al frente de la Policía a un hombre de la fuerza, borrando de un plumazo la reforma policial llevada adelante por Arslanian. En el documento se habla de procesos “interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso”.
“Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir a los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la inseguridad”, sostienen los firmantes del documento que se difundirá este martes, según adelantó el diario Crítica de la Argentina.