La primera derrota judicial de la ley de medios desató fuerte nerviosismo y preocupación en el gobierno de Cristina Kirchner, porque descuenta que el conflicto llegará a la Corte Suprema, que podría invalidar la norma.

Por eso el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, en otra descalificación al Poder Judicial, acusó al juez que dictó ese fallo, Edmundo Carbone, de "no estar en sus cabales" y de "no tener competencia" sobre el asunto.

Sugirió, incluso, que actuó por presiones del Grupo Clarín, impulsor de la acción contra la ley de medios. "Lo que dicen en las cercanías de este señor es que la presión por parte del monopolio ha sido altísima", dijo.

También, el ministro de Justicia, Julio Alak, consideró a la medida cautelar "sorprendente y extraña", al tiempo que vaticinó que "seguramente será revocada".

Ante un recurso de Clarín, la medida cautelar del juez civil y comercial Carbone suspendió los artículos 41 y 161 de la ley de medios. Son los que obligan a los grupos empresarios a vender compulsivamente en el plazo de un año las señales de radio y televisión que excedan el número permitido en la ley sin invocar derechos adquiridos.

Esos artículos fueron considerados inconstitucionales, retroactivos, y violatorios del derecho a la propiedad privada.

Según confirmó a LA NACION el presidente del nuevo Comfer, Gabriel Mariotto, el Gobierno apelará ante la Cámara Civil de la Capital Federal en el plazo obligatorio de cinco días. En ello trabaja la Autoridad Federal de Medios, de Mariotto, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

"El conflicto llegará a la Corte Suprema el año próximo. Acá la guerra es por el plazo de un año. Los medios quieren que no rija durante el gobierno de los Kirchner", confió una alta fuente de la Casa Rosada.

Se comenta el profundo malestar del ex presidente Néstor Kirchner con la Corte. Algunos de sus miembros, como Carmen Argibay y Carlos Fayt, acusaron a Aníbal Fernández de interferir en un fallo judicial sobre el conflicto en el gremio de aeronavegantes. Y el máximo tribunal se enfrentó al Gobierno al disponer la libertad sindical, que afecta a uno de los principales aliados de Balcarce 50, Hugo Moyano.

"Si bien el fallo de Carbone era una medida cautelar, seguramente habrá muchas presentaciones del Grupo Clarín, y algunas llegarán a la Corte", confiaban en Balcarce 50, donde admitían haber sentido el primer traspié de peso en el asunto.

Aníbal Fernández acusó al juez Carbone de que "no tiene competencia para poder hacer este tipo de acciones". Y aseguró que el magistrado renunció el 6 de noviembre y termina su función el 31 del actual. "Es absolutamente llamativo. Nadie en sus cabales hace esto faltando apenas 15 días para retirarse", se quejó.

Había convocado a la prensa en la Casa Rosada para refutar a quienes lo acusaban de interferir en fallos judiciales. Sin embargo, terminó enredándose en una nueva intromisión: fue lapidario con Carbone. "Fue un funcionario de los gobiernos de Onganía, Levingston y Lanusse, en el Ministerio del Interior, como director de Asuntos Jurídicos", dijo. "A partir de 1980 fue designado juez", agregó.