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Desplazaron al primer comisario de la Policía Bonaerense
Se trata de Marcelo Andrade, quien estaba a cargo de combatir el robo de automotores. Stornelli acusó a policías de "instigar crímenes para desestabilizar"
16 de diciembre de 2009
El comisario inspector Marcelo Andrade fue relevado de su cargo por su pasado en la División Sustracción Automotores de la policía bonaerense a raíz de la denuncia del plan desestabilizador presentada por el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli.
Andrade, quien fue separado de su cargo por decisión del ministro, estaba desde mediados de noviembre a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mercedes, pero el resto del año estuvo al frente de la división de la fuerza que investiga el robo automotor.
Además, Stornelli decidió que el comisario Oscar Desiderio se haga cargo del distrito de Ensenada. Así, reemplazará al comisario inspector Fernando Grasso, quien fue enviado a Quilmes. En tanto, como nuevo jefe de la comisaría 1a. de Ensenada quedó el comisario José Paniagua.
Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro fueron asesinadas en el conurbano cuando les quisieron robar sus autos y el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denunció que los tres crímenes “podrían haber sido instigados por personal policial en actividad, en retiro o exonerados” con el “objetivo de desestabilizar” al gobierno de Daniel Scioli.
Así lo dijo en una denuncia realizada este martes que recayó ante el fiscal Marcelo Romero. De esa forma puso por escrito algo que se repetía en el ámbito político: que la ola de homicidios estaba impulsada por sectores de la fuerza de seguridad a los que les había cortado un negocio. Algo así como el retorno de la Maldita Policía. El ministro se encuentra en la cuerda floja, tras el papelón policial en la búsqueda de la familia Pomar.
Stornelli dijo en la denuncia, a la que accedió Crítica de la Argentina, que el “modus operandi” consistiría en “el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria” para que cometan esos hechos violentos. Cuando el juez de La Plata Luis Arias denunció el 8 de mayo que la Bonaerense reclutaba menores para delinquir, Stornelli respondió al funcionario judicial y le pidió explicaciones. Ahora cambió de parecer. Según el ministro, todo comenzó el 16 de noviembre con la decena de medidas que tomó en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, la repartición que investiga el robo de coches y administra las plantas verificadoras donde se realizan los trámites cuando se vende un rodado para determinar que no sea robado.
Stornelli denunció que la seguidilla de crímenes se produjo luego del 16 de noviembre, cuando decidió tomar medidas en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, que “habría cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo”. El ministro evaluó que esta situación “habría sido mal recibida” tanto por policías y civiles que fueron relevados de sus cargos. A su entender, como a partir de los cambios las maniobras no se podían seguir realizando, se hizo “un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías de la provincia de Buenos Aires, retirados o exonerados”.
“Casi como pergeñado, todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante –maestras o profesionales con múltiples contactos sociales– que automáticamente motorizaban multitudinarias marchas con claras infiltraciones”, consideró Stornelli. En su escrito, el ministro señaló la “nefasta cronología de los hechos” a partir de la “decisión política de auditar e intervenir” el área dedicada al robo automotor.
Andrade, quien fue separado de su cargo por decisión del ministro, estaba desde mediados de noviembre a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mercedes, pero el resto del año estuvo al frente de la división de la fuerza que investiga el robo automotor.
Además, Stornelli decidió que el comisario Oscar Desiderio se haga cargo del distrito de Ensenada. Así, reemplazará al comisario inspector Fernando Grasso, quien fue enviado a Quilmes. En tanto, como nuevo jefe de la comisaría 1a. de Ensenada quedó el comisario José Paniagua.
Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro fueron asesinadas en el conurbano cuando les quisieron robar sus autos y el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denunció que los tres crímenes “podrían haber sido instigados por personal policial en actividad, en retiro o exonerados” con el “objetivo de desestabilizar” al gobierno de Daniel Scioli.
Así lo dijo en una denuncia realizada este martes que recayó ante el fiscal Marcelo Romero. De esa forma puso por escrito algo que se repetía en el ámbito político: que la ola de homicidios estaba impulsada por sectores de la fuerza de seguridad a los que les había cortado un negocio. Algo así como el retorno de la Maldita Policía. El ministro se encuentra en la cuerda floja, tras el papelón policial en la búsqueda de la familia Pomar.
Stornelli dijo en la denuncia, a la que accedió Crítica de la Argentina, que el “modus operandi” consistiría en “el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria” para que cometan esos hechos violentos. Cuando el juez de La Plata Luis Arias denunció el 8 de mayo que la Bonaerense reclutaba menores para delinquir, Stornelli respondió al funcionario judicial y le pidió explicaciones. Ahora cambió de parecer. Según el ministro, todo comenzó el 16 de noviembre con la decena de medidas que tomó en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, la repartición que investiga el robo de coches y administra las plantas verificadoras donde se realizan los trámites cuando se vende un rodado para determinar que no sea robado.
Stornelli denunció que la seguidilla de crímenes se produjo luego del 16 de noviembre, cuando decidió tomar medidas en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, que “habría cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo”. El ministro evaluó que esta situación “habría sido mal recibida” tanto por policías y civiles que fueron relevados de sus cargos. A su entender, como a partir de los cambios las maniobras no se podían seguir realizando, se hizo “un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías de la provincia de Buenos Aires, retirados o exonerados”.
“Casi como pergeñado, todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante –maestras o profesionales con múltiples contactos sociales– que automáticamente motorizaban multitudinarias marchas con claras infiltraciones”, consideró Stornelli. En su escrito, el ministro señaló la “nefasta cronología de los hechos” a partir de la “decisión política de auditar e intervenir” el área dedicada al robo automotor.