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La Pampa aprobó la creación de un registro de violadores
La Cámara de Diputados de esa provincia apoyó el diseño de un banco de datos de los condenados por delitos contra la integridad sexual, con el fin de evitar más ataques
11 de diciembre de 2009
La Cámara de Diputados de La Pampa apoyó el diseño de un banco de datos de los condenados por delitos contra la integridad sexual.
El autor del proyecto, el diputado Mariano Fernández (PJ), dijo que la Procuración General del Ministerio Público será la autoridad de aplicación y que la base de datos estará integrada con los correspondientes a condenados por delitos contra la integridad sexual.
El legislador, al fundamentar su proyecto, dijo que se intenta "proteger a la sociedad y no a los condenados", y que no atenta contra la libertad de las personas.
En la provincia de La Pampa, según estadísticas de los legisladores, actualmente hay unos 20 condenados por delitos sexuales.
Fernández explicó que la norma "no tiene propósitos punitivos", ya que información y antecedentes que formarán el registro serán recogidos, reservados, conservados y eventualmente informados por el máximo tribunal judicial.
Expresó, a su vez, la "prohibición de la utilización de esa información como fuente de discriminación o vulneración de la dignidad y privacidad de persona alguna, en acuerdo al respeto irrestricto de los derechos consagrados en nuestra Constitución".
El autor del proyecto, el diputado Mariano Fernández (PJ), dijo que la Procuración General del Ministerio Público será la autoridad de aplicación y que la base de datos estará integrada con los correspondientes a condenados por delitos contra la integridad sexual.
El legislador, al fundamentar su proyecto, dijo que se intenta "proteger a la sociedad y no a los condenados", y que no atenta contra la libertad de las personas.
En la provincia de La Pampa, según estadísticas de los legisladores, actualmente hay unos 20 condenados por delitos sexuales.
Fernández explicó que la norma "no tiene propósitos punitivos", ya que información y antecedentes que formarán el registro serán recogidos, reservados, conservados y eventualmente informados por el máximo tribunal judicial.
Expresó, a su vez, la "prohibición de la utilización de esa información como fuente de discriminación o vulneración de la dignidad y privacidad de persona alguna, en acuerdo al respeto irrestricto de los derechos consagrados en nuestra Constitución".