La inseguridad sigue al tope de las pesadillas argentinas. Y esta cuestión, que no resulta descabellado describir como de vida o muerte, ha provocado desde hace años una virulenta polémica entre los sucesivos gobiernos y la sociedad. La historia lo dirá cuando le llegue el turno, pero es posible estimar los inicios del delito como extendida cuestión social en el último tramo de la administración menemista, perfectamente contemporánea a la pobreza y a la exclusión crecientes. Y con picos casi lineales, como la crisis de fines del 2001 y lo que siguió.

Se probó de todo -hasta con Aldo Rico-, inútilmente. Tan inútil como la discusión, con visos de eternidad, entre garantistas y predicadores de la mano dura. Se anunciaron planes de todos los colores. Pero todo fue en vano.Un hito lo marcó en el 2006 el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando definió a la inseguridad como una "sensación". Pronto salió a pedir disculpas. "Metí la pata", dijo, y achacó todo a una definición que había sacado de un trabajo universitario. Sin embargo, tiempo después y en un discurso ante la Policía Federal, volvió con el argumento: "Ustedes, como yo, saben que basta cualquier hecho truculento sostenido por más de dos horas en los medios de comunicación, para que de inmediato se empiece a hablar de zonas liberadas al delito, de falta de personal en las calles y entonces, la sensación de inseguridad regresa como un boomerang a instalarse en el imaginario colectivo de nuestra sociedad". Resulta notable cómo el antiguo argumento -del que había arrepentido- es resucitado. Como si ante el fracaso se requiriera reciclar razones desechadas.

El miércoles, en Diputados, Aníbal Fernández sostuvo: "Me remito a los análisis internacionales. La media de América latina habla de 25 homicidios por año cada 100 mil habitantes. ¿Saben cuántos homicidios por año cada 100 mil habitantes tiene la ciudad de Buenos Aires? Tiene 3,9.". Es decir, vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero sucumbimos a una "sensación", producida, según el ministro, por "el punto de vista de lo truculento que ofrecen los medios de comunicación." De vuelta, la dicotomía entre "el imaginario colectivo" y una realidad que suele chorrear sangre.
Al día siguiente, el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, volvió a rezar esas cifras y concluyó en que "los números le otorgan a Argentina una situación privilegiada en América latina", sólo que "se trabaja irresponsablemente para aumentar la sensación de inseguridad". Nos quejamos de llenos, en suma.

El problema es metodológico. Para los expertos, no resulta un índice apto para medir la inseguridad la cantidad de homicidios. El ex futbolista Cáceres sigue sobreviviendo al balazo que tiene en la cabeza. El colectivero baleado el miércoles en Moreno está en terapia intensiva. Juan Pablo Morán, también baleado, vive aunque no tiene sensibilidad del pecho para abajo (ver pág. 60). "El Angel", chico de 14 años con más de 60 entradas en la Policía, no está acusado de ningún crimen.

El índice de homicidios no da idea de lo que ocurre con la inseguridad. Lo da, el de asaltos. Y sobre ése el Gobierno no tiene la deferencia de proporcionarnos cifras. La verdadera sensación que padecemos los argentinos es el puro y simple del pánico ante el robo violento, con riesgo de muerte. Y eso es lo que se ha multiplicado durante los últimos años.

Pero supongamos, por un alucinado momento, que se alumbrara el mundo ideal con el que sueña el Gobierno. Una Argentina en la que la prensa libre no proporcionara noticias sobre asesinatos, secuestros, asaltos.

¿Ese escenario eliminaría la inseguridad? ¿La ausencia de circulación informativa garantizaría una merma del delito? Salvo que nos refugiemos en el puro pensamiento mágico, la lógica no nos llevará a semejante destino.Y entonces, ¿qué se obtendría? Se lograría que la población viviera condenada a la inseguridad pero sin que esa información se socializara. Por lo cual, no podría tomar recaudos para protegerse.Estaríamos inmersos un mundo feliz -como el de Cuba, Birmania o Irán-, donde las catástrofes suceden, pero sólo la elite gobernante puede enterarse.
Una situación así, ¿resulta apetecible para la calidad democrática? Tanto, según la óptica gubernamental, como la ley de control de medios audiovisuales: vivir en una sociedad que no sabe lo que le pasa. O que la información sobre lo que le ocurre se la proporcione el INDEC.

Así, sobreviene la creciente sensación de que se extiende un dramático abismo entre los sueños de la mayoría de los argentinos y los de quienes gobiernan. Pero a no preocuparse, es una sensación, nomás.