El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los dirigentes de las grandes entidades empresariales están subidos al ring. El motivo de la lucha, materializada en fuertes expresiones que vienen y van, es el decreto que elevó -luego de varios años de congelamiento- los montos de las indemnizaciones a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), algo que según las empresas subirá los costos sin solucionar problemas de fondo del sistema, afectado por una alta litigiosidad.

Desde un rincón del cuadrilátero, Tomada emitió ayer un comunicado de nueve páginas, respondiendo al texto suscripto anteayer por la Unión Industrial Argentina, las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Asociación de Bancos de Capital Argentino y la Bolsa de Comercio. También la Sociedad Rural había sumado su voz en contra de la norma.

La cartera laboral, según supo el diario La Nación, acusó principalmente a la UIA de que no se haya llegado a una reforma con acuerdo: "Para ellos consenso implica imposición", señala el escrito, que agrega que "no es cierto" que las gremiales empresarias se preocupen por las pymes -tal como expresaron- ni que hayan propuesto una mejora de las prestaciones. "Nunca lo propusieron y está documentado", dice Trabajo.

Desde su esquina, la UIA respondió con otro comunicado, tras la reunión de la Junta Directiva que preside Héctor Méndez. Allí ratificó que el sector empresario "ha propuesto en reiteradas oportunidades" una actualización de los montos indemnizatorios "pero sin modificar el sistema y la esencia de la ley, como surge del decreto cuestionado". "La vida de innumerables empresas industriales está en peligro", se advierte, tras insistir en que el decreto "defiende" los intereses de la industria del juicio.

La queja se refiere a que la medida sube las prestaciones por varias vías (modifica los cálculos, elimina topes, crea pisos y sube los montos fijos para incapacidades superiores al 50%), pero sin modificar los aspectos de la ley que fueron cuestionados cinco años atrás por la Corte Suprema.

Uno de los aspectos más controvertidos es la pendiente reforma del artículo 39 de la ley, que pretende impedir que los trabajadores amparados por una ART enjuicien a sus empleadores. La versión de Trabajo es que en marzo de 2005 estaba listo un proyecto de ley que, tal como reclamaban los empresarios, contemplaba darle al trabajador la opción entre el cobro de la ART o un juicio (algo que hoy, según el ministerio, no se propondría), pero que los dirigentes "se la perdieron" por cuestionar aspectos del texto. En rigor, aquella iniciativa, que la Casa Rosada nunca decidió enviar al Congreso, era también resistida por la CGT, partidaria de que un accidentado pudiera buscar su indemnización por vía administrativa y judicial.

Aun cuando destaca que el Poder Ejecutivo tiene atribuciones para elevar los montos a cargo de las ART -de hecho las utilizó al dictar el decreto de la semana última, pero no lo hizo en años-, la cartera laboral acusó al sistema de pagar cifras "irrisorias", advirtiendo que la falta de actualización fue lo que provocó los juicios.

El Gobierno también sostiene que el decreto reciente no necesariamente aumentará los costos del seguro. Los empresarios dicen que eso sí ocurrirá y las ART ya lo advirtieron también. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, dijo a LA NACION que en ese sector se estimó que las alícuotas subirían un 35% y quedarían en un rango de entre el 3 y el 10% de los sueldos. A eso se sumaría el costo de una póliza de responsabilidad civil -de entre un 5 o 6%- si la empresa quiere cubrirse de eventuales litigios.

Desde Trabajo se destacó la inclusión de una cláusula para que las superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo promuevan que se evite discriminar a las pymes con los precios de las ART. El comunicado oficial dice que "la única entidad pyme" que estuvo en las negociaciones apoya el decreto, en referencia a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Y reproduce una parte del comunicado que esa entidad emitió ayer, para replicar a quienes rechazan la medida: el escrito, firmado por el presidente de la entidad, Osvaldo Cornide, dice que claramente se beneficia a las pymes.