El Gobierno acelera la aprobación de un decreto para incrementar las indemnizaciones cobradas por los trabajadores que sufren un accidente laboral.

La norma dispondría la eliminación de los topes que hoy rigen para los montos a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). Y además, podría establecerse la vigencia de sumas mínimas garantizadas. Esas medidas significan una respuesta favorable a un reclamo expresado por la CGT y a la vez provocan rechazo en el sector empresario, que aceptaba una suba del tope de las indemnizaciones, pero no su eliminación, dada la suba que eso generaría en el costo del seguro. De todas formas, varios dirigentes se excusaron de opinar, porque si bien ayer recibieron información por parte del ministro de Trabajo, Carlos Tomada -que mantuvo varias reuniones con diferentes entidades-, dijeron no haber leído el proyecto.

Hoy la ley prevé, para la compensación pagada por las ART, un tope de $ 180.000 multiplicado por el porcentaje de incapacidad (en caso de muerte o incapacidad total, la cifra mencionada actúa como máximo). Según el diputado y asesor de la CGT, Héctor Recalde, el Gobierno dispondría ahora que ese mismo monto sea un piso y no un techo. Otras fuentes consultadas señalaron que el ministro se refirió a esa posibilidad, sin señalar que se trataba de una decisión ya tomada.

La medida del Poder Ejecutivo contemplará un aumento de las sumas adicionales a la indemnización principal (que es la que tiene hoy el tope mencionado, y que genera una renta mensual). Esos pagos únicos podrían duplicarse o triplicarse respecto de los actuales. Una posibilidad es que en una incapacidad parcial la cifra suba de $ 30.000 a $ 72.000 y en una incapacidad total, de $ 40.000 a $ 96.000. En el caso de muerte, los familiares recibirían $ 120.000 en lugar de los actuales $ 50.000.

Los cambios, más allá de la falta de consenso entre las partes, mejorarían las prestaciones, pero sin dar solución al problema de fondo que tiene la ley 24.557: varios de sus artículos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema en 2004. Desde entonces, la situación provocó un fuerte incremento de la litigiosidad. Según la queja de los empresarios, eso hizo que el sistema se volviera directamente imprevisible. Tomada expresó, en sus reuniones con empresarios y sindicalistas -según varias fuentes consultadas por LA NACION- que se confía en que la suba de las compensaciones desalentará los juicios.

Desde el sector empresario, sin embargo, se insistió en los últimos tiempos en que para lograr ese objetivo es necesaria la reforma de la ley que apunte a corregir los cuestionamientos de la Corte. Entre ellos, está la pretendida prohibición de que un trabajador inicie una demanda civil contra su empresa cuando recibe la prestación de la ART. La forma de legislar sobre este derecho del trabajador fue uno de los puntos que más controversia provocó e impidió un acuerdo.

El decreto en estudio habilitaría a las empresas para contratar un seguro de responsabilidad civil por las eventuales demandas de sus empleados. Esas coberturas hoy no están permitidas.

Por el despacho de Tomada pasaron ayer el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, junto al asesor laboral Daniel Funes de Rioja, y también los presidentes de las cámaras de la construcción y de comercio, Carlos Wagner y Carlos de la Vega, entre otros ejecutivos. También estuvieron el jefe de la CGT, Hugo Moyano, con el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y el asesor y Héctor Recalde, además del secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko. Ya por la noche, el ministro recibió a las autoridades de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), encabezadas por el presidente de la entidad, Jorge Aimaretti.

Desde el Ministerio no se dio información respecto del contenido de la norma ni de cuándo sería firmada por la presidenta Cristina Kirchner. Según algunos participantes de las reuniones, el ministro anunció que el debate por una reforma amplia de la ley llegaría el año próximo.