Las concesiones de las rutas nacionales con peaje volvieron a quedar en el medio de una fuerte polémica y de una incertidumbre legal que pone en duda la continuidad del sistema.

Los seis concesionarios que operan las rutas más transitadas del país tienen sus contratos vencidos desde el sábado y no cuentan con ninguna norma que los avale para seguir cobrando los peajes.

Ante esa situación de ilegalidad, tres legisladores nacionales de la Coalición Cívica (CC) presentaron ayer en la Justicia una acción de amparo para suspender el cobro de peajes y para que el Gobierno resuelva de una vez si vuelve a llamar a licitación o procede a retomar la explotación de las rutas.

Los diputados Juan Carlos Morán, Adrián Pérez y Elsa Quiroz plantearon en Tribunales que "no existe justificativo para que las empresas que tienen vencidos sus contratos sigan cobrando peajes, atento a que es evidente que el dinero que están recaudando no tiene como fin la construcción y mantenimiento de obras viales".

Tras advertir que la prórroga máxima que podía otorgarse venció el 30 de octubre, Morán destacó que "hoy las concesionarias viales son empresas 'okupas' que están instaladas en 37 estaciones de peaje donde embolsan las tarifas en forma ilegal". La presentación cayó en manos de la jueza federal, María Cristina Carrión de Lorenzo, quien ahora deberá definir si acepta o no el reclamo.

Mientras tanto, desde el Gobierno indicaron que está a la firma de la presidenta Cristina Kirchner un decreto que contiene dos medidas salientes. Por un lado, se aprobará en forma extraordinaria una nueva prórroga de las actuales concesiones hasta marzo de 2010. Y por otro lado, se pondrá en marcha otro intento de reprivatización de los corredores viales.

Pese a los magros resultados que obtuvieron en la convocatoria anterior, los funcionarios de Planificación prevén insistir casi con las mismas reglas de juego iniciales.

La única diferencia es que en vez de 8 serán 7 los corredores viales que estarán en juego ahora. Son los que no tuvieron ofertas admisibles en el primer llamado y que se vuelven a ofrecer a las constructoras privadas.

El único corredor vial que ya tiene asignado su futuro operador es el número 4 que está integrado por distintos tramos de las rutas nacionales 18, 19 , 34 y 38. Se trata del consorcio Corsan Corviam (del grupo español Isolux) y la empresa local CCI, que había presentado una propuesta económica en línea con los parámetros oficiales.

Para el nuevo proceso licitatorio, el ministerio de Planificación que conduce Julio de Vido utilizará un mecanismo muy similar al de la época menemista: se mantendrá los peajes y habrá más tareas y servicios a cargo de los concesionarios. Ahora los nuevos operadores tendrán que realizar el "mantenimiento de rutina" y todas las obras de "mejora, reparación y ampliación". La diferencia económica con la década del 90 es que antes todos los recursos salían de los peajes, en cambio ahora las obras serán pagadas por el Estado.