Por Rodolfo Lara para Clarín

Un tiro en la cara es la respuesta más feroz al relato oficial y a cierta impericia de la oposición. El ataque a Fernando Cáceres no resultó azaroso ("al voleo"): representa un espacio colectivo de desprotección y de violencia instalada como fenómeno estructural.

La realidad de este Conurbano, que alguna vez fue tierra de promisión laboral, atropella sin miramiento sobre la vida y bienes de sus 10 millones de habitantes.

Es una población apretujada en apenas el 2 por ciento del territorio provincial. Allí viven tres de cada diez pobres del país. En el Gran Buenos Aires, la cuarta parte de carecientes e indigentes son menores de edad, quienes pierden conexión con la idea del estudio y el trabajo como proyecto de vida.

Son segunda generación de marginados sin rumbo aparente. Muchos de ellos eligen el delito. Es una observación que todavía provoca urticaria en alguna corriente de pensamiento, pero la pobreza extrema y la marginalidad no despierta comportamientos bíblicos; busca su propio cauce.

Ayer al mediodía, Daniel Scioli atribuía la violencia delictiva al vínculo con "la droga y el alcohol". Ciertamente, desde que el narcotráfico perforó la red social, el robo -por ejemplo- aumentó exponencialmente. Pero, el gobernador no incorpora como análisis crítico, que la desaprensión criminal también se favorece con la vulnerabilidad del sistema de prevención y represión.

Buenos Aires pasó de destinar 994 millones de pesos en 2002 a 4.000 millones este año para Seguridad. En 2010 este rubro se llevará el 8 por ciento de los gastos corrientes de la Provincia. Los recursos son para 55 mil agentes y resultarían más insuficientes aún, en caso de incorporar a los 10 mil policías que dice necesitar el ministro Carlos Stornelli.

Este déficit está en línea con las necesidades financieras de gestión de Scioli. Todavía le faltan 2.500 millones de pesos para pagar los sueldos de un mes entero en la administración central.

No obstante, también existe cierta discontinuidad en las políticas públicas. El ex gobernador Carlos Ruckauf (1999- 2001), aplicó el criterio de "meter bala a los delincuentes".

Esta premisa fue reemplazada por la reforma de Felipe Solá y su ministro León Arslanián, quien aplicó el criterio de "mano dura" hacia el interior de la Fuerza y llevó adelante un proceso de descentralización.

Y luego fue nuevamente alterada por Scioli-Stornelli con la habilitación de mayores competencias policiales y reformas al Código de Procedimiento para evitar las excarcelaciones.

Esta discordinación histórica también parece ser percibida, y aprovechada, por la delincuencia.

En suma, los delincuentes hasta llegan a creer que la calle les pertenece, mientras no le demuestren lo contrario.