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Con agentes privados vigilan los sitios que dejó la Federal
Custodian 72 hospitales, plazas y edificios. Se trata de lugares clave que la Federal ya no cubre por falta de pago. Duros cruces entre funcionarios
2 de noviembre de 2009
La Ciudad cubre con agentes de empresas privadas y propios la seguridad de 72 edificios, parques y plazas porteñas. Es porque la Policía Federal le sacó la custodia con efectivos por falta de pago de las horas adicionales. Y resulta una pelea con fuerte contenido político que coloca en el medio a la creciente demanda de seguridad.
Mientras desde Nación le apuntan a la Ciudad porque "no se ocupa de la seguridad al no pagar los adicionales y en lugar de eso hace inteligencia" (por el sonado caso del espía Ciro James), en el macrismo lo ven como un apriete tras la decisión de Mauricio Macri de pedir que se investigue al Ejecutivo por obstaculizar la implementación de la Policía Metropolitana, según informó el diario Clarín.
En el sábado oscuro teñido de lluvia, hubo hasta diferencias por la plata. En un año de crisis y con problemas de caja, la Ciudad no paga desde enero los servicios adicionales. Debe -según dice- $ 34 millones. Pero en la Federal dejaron trascender que la suma llega a $ 40,15 millones. En el macrismo lo minimizan: "es lo mismo que se debía siempre, ahora lo usan en medio de la pelea política", sostienen. La Federal dice que desde junio vienen reclamando el dinero y si no les pagan, ellos tampoco pueden pagarle a los policías, lo que genera un fuerte malestar.
En cualquier caso, los cruces entre funcionarios sumaron ayer a los ministros Florencio Randazzo y Guillermo Montenegro, de Justicia nacional y porteña respectivamente. Montenegro planteó hasta dónde debe llegar la custodia que da obligatoriamente la Federal.
El Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cargó durísimo contra su par nacional, Aníbal Fernández: "con esto superaron todos los límites. Usan la seguridad de la gente para su discusión política con la Ciudad. Amenazan descuidar los lugares que son su responsabilidad, porque no quisieron pasar la Policía".
La decisión de la Federal incluye restarle efectivos o sacarlos de lugares estratégicos como la Terminal de Omnibus de Retiro, los 15 Centros de Gestión y Participación, plazas y parques, 12 hospitales y los Centros de Salud y Acción Comunitaria, donde se atienden personas en situación de vulnerabilidad, entre otras dependencias. Y coincide con días de fuerte ofensiva contra el Gobierno macrista por parte del kirchnerismo, la izquierda, organizaciones sociales y de derechos humanos, que incluyó varios temas: desde el caso del espía sumado al pedido de renuncia de tres ministros, hasta la designación de una integrante del Tribunal Superior de Justicia, o el pedido de cierre ante denuncias contra la dependencia que hace los desalojos de viviendas ocupadas.
La quita de custodia por el atraso en los pagos arrancó el 1° de septiembre cuando quitaron el servicio de 30 efectivos con motos para los operativos de tránsito, que venían generando fuerte repercusión en las calles porteñas. Ese servicio, de lunes a viernes de 8 a 20, costaba $ 18.000 diarios. También quitaron los policías que custodiaban el parador de Desarrollo Social de Retiro, donde pasa la noche gente que vive en la calle, a metros de la villa 31. Y en octubre no quedó seguridad policial en los parques Sarmiento (donde había 8 policías que se fueron y tras eso, empezaron los robos), el Roca (en Villa Soldati, eran 4) y el KDT, de Palermo, donde había dos. Además, sacaron los dos del club Barracas Central, al lado de villa 21-24. Allí los chicos denunciaban robos. Y los de la Reserva Ecológica en Costanera Sur, y del Campo de Golf de los lagos de Palermo.
Ahora, en el achique incluyen a los hospitales. Pero allí deben dejar una guardia mínima porque es una obligación que impone la ley. El viernes en los CGPC empezó el traspaso a manos privadas. Si bien en el Gobierno porteño explicaron que ningún lugar quedará desprotegido, la discusión pasa por la calidad de la seguridad. Por ley, la seguridad privada no puede portar armas, salvo la que está afectada al transporte de caudales. Ahora la Ciudad usa 2.000 efectivos privados y 440 de la Dirección General de Custodia y Seguridad: sólo 45 tienen permiso de portación.
La pelea entre el Gobierno nacional y la Ciudad arrancó en 2008. E incluyó roces por temas como la atención de la gente en los hospitales porteños, el destino de la basura, la falta de aprobación de los avales para tomar créditos, la pulseada por el futuro de la villa 31 y por supuesto, el traspaso de la Policía, entre otros. El martes habrá una reunión entre las partes para ver cómo se salda la deuda, pero nadie arriesga si el servicio será reestablecido. En la Federal dijeron: "en tanto no paguen, el ajuste es definitivo".
Mientras desde Nación le apuntan a la Ciudad porque "no se ocupa de la seguridad al no pagar los adicionales y en lugar de eso hace inteligencia" (por el sonado caso del espía Ciro James), en el macrismo lo ven como un apriete tras la decisión de Mauricio Macri de pedir que se investigue al Ejecutivo por obstaculizar la implementación de la Policía Metropolitana, según informó el diario Clarín.
En el sábado oscuro teñido de lluvia, hubo hasta diferencias por la plata. En un año de crisis y con problemas de caja, la Ciudad no paga desde enero los servicios adicionales. Debe -según dice- $ 34 millones. Pero en la Federal dejaron trascender que la suma llega a $ 40,15 millones. En el macrismo lo minimizan: "es lo mismo que se debía siempre, ahora lo usan en medio de la pelea política", sostienen. La Federal dice que desde junio vienen reclamando el dinero y si no les pagan, ellos tampoco pueden pagarle a los policías, lo que genera un fuerte malestar.
En cualquier caso, los cruces entre funcionarios sumaron ayer a los ministros Florencio Randazzo y Guillermo Montenegro, de Justicia nacional y porteña respectivamente. Montenegro planteó hasta dónde debe llegar la custodia que da obligatoriamente la Federal.
El Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cargó durísimo contra su par nacional, Aníbal Fernández: "con esto superaron todos los límites. Usan la seguridad de la gente para su discusión política con la Ciudad. Amenazan descuidar los lugares que son su responsabilidad, porque no quisieron pasar la Policía".
La decisión de la Federal incluye restarle efectivos o sacarlos de lugares estratégicos como la Terminal de Omnibus de Retiro, los 15 Centros de Gestión y Participación, plazas y parques, 12 hospitales y los Centros de Salud y Acción Comunitaria, donde se atienden personas en situación de vulnerabilidad, entre otras dependencias. Y coincide con días de fuerte ofensiva contra el Gobierno macrista por parte del kirchnerismo, la izquierda, organizaciones sociales y de derechos humanos, que incluyó varios temas: desde el caso del espía sumado al pedido de renuncia de tres ministros, hasta la designación de una integrante del Tribunal Superior de Justicia, o el pedido de cierre ante denuncias contra la dependencia que hace los desalojos de viviendas ocupadas.
La quita de custodia por el atraso en los pagos arrancó el 1° de septiembre cuando quitaron el servicio de 30 efectivos con motos para los operativos de tránsito, que venían generando fuerte repercusión en las calles porteñas. Ese servicio, de lunes a viernes de 8 a 20, costaba $ 18.000 diarios. También quitaron los policías que custodiaban el parador de Desarrollo Social de Retiro, donde pasa la noche gente que vive en la calle, a metros de la villa 31. Y en octubre no quedó seguridad policial en los parques Sarmiento (donde había 8 policías que se fueron y tras eso, empezaron los robos), el Roca (en Villa Soldati, eran 4) y el KDT, de Palermo, donde había dos. Además, sacaron los dos del club Barracas Central, al lado de villa 21-24. Allí los chicos denunciaban robos. Y los de la Reserva Ecológica en Costanera Sur, y del Campo de Golf de los lagos de Palermo.
Ahora, en el achique incluyen a los hospitales. Pero allí deben dejar una guardia mínima porque es una obligación que impone la ley. El viernes en los CGPC empezó el traspaso a manos privadas. Si bien en el Gobierno porteño explicaron que ningún lugar quedará desprotegido, la discusión pasa por la calidad de la seguridad. Por ley, la seguridad privada no puede portar armas, salvo la que está afectada al transporte de caudales. Ahora la Ciudad usa 2.000 efectivos privados y 440 de la Dirección General de Custodia y Seguridad: sólo 45 tienen permiso de portación.
La pelea entre el Gobierno nacional y la Ciudad arrancó en 2008. E incluyó roces por temas como la atención de la gente en los hospitales porteños, el destino de la basura, la falta de aprobación de los avales para tomar créditos, la pulseada por el futuro de la villa 31 y por supuesto, el traspaso de la Policía, entre otros. El martes habrá una reunión entre las partes para ver cómo se salda la deuda, pero nadie arriesga si el servicio será reestablecido. En la Federal dijeron: "en tanto no paguen, el ajuste es definitivo".