A pocos días del debate legislativo para readjudicar la concesión de peajes sobre las rutas 2 y 11, el gobierno provincial tiene en estudio autorizar un aumento de entre un 15 y un 20 por ciento en las tarifas vigentes sobre esas vías de acceso a la Costa Atlántica. Las modificaciones podrían aplicarse antes del inicio del verano, tras un pedido de las empresas concesionarias. Fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense admitieron a Clarín que "está en análisis" el posible incremento.

Si la medida se concreta, un viaje en auto de Capital a Mar del Plata pasaría a costar entre 15,50 y 16,80 pesos. Hoy los vehículos livianos pagan 14 pesos.

Las tarifas habían tenido ya un retoque el año pasado, cuando el gobernador Daniel Scioli dispuso una actualización del 70% promedio para ambos corredores. En rigor, el gobierno eliminó una rebaja aplicada por decreto en diciembre de 2001, en medio de la emergencia económica. De esta manera, el peaje en Samborombón, sobre la Autovía 2, pasó de 5 a 9 pesos. En la estación de Maipú el valor quedó en 5 pesos (antes era de 2,50). Además el aumento se aplicó en las cabinas de peaje ubicadas sobre la ruta 11: pasar por Conesa cuesta 8 pesos, en Madariaga la tarifa es de 3,40 pesos y a la altura de Mar Chiquita el costo es de 4 pesos.

Según explicaron en el Ministerio de Infraestructura provincial, la recaudación obtenida por la diferencia de precios se destinó a un fondo para realizar mejoras en las calzadas, mayor iluminación y construcción de pasos a nivel en las zonas urbanizadas.

A poco de iniciar la gestión -en diciembre de 2007- Scioli había adelantado la intención de cancelar los contratos vigentes e iniciar un nuevo proceso de licitaciones para las rutas 2 y 11.

Las autoridades buscan establecer un "corredor turístico del Atlántico" que unifique ambos caminos hacia las zonas balnearias. Uno de los puntos conflictivos es la eventual indemnización que debería pagar la provincia por la rescisión de los actuales contratos. Ocurre que el convenio con Caminos del Atlántico -responsable de la 11- vence en 2011 y los compromisos con COVISUR -concesionaria de la 2- vencen en 2012.

La nueva administración tendría a cargo también el mantenimiento sobre otras vías de la región costera como la 63, la 56, la 74 y parte de la 36. Y el plazo de concesión se extendería a 30 años.

La propuesta del Ejecutivo prevé una inversión de la empresa adjudicataria de 300 millones de pesos por año y permitiría una rentabilidad de entre el 8 y el 12 por ciento. Y fijará como "valor guía" del peaje un techo de 50 pesos por automovilista que vaya a la Costa.