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Pesado clima de intrigas y violencia
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
21 de octubre de 2009
Policías federales infiltrados en gobiernos conducidos por opositores. Eso es lo que denuncia Mauricio Macri. Piqueteros armados que escrachan y golpean a líderes de la oposición. Eso fue lo que vivió Gerardo Morales, jefe del radicalismo. Un extraño clima de odio, violencia y persecución está ocupando el lugar de la crispación política que se vivía hasta ahora. El proceso de radicalización de la política y el gobierno iniciado por Néstor Kirchner tiene formas, a todas luces, cada vez más peligrosas.
Un policía federal en actividad se incorporó al gobierno de Mauricio Macri en el área de Educación y luego en la flamante policía capitalina. Ciro James nunca dijo ante el gobierno de Macri que era policía; sólo comunicó su condición de abogado. James ordenó luego escuchas telefónicas que pusieron en jaque a la administración de Macri y a su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Un interrogante es inevitable: ¿por qué no se averiguaron debidamente los antecedentes de James?
El ministro Montenegro denunció ayer que se trató directamente de una operación de inteligencia del gobierno nacional contra la estabilidad de la policía de Macri. La relación institucional entre el gobierno nacional y el de la Capital está desde la víspera técnicamente rota. El grado de descomposición del vínculo entre esas instituciones de la nación es ciertamente extraordinario.
Pero ¿por qué? ¿Para qué esa supuesta operación de inteligencia? Funcionarios de Macri acusaron sin dudar a la conducción de la Policía Federal y a quien señalan como su protector, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. "La nueva policía nace sana y destruirá muchos y viejos negocios. No será ésta la última operación contra la policía de la Capital", dijeron esas fuentes. Esos son los supuestos intereses espurios que intentarían boicotear la creación de organismos de seguridad en medio de la inseguridad colectiva.
Pero cerca de Macri no se descarta tampoco que Néstor Kirchner haya unido aquellas cosas útiles con otras cuestiones más agradables para él. Cualquier erosión del gobierno capitalino terminará siempre por desgastar la figura de Macri, que es, aunque todavía no lo acepte en público, un convencido candidato presidencial para 2011. "Todo viene junto: negocios de la policía e intereses políticos de Kirchner para destruir a sus eventuales adversarios", aseveraron muy cerca del jefe capitalino. Cierto o no, la conspiración política no es un descubrimiento del macrismo; otra cosa serían, en cambio, las desprejuiciadas confabulaciones con instituciones esenciales para la tranquilidad de una sociedad ya severamente intranquila.
El complot y la radicalización no terminaron ahí. Otra saga se vivió en el interior profundo del país. En Jujuy, la líder piquetera kirchnerista Milagro Sala carga armas. Unos 500 militantes de su organización también están armados con revólveres y pistolas. La denuncia pública fue formulada por el senador Gerardo Morales, víctima él mismo de un violento escrache en Jujuy el viernes pasado.
Sala recibe del gobierno nacional, según la acusación del presidente de la UCR, unos $ 10 millones mensuales. Sala tiene relación política directa con Cristina y Néstor Kirchner, y la influencia del gobierno peronista jujeño sobre la jefa piquetera es nula.
Anteayer, en Buenos Aires, el más famoso de los líderes piqueteros kirchneristas, Luís D´Elía, dio una conferencia de prensa en solidaridad -cómo no- con Milagro Sala. Pero en esa conferencia hubo una novedad más importante aún: al lado de D´Elía se acomodó Fernando Esteche, el jefe de Quebracho, la organización revolucionaria más violenta, dura y audaz que se conoce.
D´Elía y Esteche no se privaron hasta de un abrazo y un beso delante de las cámaras de televisión y de los fotógrafos. Fue la primera vez que Esteche se dejó ver junto a fuerzas de choque paraoficiales; hasta ahora, el Gobierno había negado cualquier vinculación con ese grupo y aseguraba que no conocía a quién responde. Quebracho tiene una militancia activa contra Israel y un desprendimiento suyo optó directamente por suscribir las más inhumanas teorías antisemitas.
Una vieja versión indicaba que los piqueteros kirchneristas cuentan con armas, además de los garrotes y la violencia que suelen acompañar sus apariciones públicas cuando salen en defensa del Gobierno. Nadie sabía si creer en ellas o no; Kirchner ha provocado demasiados rencores en muchos sectores sociales como para confiar en cualquier especie que anda suelta.
Sin embargo, la denuncia de Morales (un político que proviene de la corriente progresista del radicalismo) y la imagen irrefutable de D´Elía y Esteche juntos le abren paso a una pregunta esencial: ¿por qué sería Sala la única piquetera armada del país? ¿Es posible que otros dirigentes piqueteros del país, aun los más conocidos, dirijan también a militantes armados? Es posible, desgraciadamente.
La experiencia del escrache de Jujuy (que tuvo como víctima también al titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, detestado por el kirchnerismo) pudo ser el primer síntoma de una política más violenta de las fuerzas de choque oficialistas. En rigor, en Jujuy no hubo un escrache clásico; lo que sucedió fue la toma y la destrucción del edificio del Colegio Profesional de Contadores, donde disertaron Morales y Despouy sobre el control de los recursos estatales que se destinan a las llamadas organizaciones sociales. En la mayoría de los casos, éstas son sólo organizaciones de piqueteros oficialistas.
La política del kirchnerismo se dirime en esas intrigas, en medio de esas violencias. Así las cosas, la reforma política es otra maniobra para distraer a la política mientras pone en marcha la destrucción del adversario o su imposibilidad de vivir en paz. Lo peor de todo es la insensibilidad social: enormes recursos del Estado destinados al gasto social terminan financiando la acción de grupos minoritarios y fanáticos, predispuestos a cualquier cosa con tal de seguir recibiendo el dinero público.
Obispos de la Iglesia visitaron en los últimos días a funcionarios y legisladores para contarles que ellos entrevén una situación social que calificaron de "incendiaria"; hablaban de la pobreza y el hambre. Un alto funcionario del Gobierno quedó aturdido de pasmo cuando, hace pocos días, vio en la noche una larga cola de personas en una pizzería de Callao y Corrientes. Preguntó qué hacían ahí. Estaban esperando que se repartieran las sobras de trozos de pizzas. "Sí, fue así, y yo no estaba en La Matanza", confesó.
Policías infiltrados. Piqueteros armados. Los casos serían sólo de una enorme gravedad institucional si no fueran también de una memorable superficialidad política. ¿O también imaginan alegremente que llegará el momento en que el kirchnerismo necesitará de policías adictos y de piqueteros impetuosos para implantar la paz social?
Un policía federal en actividad se incorporó al gobierno de Mauricio Macri en el área de Educación y luego en la flamante policía capitalina. Ciro James nunca dijo ante el gobierno de Macri que era policía; sólo comunicó su condición de abogado. James ordenó luego escuchas telefónicas que pusieron en jaque a la administración de Macri y a su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Un interrogante es inevitable: ¿por qué no se averiguaron debidamente los antecedentes de James?
El ministro Montenegro denunció ayer que se trató directamente de una operación de inteligencia del gobierno nacional contra la estabilidad de la policía de Macri. La relación institucional entre el gobierno nacional y el de la Capital está desde la víspera técnicamente rota. El grado de descomposición del vínculo entre esas instituciones de la nación es ciertamente extraordinario.
Pero ¿por qué? ¿Para qué esa supuesta operación de inteligencia? Funcionarios de Macri acusaron sin dudar a la conducción de la Policía Federal y a quien señalan como su protector, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. "La nueva policía nace sana y destruirá muchos y viejos negocios. No será ésta la última operación contra la policía de la Capital", dijeron esas fuentes. Esos son los supuestos intereses espurios que intentarían boicotear la creación de organismos de seguridad en medio de la inseguridad colectiva.
Pero cerca de Macri no se descarta tampoco que Néstor Kirchner haya unido aquellas cosas útiles con otras cuestiones más agradables para él. Cualquier erosión del gobierno capitalino terminará siempre por desgastar la figura de Macri, que es, aunque todavía no lo acepte en público, un convencido candidato presidencial para 2011. "Todo viene junto: negocios de la policía e intereses políticos de Kirchner para destruir a sus eventuales adversarios", aseveraron muy cerca del jefe capitalino. Cierto o no, la conspiración política no es un descubrimiento del macrismo; otra cosa serían, en cambio, las desprejuiciadas confabulaciones con instituciones esenciales para la tranquilidad de una sociedad ya severamente intranquila.
El complot y la radicalización no terminaron ahí. Otra saga se vivió en el interior profundo del país. En Jujuy, la líder piquetera kirchnerista Milagro Sala carga armas. Unos 500 militantes de su organización también están armados con revólveres y pistolas. La denuncia pública fue formulada por el senador Gerardo Morales, víctima él mismo de un violento escrache en Jujuy el viernes pasado.
Sala recibe del gobierno nacional, según la acusación del presidente de la UCR, unos $ 10 millones mensuales. Sala tiene relación política directa con Cristina y Néstor Kirchner, y la influencia del gobierno peronista jujeño sobre la jefa piquetera es nula.
Anteayer, en Buenos Aires, el más famoso de los líderes piqueteros kirchneristas, Luís D´Elía, dio una conferencia de prensa en solidaridad -cómo no- con Milagro Sala. Pero en esa conferencia hubo una novedad más importante aún: al lado de D´Elía se acomodó Fernando Esteche, el jefe de Quebracho, la organización revolucionaria más violenta, dura y audaz que se conoce.
D´Elía y Esteche no se privaron hasta de un abrazo y un beso delante de las cámaras de televisión y de los fotógrafos. Fue la primera vez que Esteche se dejó ver junto a fuerzas de choque paraoficiales; hasta ahora, el Gobierno había negado cualquier vinculación con ese grupo y aseguraba que no conocía a quién responde. Quebracho tiene una militancia activa contra Israel y un desprendimiento suyo optó directamente por suscribir las más inhumanas teorías antisemitas.
Una vieja versión indicaba que los piqueteros kirchneristas cuentan con armas, además de los garrotes y la violencia que suelen acompañar sus apariciones públicas cuando salen en defensa del Gobierno. Nadie sabía si creer en ellas o no; Kirchner ha provocado demasiados rencores en muchos sectores sociales como para confiar en cualquier especie que anda suelta.
Sin embargo, la denuncia de Morales (un político que proviene de la corriente progresista del radicalismo) y la imagen irrefutable de D´Elía y Esteche juntos le abren paso a una pregunta esencial: ¿por qué sería Sala la única piquetera armada del país? ¿Es posible que otros dirigentes piqueteros del país, aun los más conocidos, dirijan también a militantes armados? Es posible, desgraciadamente.
La experiencia del escrache de Jujuy (que tuvo como víctima también al titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, detestado por el kirchnerismo) pudo ser el primer síntoma de una política más violenta de las fuerzas de choque oficialistas. En rigor, en Jujuy no hubo un escrache clásico; lo que sucedió fue la toma y la destrucción del edificio del Colegio Profesional de Contadores, donde disertaron Morales y Despouy sobre el control de los recursos estatales que se destinan a las llamadas organizaciones sociales. En la mayoría de los casos, éstas son sólo organizaciones de piqueteros oficialistas.
La política del kirchnerismo se dirime en esas intrigas, en medio de esas violencias. Así las cosas, la reforma política es otra maniobra para distraer a la política mientras pone en marcha la destrucción del adversario o su imposibilidad de vivir en paz. Lo peor de todo es la insensibilidad social: enormes recursos del Estado destinados al gasto social terminan financiando la acción de grupos minoritarios y fanáticos, predispuestos a cualquier cosa con tal de seguir recibiendo el dinero público.
Obispos de la Iglesia visitaron en los últimos días a funcionarios y legisladores para contarles que ellos entrevén una situación social que calificaron de "incendiaria"; hablaban de la pobreza y el hambre. Un alto funcionario del Gobierno quedó aturdido de pasmo cuando, hace pocos días, vio en la noche una larga cola de personas en una pizzería de Callao y Corrientes. Preguntó qué hacían ahí. Estaban esperando que se repartieran las sobras de trozos de pizzas. "Sí, fue así, y yo no estaba en La Matanza", confesó.
Policías infiltrados. Piqueteros armados. Los casos serían sólo de una enorme gravedad institucional si no fueran también de una memorable superficialidad política. ¿O también imaginan alegremente que llegará el momento en que el kirchnerismo necesitará de policías adictos y de piqueteros impetuosos para implantar la paz social?