El aire contaminado de denuncias y sospechas que rodea la decisiva sesión en el Senado por la ley de medios, no hace más que reproducir y reafirmar el clima político generado por el kirchnerismo para llevar adelante el proyecto.

La ley de medios, por su efecto disciplinador sobre el peronismo, sumada a la pretensión ya inocultable del kirchnerismo de limitar hasta el ahogo a la prensa independiente, son piezas maestras del intento de Néstor Kirchner para renacer políticamente después de quedar aplastado bajo las urnas del 28 de junio. Y esa es la primera etapa de su plan para quedarse otros cuatro años en el poder cuando concluya el ciclo de Cristina.

Por cierto, frente a la ofensiva múltiple y brutal desatada por el kirchnerismo, no todas las respuestas fueron inteligentes, ni ponderadas, ni mucho menos se demostraron eficaces.

Pero desconociendo toda opinión que no fuese la propia, arremetiendo contra toda voz que no fuese eco exacto de la suya, el kirchnerismo entró en un frenesí de propaganda burda y de operación solapada que registra pocos antecedentes. Y que dice mucho sobre el clima político que puede sobrevenir.

El escandaloso cambio de voto de la senadora radical correntina María Dora Sánchez es hoy el punto más alto de ese ambiente enrarecido. Pero no es lo único que sucede, ni en el Senado ni en la Justicia, los otros dos poderes del Estado sobre los que el Poder Ejecutivo está operando a mansalva.

Del canje correntino se ha dicho bastante y se dirá mucho más. El joven empresario Hernán González Moreno, muerto dos días antes del balotaje, manejaba el cuantioso dinero que el derrotado gobernador Arturo Colombi destinaba a la prensa. Al gobernador Colombi le debe haber resultado natural acudir a Kirchner para pedirle auxilio.

Fuentes del Congreso aseguran que el gobernador de Corrientes viajó solo a Buenos Aires. Que se reunió con Kirchner y con el ministro Randazzo. Que planteó los problemas financieros de su administración y los problemas judiciales que lo tocan de cerca por la muerte del empresario tan allegado, que se suman al caso de corrupción que tiene preso a su secretario privado desde hace varias semanas. Que se habla de una partida de 100 millones de pesos para encarar obras públicas demoradas en Corrientes. Que la comprensión de Kirchner ante tanta necesidad tuvo la recompensa de la media vuelta en el aire de la senadora Sánchez, incondicional de su gobernador.

Y eso no es todo.

Senadores que piden reserva de sus nombres aseguran que para remachar los votos a favor de la ley de medios, a una senadora oficialista le prometieron una embajada importante en Europa cuando termine su mandato en diciembre.

Que a otra le aseguraron ponerla al frente de la empresa pública más importante de su provincia, también en diciembre cuando deje el Congreso.

Que una tercera senadora, aliada K, se llevó la promesa de reelección de su jefe político, un intendente poderoso, con aspiraciones de gobernador.

Y que también a otra senadora oficialista, alguna vez con pretensión de juego propio, le aseguraron una partida fuerte de dinero para la intendencia de la capital de su provincia, donde está su referencia política y familiar.

El cambio de voto a favor de la ley de medios de un senador de Tucumán promete destapar alguna explicación sorprendente. El legislador es de Fuerza Republicana, el partido que fundó el general Antonio Domingo Bussi. ¿Acaso el kirchnerismo negoció con seguidores de un símbolo de la violación de los derechos humanos?

El tiempo dirá si esto que hoy se asegura en el Senado se traduce en hechos.

Desde ya, también hay muchos senadores kirchneristas que votarán a favor de la ley siguiendo sus convicciones. Del mismo modo que los opositores votarán en contra atendiendo razones políticas que quizás excedan el tema puntual de los medios. Es el juego natural de la política. Pero sin ser la primera vez que ocurre, y seguramente sin ser la última, este trasiego de voluntades, el toma y daca para asegurar que la ley salga sin que se le toque una coma, ya ganó un lugar destacado entre nuestras peores tradiciones parlamentarias.

Y la ola se expande a otros territorios.

La senadora Chiche Duhalde y su esposo, el ex presidente súbitamente reaparecido en la grilla de aspirantes a futuras candidaturas, denunciaron ayer que están siendo espiados por agentes del Gobierno en su quinta de San Vicente.

En estas páginas ya se contó que al menos tres jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen la certeza de estar siendo "caminados" por funcionarios de la Secretaría de Inteligencia. Uno de esos jueces fue avisado directamente por allegados y amigos de que los espías habían estado hurgando en su pasado y su vida familiar.

La Corte reaccionó esta semana tratando de zafar de la asfixia presupuestaria que amenaza aplicarle el Gobierno. Y alienta sin vueltas a jueces y camaristas a avanzar en las numerosas denuncias de corrupción que involucran a funcionarios.

Por otra parte, testigos presenciales contaron a Clarín que el sábado último al mediodía, en la concurrida esquina de Santa Fe y Coronel Díaz, una señora rubia, vecina del lugar, muy elegante y acompañada por su esposo, encaró a dos policías que estaban de servicio y les reclamó: "Detengan a esos dos hombres, son de la SIDE y me están siguiendo". Como los policías quedaron asombrados por el pedido, y sin actuar, la señora insistió: "Hagan lo que les ordeno, soy una jueza federal". Era María Servini de Cubría, la jueza que la semana pasada denunció que había encontrado micrófonos en su despacho. Cuando los policías entendieron qué estaba pasando, los dos hombres habían desaparecido.

¿Será ésta la pluralidad que promete el kirchnerismo?