El tratamiento de la Ley de Medios no será tan sencilla para el kirchnerismo en la Cámara de Senadores como lo fue en la de Diputados. Hay un artículo clave que le causará grandes dolores de cabeza al oficialismo: una clausula obliga a las empresas a adaptarse en un año a la nueva legislación desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición

Esto implicaría el retraso de por lo menos dos semanas del cronograma transmitido por la presidenta Cristina Kirchner a su jefe de bancada del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro), y que fijó en el 7 de octubre la fecha límite para sancionar la ley.

El artículo 161 es uno de los más resistidos por el arco opositor (UCR, peronismo disidente, Coalición Cívica y partidos provinciales), incluidas aquellas fuerzas que en su paso por la Cámara de Diputados apoyaron el texto impulsado por la Casa Rosada. Es el caso del socialismo, cuyo único representante en el Senado, Rubén Giustiniani (Santa Fe), votaría en general pero rechazaría la cláusula en el tratamiento en particular.

Sin embargo, el dato más relevante para el Poder Ejecutivo está en el seno de su propio bloque, que conduce el rionegrino Miguel Pichetto. Son varias las voces que se han elevado, en reuniones reservadas entre legisladores oficialistas, en contra del polémico artículo.

Uno de ellos es el jujeño Guillermo Jenefes, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, cuya familia política es propietaria de varias empresas de radiodifusión en Jujuy.

Desde la Casa Rosada tampoco confían en la chaqueña Elena Corregido, que nunca dio el brazo a torcer con los deseos presidenciales y votó a conciencia en cada ocasión. Por último, se suma el catamarqueño Ramón Saadi, quien votará en contra de todo el proyecto.

Dsde la UCR afirmaron, según fuentes consultadas por Clarín, haber obtenido el visto bueno del jefe del bloque de senadores kirchneristas, para que el proyecto oficial de medios sea revisado "en al menos cuatro comisiones", aunque fuentes oficiales luego lo negaron. La oposición quiere que el proyecto también se discuta en las comisiones de Derechos y Garantías y en Asuntos Constitucionales.