El kirchnerismo podría concluir su ciclo político en el 2011, pero se reserva la posibilidad de ejercer el control sobre los medios audiovisuales hasta finales del 2013.

Así se desprende de los cambios de último momento que introdujo al proyecto oficial con la excusa de sumar aliados y al que intentará dar hoy media sanción en la Cámara de Diputados, revela el diario Clarín.

La estrategia salió a luz ayer durante un agitado plenario de comisiones, donde el oficialismo presentó el nuevo texto que anoche obtuvo dictamen de mayoría y recibió un fuerte rechazo de la oposición.

Los legisladores de la UCR y el PRO se retiraron de la sesión argumentando que no se cumplió con el quórum requerido en las tres comisiones que intervinieron en el tratamiento del proyecto: Comunicaciones, presupuesto y Libertad de Expresión.

La clave de la maniobra está centrada en la conformación de la autoridad de aplicación que reemplazará al Comfer. No sólo se mantiene en la órbita del Poder Ejecutivo, como en el texto enviado por Cristina Kirchner al Congreso, sino que el Gobierno estaría en condiciones de armar una mayoría afín con cinco de los siete miembros del organismo, todos con mandato por cuatro años.

La autoridad que regulará el funcionamiento de los medios tendrá 2 representantes del Ejecutivo (uno de ellos será su presidente), 3 del Parlamento (de la primera, segunda y tercera minorías) y 2 del Consejo Federal (uno debe ser universitario) que cumplirá funciones de asesoramiento y estará dominado por los gobernadores. Un dato: las designaciones deben contar con el aval del Gobierno.

Teniendo en cuenta esa composición ¿cómo podría mantenerse el dominio del kirchnerismo hasta más allá de su eventual despedida del poder? Desde el vamos, con los dos representantes que el Ejecutivo nombrará antes de terminar el año, si el Senado termina por sancionar la controvertida ley. Otro surgiría del Congreso, donde el kirchnerismo es primera minoría. Y los otros dos del Consejo Federal, si es que los gobernadores kirchneristas con el apoyo de sus aliados imponen su mayoría circunstancial en el organismo para designar a dos delegados que respondan al oficialismo.

"Estábamos tres a dos y quedamos cinco a dos", le dijo en tono irónico y gesticulando con sus dedos Federico Pinedo, jefe del bloque de PRO, a Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad, durante el plenario.

Fue en el momento en el que se mencionó al dirigente de centroizquierda como el que propuso ampliar la autoridad de aplicación de 5 a 7 miembros.

De hecho, el kirchnerismo retocó el proyecto original para atraer votos que le hacían falta para arañar la mayoría, mediante el apoyo de diputados de la centroizquierda, del radicalismo K e incluso de sectores críticos de sus propias filas.

Algunos de esos bloques, como el de la Concertación, que integran radicales K y kirchneristas independientes, firmaron el dictamen de mayoría con disidencias parciales que podrían poner en riesgo la aprobación de algunos artículos cuando se discutan en particular.

Para arrimar aliados, la Presidenta había anticipado el lunes la eliminación de la cláusula que permitía el acceso de las compañías telefónicas a la propiedad de los medios, uno de los puntos más cuestionados del proyecto original. Finalmente se restringió el ingreso de todas las empresas de servicios públicos, salvo las cooperativas.

Como resultado de las negociaciones con sus aliados, el kirchnerismo introdujo modificaciones a 101 artículos del texto original (algunas de fondo y otros sólo de forma) y el proyecto terminó estirándose de 157 a 166 artículos.

Con todo, quedaron en pie aspectos controvertidos como la revisión bianual de las licencias por la renovación tecnológica (se le añadió la necesidad de contar con autorización del Congreso) y el emplazamiento a los multimedios para que en un año se desprendan de las licencias que les exige el texto -pese a que le fueron adjudicadas oportunamente-, por lo que se vulneran los derechos adquiridos.

La oposición también objetó que el Poder Ejecutivo se reserve la adjudicación de licencias en ciudades de más de 500 mil habitantes. Además, puso en tela de juicio la validez de la sesión especial de hoy, por no cumplirse los 7 días reglamentarios que requiere todo despacho de comisión.