El Gobierno cedió con uno de los puntos más polémicos de la ley de Radiodifusión que impulsa: decidió que las empresas telefónicas no podrán ingresar en el negocio de los medios audiovisuales.

El ingreso de las telefónicas al negocio audiovisual es una de las aristas más cuestionadas del proyecto que el Poder Ejecutivo giró al Congreso y que comenzó a ser debatido en comisión en la Cámara de Diputados la semana pasada. No sólo era cuestionado por la oposición, sino también por habituales aliados legislativos del kirchnerismo.

Aunque la Presidenta no dio mayores precisiones, el cambio implica que las telefónicas no podrán ofrecer el servicio de triple play, que incluye Internet, telefonía celular y televisión por cable, todo en uno.

Antes de anunciar el cambio, Cristina Kirchner hizo una pormenorizada justificación de porqué el ingreso de las telefónicas figuraba en el proyecto original.

"La inclusión de las telefónicas tiene que ver con la distinción entre contenido, distribución y reproducción de contenidos, y con la convergencia tecnológica que, indefectiblemente, se se va a dar. Sería tapar el sol con las manos no aceptarlo", comenzó.

"Quiero que quede claro el porqué de la inclusión: dotar a la sociedad de un instrumento legal que pueda permitir que se escuchen las voces de todos y se desmonopolice este sector", argumentó antes de anunciar la modificación.

Entonces sí, precisó: "He decidido eliminar del anteproyecto que las telefónicas puedan participar en este ámbito y sólo dejar [que puedan hacerlo] capacidad a las cooperativas telefónicas para desterrar cualquier duda sincera que pueden haber tenido respecto de que tal vez la presencia de las telefónicas pudieran haber generado un nuevo monopolio".

En este punto, reconoció que el tema constituye "el mayor escollo" para el logro de consensos en el Congreso y pidió que, de aprobarse, "la leysea una ley de consenso más allá de las diferencias".

Por otra parte, y pese a la queja unánime de la oposición, la Presidenta ratificó la voluntad de que el proyecto se convierta en ley antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

"El Congreso siempre tiene legalidad y legitimidad. No me parece un planteo institucional, de derecho constitucional y mucho menos democrático", aseguró en un intento por desautorizar el reclamo opositor.

El oficialismo de la Cámara de Diputados pretende debatir el proyecto en el recinto este jueves. Para ello aspira a lograr dictamen entre mañana y el miércoles. Aunque aún negocia el respaldo de sus aliados habituales, confía en contar con los votos necesarios para dar media sanción a la iniciativa.

En el Senado, atentos a las versiones de que el kirchnerismo planea girar el proyecto a la Cámara alta cuando Cobos quede a cargo del Poder Ejecutivo, por un viaje a Estados Unidos de Cristina Kirchner, los radicales intentarán dejar sentada esta semana su posición para que la iniciativa sea tratada por cuatro comisiones, y no por dos, como planea, al parecer, el oficialismo. Es la misma postura que tendría el propio Cobos.

De todas formas, según admiten en la UCR, en ese terreno es poco lo que pueden hacer.

El kirchnerismo tiene mayoría en todas las comisiones (incluso en las que presiden los radicales) y, además, serán ellos los que terminen decidiendo en la reunión de labor parlamentaria a qué comisiones se derivará el proyecto.

De todas maneras, el panorama podría complicarse en el recinto, donde los números que maneja el kirchnerismo son más ajustados que en Diputados.