Por Eduardo Aulicino, publicado en Clarín.

Los gobernadores peronistas ya saben que discutir un nuevo marco de coparticipación federal no figura en los planes kirchneristas. Pero han registrado últimamente gestos de disposición del Gobierno a negociar algunas alternativas para enfrentar la delicada o grave situación financiera que viven muchos y pronostican otros. ¿Señales contradictorias del poder central? Para nada: a ninguno le escapa que negociar arreglos parciales es uno modo de quedar sometidos al juego en continuado que impone la lógica K para alinear a los jefes locales y, a través de ellos, garantizar voluntades de los legisladores nacionales.

El disciplinamiento interno no es un dato irrelevante, sobre todo en tiempos de apuro oficialista en el Congreso. El kirchnerismo busca forzar ahora los tiempos para avanzar con su ley de medios, pero además, en algún momento antes de fin de año, deberá tratar cuestiones como el Presupuesto y la prórroga del impuesto al cheque, que se asocia directamente con los fondos de las provincias. Todo, claro, antes de perder las actuales mayorías, traducción práctica de la derrota electoral de junio.

La situación financiera de la mayoría de los distritos es grave o complicada. Según especialistas en el tema, al menos 15 provincias tienen ya problemas serios --incluso para pagar sueldos-- y otras ven de mínima un panorama inquietante para el año que viene.

"Los problemas más agudos, entre otras razones por el volumen que representan, están planteados en las provincias grandes, como Buenos Aires y Córdoba, pero también se registran cuadros delicados en distritos más chicos: Santa Cruz, varias provincias del Norte", explica un experto, y destaca los problemas de recaudación y los niveles del endeudamiento con la Nación: representa más del 70 por ciento del conjunto de las deudas provinciales, es decir, más de 70.000 millones de pesos.

Desde el Gobierno nacional ya están en marcha dos operaciones que trabajan sobre las necesidades de las Provincias. Ya se iniciaron gestiones con gobernadores --que en general y por ahora exhiben cautela-- y también contactos en Diputados.

Las tratativas con los jefes provinciales están centradas en la posibilidad de renegociar las deudas con la Nación. En paralelo, en el Congreso circula un proyecto, con un guiño del Gobierno, para modificar la ley de Responsabilidad Fiscal. En este caso, la idea central es ampliar los límites de endeudamiento y permitir también que el destino sean los gastos corrientes, en particular, claro, el pago de salarios.
Existen algunas cuestiones prácticas y otras de fondo ineludibles para leer las jugadas de los Kirchner, que apuntan a la coyuntura y agregan postergación al debate evitado desde hace ya 15 años sobre una nueva ley de Coparticipación Federal.

"El primer problema para los gobernadores es sencillo: se puede renegociar la deuda, pero si se trata sólo este punto, el año que viene están otra vez atados a discutir fondos a través del Programa de Asistencia Financiera", señala un legislador peronista con mucho kilometraje en este terreno.
La segunda cuestión es que el Gobierno pretende además, como contraprestación de los gobernadores, que sus legisladores acompañen la prórroga del impuesto al cheque tal como está.

Este impuesto es considerado el peor ejemplo de distribución entre la Nación y las provincias: apenas el 15 por ciento de lo recaudado llega al conjunto de los distritos. Algunos mandatarios han dado señales de querer discutir los porcentajes de coparticipación, pero hasta el momento no tuvieron respuesta.

No es sólo un juego de tire y afloje. Para la pareja gobernante, se trata de un aspecto central de su método de disciplinamiento político. Lo ha vuelto a padecer Daniel Scioli en los últimos días, con las necesidades de fondos para pagar salarios y con la forzada salida de su ministro de Asuntos Agrarios. Una señal para todos: es parte del mecanismo de presiones que le permitió a Kirchner alinear a muchos, al menos hasta ahora.