El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid indagará el 2 de septiembre próximo al secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, por su presunta responsabilidad en negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez tiene a su cargo la investigación que comenzó en abril de 2008 cuando el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció a Albistur y a un grupo de funcionarios por haber repartido publicidad oficial que favoreció a empresas relacionadas.

Según estableció Garrido, entre 2004 y noviembre de 2007 Albistur entregó alrededor de 13 millones de pesos de pauta oficial a empresas vinculadas con su familia o sus funcionarios. El ex fiscal también denunció que una empresa vinculada a otro funcionario había recibido 7 millones de pesos de pauta.

El artículo 265 del Código Penal señala que reprime e delito de negociaciones incompatibles dice "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Con sólo demostrar que se interesó por favorecer a las empresas de la gente que lo rodea, alcanza para comprobar el delito. No hace falta demostrar que, por ejemplo, el funcionario haya recibido un "retorno" por haber beneficiado a sus allegados.

Los imputados originariamente fueron Albistur, Alejandro Lenzberg (que era subsecretario de Gestión de Medios), Guillermo De Lella (ex Director de Políticas Regionales) y Gustavo Fernández Russo (actual Director General de Comunicación). Pero el juez, el año pasado amplió la imputación a la ex esposa de Albistur y a su hijo Juan Ignacio.

En su denuncia, luego de detallar la operatoria, Garrido señaló "por el momento tampoco pueden descartarse que los hechos descritos, además, constituyan parte de otras maniobras delictivas como las de cohecho, asociación ilícita y/o administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública".

La causa lleva el número 5206 del 2008 y comenzó con la denuncia de Garrido pero luego se le agregó la investigación sobre el modo en que el funcionario ha incrementado sus bienes.

En marzo pasado Aráoz de Lamadrid imputó a Albistur, junto a sus familiares, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Se había acumulado un expediente proveniente de una denuncia que se hizo contra una decena de funcionarios kirchneristas cuyos patrimonios presentaban algunas dudas.