El Gobierno quiere frenar el aumento del 12% anunciado a partir del 1 de septiembre por las empresas prepagas. Y plantea lo mismo para el ajuste adicional de 7% previsto en diciembre.

Así adelantó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: "El tema de las prepagas no ha sido autorizado". Y admitió que le habían pedido a las prepagas que "vuelvan para atrás".

La preocupación oficial es porque esta suba en la cuota de los servicios de salud se sumaría a los recargos en las tarifas de luz y gas, y los aumentos de precios de frutas y verduras que intensificaron el ritmo inflacionario, analizó el diario La Nación.

Se estima que la medicina privada tiene unos 3 millones de beneficiarios, entre el titular y su grupo familiar. De este total, una parte importante -unas 800 mil personas- es afiliada directa o voluntaria. El resto utiliza el servicio a través de una obra social, derivando los aportes de la Seguridad Social. En algunos casos esa gente paga una diferencia si el aporte no alcanza a cubrir el plan.

A pesar de las declaraciones del jefe de Gabinete, el empresario Claudio Bellocopit, de Swiss Medical, le dijo a Clarín que el aumento "no está frenado", ya que se enviaron cartas a los afiliados avisando de la suba y que "las empresas ofrecen planes alternativos para los usuarios o clientes que no quieren pagar la cuota con aumento. Por ejemplo, pasar a un plan con reintegros menores o sin reintegros o con distintos profesionales y centros de atención médica o con el régimen de co-seguro".

Esta alternativa podría ser funcional a las necesidades del Gobierno de mostrar una inflación más baja, dado que se sospecha que el INDEC no contabiliza los aumentos de las prepagas porque opina que la gente opta por utilizar el co-seguro en lugar de aceptar el aumento.

Frente a este panorama ayer un centenar de empresarios de clínicas y sanatorios, agrupados en la Unión Argentina de Salud, se reunieron en el Club Español para analizar el camino a seguir.

Francisco Díaz, titular de ADECRA, que agrupa a clínicas y Sanatorios, comentó que "la Asamblea de Prestadores Privados reclamó que la Superintendencia de Salud y el PAMI les autoricen el aumento de los aranceles y honorarios que le cobran a las prepagas y obras sociales, que permitirá al sector afrontar los mayores costos de la salud y el aumento que reclama el gremio en la paritaria".

Díaz minimizó el impacto del aumento de las prepagas: el millón de beneficiarios voluntarios representan unas 200.000 familias que pueden costear los mayores costos de los planes. El resto, dijo, puede seguir financiando el aumento con el mayor aporte que se deriva del aumento de los salarios. Un plan medio para una persona joven ronda los $ 350 mensuales, y subiría a casi $ 400 si se aplica el aumento en setiembre. La cuota media de un pareja de adultos oscila en 800 pesos y subiría a $ 900.