Casi 8.000 reclusos de 14 cárceles bonaerenses siguen con la huelga de hambre comenzada hace once días por los internos de la UP-9 de La Plata, en reclamo de la aceleración de los trámites judiciales, entre otras reivindicaciones.

Voceros del Servicio Penitencia Bonaerense informaron que esta mañana los presos continuaban con la medida de protesta en la que solicitan, además, la aceleración de las causas penales y la derogación de la ley 12.405 que faculta a los jueces para el dictado de prisiones preventivas en forma automática. Los detenidos también pidieron la creación de una ley procesal de excarcelación acorde a las pautas establecidas por los organismos de derechos humanos.

Las fuentes explicaron que "los reclusos que participan de la huelga, solo ingieren agua o alguna infusión, pero están en perfectas condiciones de salud y son periódicamente revisados por los médicos". Por su parte, la Comisión de la Memoria reclamó atención médica para los detenidos y mayores controles.

Para resguardar la salud de los reclusos, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria presentó un hábeas corpus colectivo ante la Justicia. El amparo fue radicado ante el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Plata con el fin de "garantizar a los presos los medios necesarios para su atención médica y sanitaria básica ya que no se les están asegurando las provisiones".

Según la presentación, "no se realiza un pesaje diario de los detenidos ni se cuenta con la infraestructura médica necesaria como para asistir las descompensaciones físicas que comienzan a producirse en varios internos". Los presos piden que se aplique la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal (que computa como un día de reclusión dos días de prisión preventiva) y que cada día de preventiva sea contado como un día de pena una vez que se dicta la sentencia. Además denuncian casos de presos con condenas cumplidas y que aún están detenidos. La huelga empezó hace 11 días en la Unidad 9 de La Plata y se extendió a Olmos, Florencio Varela, Magdalena y Melchor Romero.

También adhirieron las mujeres recluidas en Los Hornos (en las cárceles 8 y 33, de madres) y en Magdalena. El conflicto afecta a casi el 15 por ciento de la población carcelaria de la Provincia. El ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, se reunió con los ministros de la Suprema Corte bonaerense. Los jueces se comprometieron a acelerar los procesos que fijen criterios sobre la doctrina (como la interpretación del artículo 24 del Código) y, por intermedio de la Secretaría de Control Judicial, a llevar "a cabo verificaciones exhaustivas en aquellos juzgados y tribunales de juicio que exhiben demoras en la fijación de fechas de las audiencias para que se lleven adelante los juicios".