La justicia federal de La Plata investiga distintas denuncias de testigos que participaron del juicio oral contra el represor Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por sus crímenes cometidos durante la dictadura militar.

En rigor, el juzgado de instrucción número 3, a cargo del magistrado Arnaldo Corazza, acaparó los reclamos de los testigos que declararon en contra el ex director de Investigaciones de la policía bonaerense durante la gestión de Ramón Camps en esa fuerza.

Fuentes que intervienen en la investigación informaron que las denuncias están en la etapa de instrucción, entre las que existen anteriores y posteriores a la condena contra Etchecolatz. Por tal razón, se limitaron a indicar que "todas forman parte de la misma operatoria".

El primer caso que llegó a manos del juez Corazza fue la intimidación que recibió María Isabel Chorobik de Mariani, suegra de Diana Teruggi, por cuyo asesinato y el de otras cinco personas se condenó a Etchecolatz.

Mariani, que fue la fundadora de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, recibió dos anónimos en los que se le advertía que si condenaban a Etchecolatz iban a volar la casa en la que vivió y murió su nuera. Esa casa, que está ubicada en la calle 30 1134 de La Plata, fue brutalmente atacada el mediodía del 26 de noviembre de 1976 por las fuerzas militares, y de allí secuestraron a la nieta de Mariani, Clara Anahí, que en ese momento tenía tres meses.

Según relató Alejo Ramos Padilla, abogado de la familia que actuó como querella en el proceso contra el ex director de la policía bonaerense, se hicieron dos denuncias por esas amenazas, que fueron en diferentes momentos del juicio: una después de la declaración de Mariani, antes de la feria judicial de julio, y otra cuando estaba por finalizar el proceso.

"Nosotros cumplimos en informar a la Justicia, y ya teníamos decidido seguir adelante con el juicio; no nos iban a amedrentar", indicó el letrado a LANACION.com. Además, aclaró que Mariani lleva 30 años de reclamar por su nieta, y ya sufrió "millones de amenazas que no lograron ninguna clase de efecto en ella".

Indicó que las personas que declaran en calidad de testigo no tienen la obligación de tener asistencia jurídica, con lo cual, razonó, "la protección se las debe brindar el Estado".

En tanto, Irma Eloy, otras de las testigos que como López fue secuestrada y luego liberada, también radicó una denuncia por haber sido amedrentada. Según indicó a LANACION.com su abogada, Guadalupe Godoy, que también compartió la defensa del testigo clave, a Eloy le dejaron una grabación dos días de la desaparición de López, en la que se escuchaban gritos de una mujer cuando estaba siendo torturada.

Además, Godoy relató que denunciaron ante el juez Corazza otro hecho al que calificó de "confuso", y que ocurrió el domingo último. A una familia (a la que se negó a identificar), de la cual un integrante había declarado en el juicio contra Etchecolatz, la llamaron para hacerle una advertencia por sus hijos, que finalmente resultó inocua.

En tanto, otro de los juicios clave contra militares, y el primero en el que se condenó a un represor tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final -el que se sustanció contra Julio Simón, alias el Turco Julián- también trajo aparejadas amenazas a los querellantes. En este caso, las víctimas optaron por no hacer la denuncia. "Sentía que nos estaban presionando y no lo iba a aceptar", dijo a este medio Fernando Poblete, hermano de José Poblete, secuestrado y torturado por Simón.

El hombre relató que durante la instrucción de la causa recibieron llamadas telefónicas intimidatorias para que abandonen la investigación, pero que el hecho más grave lo vivieron en 2004. "Se metieron en mi casa [vive en Villa Crespo] y dieron vuelta todos los muebles. No robaron nada, y eso nos hizo pensar que era una especie de presión psicológica", concluyó.