La libertad del sacerdote Julio César Grassi, pese a que fue condenado a 15 años de cárcel, y la posibilidad de que concurra a la Fundación Felices los Niños, donde presuntamente cometió los abusos sexuales, sigue generando polémica.

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia ratificó una resolución que recomienda a las autoridades de la institución negar el acceso al cura en el lugar.

La cartera social, a través de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, que regula la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, tiene como norma en casos de denuncias o condenas por abuso de menores solicitar automáticamente al establecimiento involucrado que impida el contacto de los chicos con la persona denunciada, explicó a LA NACION el ministro Daniel Arroyo.

"Y la causa de Grassi no es ajena a esta regla, mucho menos cuando hay una condena de este tipo", indicó el funcionario.

El dictamen proviene de un antecedente que había emitido la Subsecretaría en 2002, que establecía el impedimento de que Grassi ingresara en la sede de la Fundación en Hurlingham.

Una vez que el cura fue condenado, explicó Arroyo, se ratificó la idea para "resguardar la integridad física y psíquica de los cerca de 90 menores que allí residen".

La institución, pese a que actualmente no recibe becas económicas de parte de la cartera social bonaerense, forma parte de un sistema de protección de los derechos de los niños y, por lo tanto, debe acatar la resolución ministerial.

Por otra parte, la Subsecretaría continúa con el plan de reubicación de los menores que viven en esa sede de la Fundación, por el que alrededor de 400 chicos ya tienen nuevo hogar.

"Primero analizamos los casos de niños que tienen familias, a otros los enviamos a distintos hogares y, finalmente, les otorgamos becas a los mayores de 18 años", explicó el ministro.