La crisis de la actividad económica parece estar dejando sus huellas más profundas, una vez más, en las familias que viven en condición social vulnerable y que dependen, en cuanto a sus ingresos, de ocupaciones informales y muchas veces precarias.

Ese hecho -que se traduce en un desempleo más elevado en ese segmento de la economía-, sumado a los efectos de la inflación, revela un escenario social preocupante que los datos difundidos por el Gobierno se empeñan en minimizar, consigna Silvia Stang, en La Nación.

De acuerdo con un relevamiento realizado por SEL Consultores, en el área metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires) hay 4 millones de personas que viven en la pobreza.

De ellas, 1,2 millones son indigentes, es decir que no tienen ingresos siquiera para los alimentos más básicos. Se trata del 31,2% y del 9,7%, respectivamente, del total de habitantes de la región, aunque la realidad es muy diferente según qué parte del mapa se observe: los índices son mucho más elevados en el conurbano (36,8 y 11,8%) que en la Capital (13,9 y 3,1%) y tienden a agravarse cuanto más lejos vaya quedando la General Paz: en el cordón urbano más distante, la pobreza trepa al 49,1% y la indigencia, al 17,2 por ciento.

Esa diferenciación geográfica se da también con la tasa de desocupación, estimada en el 10,5% para toda el área metropolitana -contra el 8,4% informado por el Indec para el primer trimestre de este año-.

El dato de SEL significa que unas 750.000 personas buscan trabajo y no encuentran, bastante más que las 530.000 que estimó el Indec para el primer trimestre del año. Mientras en la Capital el índice es del 8,1%, en el conurbano trepa al 12,3% de la población activa.

La encuesta de SEL sobre "situación ocupacional y pobreza" se realizó en la segunda quincena de mayo en 1000 hogares del área metropolitana. Según dijo a LA NACION Ernesto Kritz, director de SEL, la situación social que muestra el sondeo es comparable a la que existía en 2006.

Luego de ese año, los índices oficiales siguieron mejorando, pero lo cierto es que desde 2007, con la intervención política que decidió el Gobierno para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se destruyó la credibilidad de esas cifras sobre la realidad social.

Basándose en los cuestionados índices de inflación, el organismo informó para el segundo semestre de 2008 una tasa de pobreza del 14,9%, lo que permite calcular que había entonces algo menos de dos millones de pobres en el área metropolitana, la mitad de lo que SEL está estimando ahora.

Diferencias de precios

Las diferencias surgen, principalmente, por la brecha entre lo que el Indec dice que cuestan los productos básicos y los cálculos realizados por las consultoras. Por ejemplo: para el dato oficial, un adulto debe ganar al menos $ 324,19 para no ser pobre, y para SEL la cifra es de $ 484,92.

El nuevo relevamiento privado permite estimar que en los partidos más alejados de la Capital el índice de desocupación se duplica y aún más, en comparación con el estimado para las localidades más cercanas a la ciudad. Así, mientras en el área integrada por San Isidro, Vicente López y la primera sección de La Matanza (entre otras jurisdicciones), la falta de empleo afecta el 7,8% de los activos, en el cordón que entre otros partidos integran Florencio Varela, Moreno, la segunda sección de La Matanza, Tigre y Ezeiza, la tasa llega al 17,8 por ciento.

Según aclaró Kritz, el trabajo definió como desocupado a quien no tiene empleo y realizó búsquedas en los últimos 30 días. Ese es el criterio que desde hace varios años había adoptado el Indec, aunque en el formulario oficial de este año se agregó la pregunta referida a si se buscó trabajo en la semana previa a la encuesta (esta consideración lleva a reducir el número de personas consideradas desocupadas).

Un dato que queda claro en los resultados de la muestra de SEL es la vinculación entre pobreza, informalidad y desempleo. Así, entre los indigentes sólo uno de cada cuatro tiene un trabajo en blanco. Y, mientras en la economía formal la desocupación es del 5,8%, la tasa llega al 21% entre los informales. Ese dato adquiere magnitud cuando se tiene en cuenta que el 38,6% de la población activa se mueve, según la encuesta, en la economía no declarada.

Entre los pobres y también entre los informales, más del 40% respondió que cree muy probable perder su puesto en los próximos seis meses, mientras que, entre la población en general, esa opción fue elegida por el 10 por ciento. Muy vinculado está el hecho de que la gran mayoría -el 88%- de los trabajadores no registrados se siente inseguro económicamente.