Los abogados Mauricio Castro y Patricia Núñez, querellantes que representan a 400 familiares de víctimas de Cromañón, pidieron la pena de 25 años de prisión para Omar Chabán por los delitos de "estrago doloso seguido de muerte" y "cohecho activo", es decir el pago de coimas.

En la segunda jornada de alegatos, esta querella también solicitó 8 años de prisión para el ex subcomisario Carlos Díaz, 6 para la mano derecha de Chabán, Raúl Villarreal, 6 meses para el ex comisario Miguel Belay y 5 años para los ex funcionarios Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y cuatro años para Gustavo Torres.

Esta querella no acusa de la tragedia del 30 de diciembre de 2004 a la banda Callejeros, por lo tanto no solicitó ninguna condena para ellos. Esta decisión era conocida por el resto de los padres desde el inicio del juicio, pero criticaron severamente la escasa pena solicitada por Castro y Núñez Morano para los policías y los funcionarios porteños.

En el caso de Chabán, Castro explicó que encontraba como único atenuante la falta de antecedentes, pero como agravante que la noche del incendio "se retiró del lugar sin prestar ayuda" y la magnitud de víctimas que provocó el hecho.

A Díaz, la querella lo halló responsable de estrago culposo en concurso real con cohecho pasivo (recibir coimas) y a Villareal partícipe necesario de cohecho activo (pagar coimas) en concurso real con estrago doloso, pero como partícipe secundario.

A la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin y a sus subordinados Ana María Fernández y Gustavo Torres, los abogados le endilgaron estrago culposo y pidieron que se los inhabilite por diez años para ejercer cargos públicos.

Para las dos primeras, pidieron cinco años de prisión y para el segundo cuatro.
En tanto, el pedido de pena más leve fue para Belay, seis meses, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Al comenzar su alegato, que se extendió durante más de seis horas, Castro recordó que la noche de la tragedia Chabán permitió el ingreso de al menos 3.000 personas, cuando la habilitación era sólo para 1.031, habló del incendio que había ocurrido en un shopping de Paraguay y dijo que "todos iban a morir, con lo que se representó lo que iba a pasar".

Castro señaló que esa noche "hubo ineficiencia en el cacheo y la seguridad" y que las bengalas entraron al local "en mochilas, banderas y algunas chicas las escondían en el pelo y en la espalda".

Para quitar responsabilidad a Callejeros, el abogado esbozó una suerte de defensa de los músicos al afirmar que "el recital (del 30 de diciembre) se promocionó como 'una fiesta de bengalas' por decisión de Aldana Aprea en la revista 'Llegás a Buenos Aires'". Aprea era la encargada de prensa de la banda y según los músicos, ella armó una gacetilla para enviar a los medios, pero sin su autorización.

Por su parte, la abogada María Marta Marcos sostuvo previamente que "este caso ha marcado un antes y un después de la vida de 193 familias que desde hace cuatro años y medio están esperando que la justicia les permita cerrar este etapa".

Luego, hizo una descripción de los hechos ocurridos esa noche y recordó que luego que se arrojó un elemento de pirotecnia al techo "el humo se apoderó del lugar y se convirtió en una trampa mortal".

Marcos remarcó que en el boliche de las seis "puertas cine" que daban a la salida sólo dos estaban abiertas, los matafuegos vencidos, había elementos combustibles y la salida alternativa tenía candado y alambres. "Señores jueces, ningún sobreviviente salió por esa puerta. Eran un montón de jóvenes apilados unos sobre otros".

La letrada sostuvo que ambos "celebraron un pacto espurio con el subcomisario Díaz, a quien le entregaban sumas de dinero" para evitar controles en el local de Once.