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La Justicia suspendió la intervención en TGN
Un fallo de cámara dijo que, de persistir la medida, produciría un "grave perjuicio" a la Transportadora de Gas del Norte
27 de marzo de 2009
La Justicia suspendió la intervención en Transportadora de Gas del Norte (TGN), dispuesta el 29 de diciembre pasado por el Gobierno, después de que la firma controlada por el grupo Techint entró en cesación de pagos.
En su momento, el argumento de la Casa Rosada fue que el default ponía en riesgo el servicio. Pero la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal emitió el lunes pasado una medida cautelar que cuestiona duramente la intervención, plasmada a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En el texto, la Justicia pone en tela de juicio la razonabilidad de la incursión estatal. Dice que el Enargas debe devolverle los libros contables a la empresa y que la continuidad de la situación podría significarle a TGN un "irreparable grave perjuicio". Afirma, además, que Roberto Pons, el ex economista de la Unión Industrial Argentina (UIA) designado como interventor, debe abandonar sus atribuciones de "coadministrador" y dedicarse sólo a "tareas de fiscalización y control de todos los actos que puedan afectar la normal prestación del servicio público".
El Enargas tiene ahora 10 días para apelar. Según la Cámara, la intervención fue una "grave medida que altera totalmente el funcionamiento del directorio" de TGN, empresa a la que la iniciativa gubernamental podría ocasionarle "un daño jurídico cierto e irreparable".
Los términos de la Justicia son duros. Dice que el Enargas no parece estar "jurídicamente facultado a intervenir una empresa privada prestataria de servicio público de transporte de gas por redes" y que, incluso si así fuere, la decisión "no parece respetar el principio de razonabilidad bajo el cual se encuentran obligadas a actuar las autoridades públicas".
Enojo de la Casa Rosada
El default de TGN fue en su momento una medida que exasperó a la Casa Rosada. Y el segundo tropiezo en dos años de una firma que venía de reestructurar su pasivo en 2006, cuando ofreció a sus acreedores el 20% del capital social. El restante 80% pertenece todavía a Gasinvest (56,35%) y a Blue Ridge Investments (23,53%).
Gasinvest es una sociedad controlada en un 27,2% por Tecpetrol, de Techint, y participada por Inversora SA (22,3%), Total Gas y Electricidad Argentina (ambas suman 20,6%), Petronas (20,6%), Total Gas Andes (6,6%) y Compañía General de Combustibles (5%). Con la medida cautelar, las acciones de la empresa subieron ayer un 5,6 por ciento.
En su momento, todo el Gobierno se encolumnó detrás de la intervención, a la que se le fijó un plazo de 120 días. Desde la Casa Rosada se dijo que la declaración de default -la firma no había pagado un vencimiento por 22,1 millones de dólares- ponía en riesgo el servicio y dispuso así el nombramiento de Pons. La incursión se completó con la designación de varios técnicos del Enargas que se dedicaron a investigar a la empresa. TGN les preparó entonces oficinas a sus nuevos huéspedes.
Por entonces infinitamente más locuaz que hoy, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, había dicho que la medida estaba dirigida a resguardar "la soberanía nacional y a defender el aporte de cada trabajador argentino". Una semana después de la intervención, el Gobierno presentó una denuncia penal contra la compañía en el juzgado federal N° 6. La acusó de haber cometido "graves irregularidades en los libros de actas de la sociedad, que podrían constituir ilícitos de acción pública". Esos mismos libros son los que ahora tendrá que devolver. La medida cautelar tiene fecha del 23 de este mes, pero fue notificada ayer a ambas partes.
TGN la transmitió a la Bolsa en un comunicado. Está firmada por los jueces Néstor H. Buján y Pedro José Jorge Coviello, porque, consigna el texto, el tercer cargo está vacante.
Entre los cuestionamientos hacia el Enargas, le objeta no haber llamado a audiencia pública para resolver el problema. Agrega que la cesación de pagos "no puede prima facie tenerse como una conducta que resulte violatoria de disposición alguna contenida en el marco regulatorio del servicio público". E incluye párrafos contundentes, como el que acusa al ente de haber tomado una medida arbitraria: "El Enargas no ha acreditado siquiera verosímilmente de qué modo la decisión de TGN de postergar el pago de las obligaciones negociables a su vencimiento y de renegociar el pasivo financiero puede afectar la prestación material del servicio a su cargo".
Por el contrario, acusa al Enargas de haberse limitado sólo a "afirmar dogmáticamente que el incumplimiento puede llevarlo a no poder cumplir con el servicio sin molestarse en explicar la razón por la que uno pueda llevar a lo otro, máxime cuando la empresa, por el contrario, fundó esa postergación de pago precisamente en el propósito de mantener la prestación segura y confiable del servicio público ".
En su momento, el argumento de la Casa Rosada fue que el default ponía en riesgo el servicio. Pero la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal emitió el lunes pasado una medida cautelar que cuestiona duramente la intervención, plasmada a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En el texto, la Justicia pone en tela de juicio la razonabilidad de la incursión estatal. Dice que el Enargas debe devolverle los libros contables a la empresa y que la continuidad de la situación podría significarle a TGN un "irreparable grave perjuicio". Afirma, además, que Roberto Pons, el ex economista de la Unión Industrial Argentina (UIA) designado como interventor, debe abandonar sus atribuciones de "coadministrador" y dedicarse sólo a "tareas de fiscalización y control de todos los actos que puedan afectar la normal prestación del servicio público".
El Enargas tiene ahora 10 días para apelar. Según la Cámara, la intervención fue una "grave medida que altera totalmente el funcionamiento del directorio" de TGN, empresa a la que la iniciativa gubernamental podría ocasionarle "un daño jurídico cierto e irreparable".
Los términos de la Justicia son duros. Dice que el Enargas no parece estar "jurídicamente facultado a intervenir una empresa privada prestataria de servicio público de transporte de gas por redes" y que, incluso si así fuere, la decisión "no parece respetar el principio de razonabilidad bajo el cual se encuentran obligadas a actuar las autoridades públicas".
Enojo de la Casa Rosada
El default de TGN fue en su momento una medida que exasperó a la Casa Rosada. Y el segundo tropiezo en dos años de una firma que venía de reestructurar su pasivo en 2006, cuando ofreció a sus acreedores el 20% del capital social. El restante 80% pertenece todavía a Gasinvest (56,35%) y a Blue Ridge Investments (23,53%).
Gasinvest es una sociedad controlada en un 27,2% por Tecpetrol, de Techint, y participada por Inversora SA (22,3%), Total Gas y Electricidad Argentina (ambas suman 20,6%), Petronas (20,6%), Total Gas Andes (6,6%) y Compañía General de Combustibles (5%). Con la medida cautelar, las acciones de la empresa subieron ayer un 5,6 por ciento.
En su momento, todo el Gobierno se encolumnó detrás de la intervención, a la que se le fijó un plazo de 120 días. Desde la Casa Rosada se dijo que la declaración de default -la firma no había pagado un vencimiento por 22,1 millones de dólares- ponía en riesgo el servicio y dispuso así el nombramiento de Pons. La incursión se completó con la designación de varios técnicos del Enargas que se dedicaron a investigar a la empresa. TGN les preparó entonces oficinas a sus nuevos huéspedes.
Por entonces infinitamente más locuaz que hoy, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, había dicho que la medida estaba dirigida a resguardar "la soberanía nacional y a defender el aporte de cada trabajador argentino". Una semana después de la intervención, el Gobierno presentó una denuncia penal contra la compañía en el juzgado federal N° 6. La acusó de haber cometido "graves irregularidades en los libros de actas de la sociedad, que podrían constituir ilícitos de acción pública". Esos mismos libros son los que ahora tendrá que devolver. La medida cautelar tiene fecha del 23 de este mes, pero fue notificada ayer a ambas partes.
TGN la transmitió a la Bolsa en un comunicado. Está firmada por los jueces Néstor H. Buján y Pedro José Jorge Coviello, porque, consigna el texto, el tercer cargo está vacante.
Entre los cuestionamientos hacia el Enargas, le objeta no haber llamado a audiencia pública para resolver el problema. Agrega que la cesación de pagos "no puede prima facie tenerse como una conducta que resulte violatoria de disposición alguna contenida en el marco regulatorio del servicio público". E incluye párrafos contundentes, como el que acusa al ente de haber tomado una medida arbitraria: "El Enargas no ha acreditado siquiera verosímilmente de qué modo la decisión de TGN de postergar el pago de las obligaciones negociables a su vencimiento y de renegociar el pasivo financiero puede afectar la prestación material del servicio a su cargo".
Por el contrario, acusa al Enargas de haberse limitado sólo a "afirmar dogmáticamente que el incumplimiento puede llevarlo a no poder cumplir con el servicio sin molestarse en explicar la razón por la que uno pueda llevar a lo otro, máxime cuando la empresa, por el contrario, fundó esa postergación de pago precisamente en el propósito de mantener la prestación segura y confiable del servicio público ".