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Juicios por mala praxis cuestan $ 450 millones anuales
El dato se conoció en el Congreso Argentino de Salud. Advierten que hay montada una "industria del juicio" detrás de muchas demandas. Proponen cambios
15 de septiembre de 2006
Las demandas judiciales por mala praxis médica le costaron al sistema sanitario unos 3.000 millones de pesos en la última década y las acciones de este tipo aumentaron 57 por ciento en el país en los últimos tres años, con tendencia a convertirse en una "industria del juicio", alertaron hoy especialistas en el marco del IX Congreso Argentino de Salud que se realizó en Puerto Iguazú.
Las acciones judiciales por mala praxis médica se multiplicaron por diez en la última década y son una de las razones que llevaron a la quiebra a numerosas clínicas y obras sociales, el retiro de las aseguradoras del mercado y la disminución de recursos en el sistema de salud.
Así lo advirtió Tomás Sánchez de Bustamante, abogado y directivo de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), entidad organizadora de este encuentro nacional.
Ante esta situación, desde el sector de la salud proponen reformas legales a la normativa que regula las acciones judiciales derivadas de la mala praxis.
Entre esas iniciativa figura "reducir a 2 años el plazo para iniciar las demandas, no permitir el beneficio de litigar sin gastos, ordenar pericias a cargo de cuerpos técnicos oficiales, limitar los montos indemnizatorios y otorgar obligatoriedad al informe técnico científico".
Desde ACAMI manifestaron su preocupación sobre la falta de soluciones, ya que si bien subrayaron que el gobierno "acompaña y entiende el problema", advirtieron que el Poder Legislativo se encuentra "en un estado de inacción, ya que los proyectos que tenían dictamen favorable en comisión perdieron estado parlamentario".
Además, consideraron que se debería crear un marco regulatorio para que también haya límites no sólo en la Justicia nacional, sino también en la de las provincias.
En el marco de la mesa "La Salud y la Justicia", Sánchez de Bustamante dijo que "la judicialidad indebida, que llega con demandas exorbitantes a uno de cada cinco médicos, causa también el deterioro de la relación médico-paciente, promueve el abandono de la práctica profesional y hace habitual la selección de casos".
Dijo que sólo en los hospitales porteños los reclamos ascienden a 79 millones de pesos anuales, con un incremento del 57 por ciento en los últimos tres años, mientras que las demandas contra las obras sociales representan 490 millones de pesos anuales.
"La mitad de los médicos ha pasado por alguna situación de litigiosidad. Además, mientras el 6 por ciento tuvo condena efectiva, el 50 por ciento debe hacerse cargo de las costas aún obteniendo una sentencia favorable", remarcó.
En este panel se indicó que, ante esta situación, "numerosos profesionales optan por prescribir estudios de todo tipo a sus pacientes para evitar posibles juicios posteriores".
Es la práctica denominada "medicina defensiva", que en la Argentina cuesta 22,2 dólares por habitante, ya que se realizan un 79 por ciento de estudios complementarios más de los necesarios, se incrementan un 74 por ciento las derivaciones a otros especialistas, y aumentan el 51 por ciento los procedimientos invasivos y el 41 por ciento la prescripción medicamentos.
Al hablar en este panel, Ricardo Bellagio, gerente de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, demostró la marcada tendencia de crecimiento de acciones judiciales, ya que en 2005 hubo 715 acciones de amparo contra 647 del año anterior, con montos de 5,2 y 4 millones de pesos, respectivamente.
En cuanto a la mala praxis –que genera un costo adicional de 450 millones de pesos anuales al sistema sanitario-- el funcionario informó que existen demandas contra 88 obras sociales, y resaltó que la ginecología y obstetricia encabezan el ranking de juicios.
Según datos de la Asociación de Derecho Médico y de la Salud, la especialidad de Obstetricia concentra el 26 por ciento de los juicios por mala praxis; seguida por cirugía (25), traumatología (14), pediatría (10), clínica médica (9), infectología (8), anestesiología (4) y cirugía plástica (4).
Las acciones judiciales por mala praxis médica se multiplicaron por diez en la última década y son una de las razones que llevaron a la quiebra a numerosas clínicas y obras sociales, el retiro de las aseguradoras del mercado y la disminución de recursos en el sistema de salud.
Así lo advirtió Tomás Sánchez de Bustamante, abogado y directivo de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), entidad organizadora de este encuentro nacional.
Ante esta situación, desde el sector de la salud proponen reformas legales a la normativa que regula las acciones judiciales derivadas de la mala praxis.
Entre esas iniciativa figura "reducir a 2 años el plazo para iniciar las demandas, no permitir el beneficio de litigar sin gastos, ordenar pericias a cargo de cuerpos técnicos oficiales, limitar los montos indemnizatorios y otorgar obligatoriedad al informe técnico científico".
Desde ACAMI manifestaron su preocupación sobre la falta de soluciones, ya que si bien subrayaron que el gobierno "acompaña y entiende el problema", advirtieron que el Poder Legislativo se encuentra "en un estado de inacción, ya que los proyectos que tenían dictamen favorable en comisión perdieron estado parlamentario".
Además, consideraron que se debería crear un marco regulatorio para que también haya límites no sólo en la Justicia nacional, sino también en la de las provincias.
En el marco de la mesa "La Salud y la Justicia", Sánchez de Bustamante dijo que "la judicialidad indebida, que llega con demandas exorbitantes a uno de cada cinco médicos, causa también el deterioro de la relación médico-paciente, promueve el abandono de la práctica profesional y hace habitual la selección de casos".
Dijo que sólo en los hospitales porteños los reclamos ascienden a 79 millones de pesos anuales, con un incremento del 57 por ciento en los últimos tres años, mientras que las demandas contra las obras sociales representan 490 millones de pesos anuales.
"La mitad de los médicos ha pasado por alguna situación de litigiosidad. Además, mientras el 6 por ciento tuvo condena efectiva, el 50 por ciento debe hacerse cargo de las costas aún obteniendo una sentencia favorable", remarcó.
En este panel se indicó que, ante esta situación, "numerosos profesionales optan por prescribir estudios de todo tipo a sus pacientes para evitar posibles juicios posteriores".
Es la práctica denominada "medicina defensiva", que en la Argentina cuesta 22,2 dólares por habitante, ya que se realizan un 79 por ciento de estudios complementarios más de los necesarios, se incrementan un 74 por ciento las derivaciones a otros especialistas, y aumentan el 51 por ciento los procedimientos invasivos y el 41 por ciento la prescripción medicamentos.
Al hablar en este panel, Ricardo Bellagio, gerente de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, demostró la marcada tendencia de crecimiento de acciones judiciales, ya que en 2005 hubo 715 acciones de amparo contra 647 del año anterior, con montos de 5,2 y 4 millones de pesos, respectivamente.
En cuanto a la mala praxis –que genera un costo adicional de 450 millones de pesos anuales al sistema sanitario-- el funcionario informó que existen demandas contra 88 obras sociales, y resaltó que la ginecología y obstetricia encabezan el ranking de juicios.
Según datos de la Asociación de Derecho Médico y de la Salud, la especialidad de Obstetricia concentra el 26 por ciento de los juicios por mala praxis; seguida por cirugía (25), traumatología (14), pediatría (10), clínica médica (9), infectología (8), anestesiología (4) y cirugía plástica (4).