El gobierno francés indemnizará a las víctimas de las pruebas nucleares que realizó durante 30 años en el Pacífico sur y el Sahara, reconociendo por primera vez la relación entre las explosiones y enfermedades sufridas por soldados y civiles.

El ministro de Defensa, Hervé Morin, dijo a la prensa que Francia llevó a cabo las pruebas de la forma más segura posible y que eran necesarios para construir una fuerza nuclear disuasiva creíble y nacer como potencia nuclear, añadió.

"Trece años después del final de las pruebas en el Pacífico es hora de que nuestro país esté en paz consigo mismo, gracias a un sistema de compensación y reparación de los daños que fueron sufridos", dijo en una rueda de prensa.

El gobierno francés destinará unos 10 millones de euros (13,5 millones de dólares) para las compensaciones durante su primer año, anunció Morin. En comparación, el gobierno estadounidense ha aprobado más de 1380 millones de dólares en compensación a las víctimas de sus propias pruebas nucleares desde la aprobación en 1990 de la ley Acta de Protección por Exposición a la Radiación.

Algunos veteranos que trabajaron en las pruebas en Argelia y en los atolones de la Polinesia francesa en el Pacífico han contado que se les ordenó tumbarse y taparse los ojos durante las explosiones.

Contaron, además, que sólo llevaban pantalones cortos y camisetas. A varios se les ordenó conducir o navegar hacia las zonas de los ensayos inmediatamente después de las explosiones, para estudiar el impacto.

Francia llevó a cabo un total de 210 pruebas nucleares, en Argelia entre 1960 y 1966 y en la Polinesia francesa entre 1966 y 1996, lo que afectó a una 150.000 personas, incluyendo civiles y militares.

El veterano del ejército francés Pierre Leroy dijo que él estuvo presente cuando falló una prueba nuclear en el Sahara en 1962.

Francia se negó durante años a reconocer oficialmente que las pruebas atómicas, que terminaron en 1996, están ligadas a las enfermedades que afligen a algunos de los 150.000 empleados civiles y militares que participaron en ellas.

"La carga de la prueba se revertida: las víctimas ya no tendrán que probar que su enfermedad es debida a las pruebas nucleares, sino que será el Estado el que tendrá que demostrar que no lo son", dijo Morin, citando los principios del plan propuesto de compensaciones.

Dijo además que la compensación no dependerá de si las víctimas eran personal civil, militar o residentes en las zonas de las pruebas. Tampoco importará la nacionalidad.

Una comisión médica independiente analizará los reclamos existentes y futuros, incluyendo los referidos a daños "morales o estéticos", explicó Morin.

Los médicos tendrán acceso a todos los archivos sobre las pruebas y su impacto. El personal y los residentes de las zonas próximas a los sitios de los ensayos han pasado años quejándose de problemas de salud como leucemia y otras formas de cáncer.